El sinsentido de Vox que debería preocupar al Ibex

Vox cuenta con una ventaja considerable en esta campaña electoral. Propone tantos disparates jurídicos y económicos en su programa que no está dando tiempo a analizarlos a fondo todos. Normalmente, a los representantes de los partidos se les piden explicaciones de la viabilidad de sus promesas. Con Vox son tantas las propuestas constitucionalmente inviables e incompatibles con las leyes comunitarias que esas polémicas se amontonan eclipsándose unas a otras.

Las propuestas económicas de Vox pondrían en riesgo buena parte del estado de bienestar, pero como también quiere prohibir el aborto y acabar con la Ley de Violencia de Género, el revuelo social que esto último conlleva en buena parte de la opinión pública hace que las incongruencias de su programa económico estén pasando de puntillas por la campaña electoral.

El problema no es que plantee beneficiar a las rentas altas, allá cada partido y sus votantes con las prioridades que se marcan

Vox plantea un programa económico que supondría, según calculaba en este periódico el economista Juan Ramón Rallo, una caída en la recaudación de cerca de 100.000 millones de euros. Su bajada de impuestos está pensada para favorecer sobre todo a las rentas más altas. Plantea solo dos tramos: un tipo del 15% para ingresos de hasta 70.000 euros brutos anuales y del 25% de ahí para arriba (ahora las rentas superiores a 300.000 euros pagan hasta el 54% de IRPF). Es decir, pagarían los mismos impuestos los que cobraran 20.000 que 60.000 y los de 70.000 que quienes ingresen diez veces más.

El problema no es que plantee beneficiar a las rentas altas, allá cada partido y sus votantes con las prioridades que se marcan. El problema es que Vox no se molesta en detallar de dónde ahorraría la caída en la recaudación de su reforma fiscal. Solo hay vaguedades, como la reducción del gasto superfluo o la "supresión de chiringuitos" y la recentralización. Pero la centralización de la economía no implica necesariamente una reducción del gasto público relevante ni una mayor eficiencia en la gestión.

Es más, aunque prosperase la inverosímil reforma del Estado autonómico que propugna Vox y la recuperación de competencias por parte del Estado, con una reforma de la Constitución y los estatutos de autonomía difíciles de imaginar, ni siquiera esto garantizaría la viabilidad de las cuentas que propone ni amortiguaría la inseguridad jurídica a las empresas que eso conlleva.

¿Qué propone Vox que se haga con todos los trabajadores públicos que trabajan en las autonomías? ¿Despedirlos para ahorrar?

Más de dos tercios del presupuesto autonómico se destinan exclusivamente a educación y sanidad. Así que para un ahorro substancial en las autonomías habría que recortar en gasto autonómico que implica necesariamente recortar en servicios públicos básicos o bien aumentar el déficit. La supresión de duplicidades, ministerios y consejerías no son una propuesta sustancial de ahorro, son el chocolate del loro, como explica Carlos Sánchez en este episodio de Pausa. ¿Y qué propone Vox que se haga con todos los trabajadores públicos que trabajan en las autonomías? ¿Despedirlos para ahorrar? No lo especifica, claro.

El agujero de recaudación implícito en el programa es tan inasumible que podría suponer la quiebra para la Seguridad Social y un riesgo añadido para la viabilidad del sistema de pensiones. Sabemos que con la jubilación de la generación del baby boom, los ingresos se hunden y los gastos en pensiones se disparan. Pero no sabemos cómo pretende arreglarlo Vox, porque su programa solo plantea como toda solución estructural a largo plazo el incremento de la natalidad (la inmigración para Vox aparece siempre como problema, no como solución). También pretende asegurar la "sostenibilidad del sistema de pensiones desmontando el sistema autonómico". Terminar con "el despilfarro político" es el comodín con el que suple la falta de un plan económico detallado.

Del mismo modo que Vox promete en su programa expulsar a todos los inmigrantes ilegales sin especificar cómo haría tal cosa ni cuánto costaría, propone bonificar a las empresas que contraten trabajadores españoles en vez de extranjeros, aunque eso vaya contra el derecho comunitario, que impide cualquier discriminación.

El programa de Vox es inviable sin poner en riesgo la relación de España con la UE

De hecho, ni siquiera aunque fuera posible, tal proteccionismo y la discriminación positiva de los españoles en el mercado laboral sería deseable en términos meramente económicos. ¿Qué harían las multinacionales que están asentándose en ciudades como Málaga o Barcelona para atraer desde allí trabajadores de todo el mundo si les penalizaran por contratar talento internacional?

El carácter proteccionista del programa económico de Vox debería empezar a preocupar más a las empresas, como también en su día preocupaba el de Podemos. Por más que Feijóo se haya recorrido despachos del Ibex prometiendo estabilidad si gana las elecciones, crece el temor a la inseguridad jurídica derivada de que pueda llegar al gobierno un partido como Vox que desafíe constantemente las normas europeas (el programa de Vox propugna, como Orbán en Hungría, "la primacía del Derecho nacional" frente al comunitario y "la recuperación de la soberanía de nuestros jueces y tribunales". El programa de Vox es inviable sin poner en riesgo la relación de España con la Unión Europea y, por tanto, simplemente en el corto plazo, la llegada de los fondos Next Generation.

Tener en el Gobierno un partido enfrentado con las políticas económicas de la UE es una fuente de inestabilidad potencial

Del riesgo de inestabilidad económica que podría tener un Gobierno del PP con un partido como Vox que propone tantas cosas inviables e iliberales, que entran en conflicto con el programa europeísta del PP, se está hablando menos porque se da por hecho su inviabilidad. Se da la paradoja que hace que cuanto más escandalosamente inviables sean las propuestas de Vox menos escandalicen porque más remotas resultan. Sin embargo, que sean irrealizables no quiere decir que no sean un foco de inestabilidad potencial y de desgaste internacional.

Tener en el Gobierno un partido enfrentado directamente con las políticas económicas de la Unión Europea es una fuente de inestabilidad potencial para cualquier Gobierno, como lo es también para las empresas que temen cambios en el marco legislativo. La idea de que si es inconstitucional no habría nada que temer o qué más da si no va a poder hacerse porque la UE lo prohíbe sabemos que es engañosa. Si no, no habría por qué temer a los partidos independentistas.