La discusión más incómoda para el PSOE

La discusión que el PSOE no quiere tener, la que más le incomoda, no es sobre si la amnistía es o no constitucional. Tampoco es sobre la necesidad de hablar catalán en el Parlamento Europeo ni por las críticas que le plantean Alfonso Guerra y Felipe González, a los que cada vez está menos claro si les enfada más la posible amnistía o que no les hagan caso. Ni siquiera es sobre cuántas veces ha cambiado de opinión Pedro Sánchez sobre la judicialización del procés ni si ceder ante Puigdemont es o no una traición a sus votantes del 23-J. Todo esto anda asimilándose a marchas forzadas en buena parte de la izquierda a lo sumo como un mal menor ante un gobierno alternativo de PP-Vox.

Hay otra cuestión, sin embargo, que los socialistas prefieren que no se agite mucho porque sería mucho más complicada vendérsela a un electorado de izquierdas. Esta sí que no cuela como desjudicialización de nada, ni como medida de gracia, que es como se está empaquetando la amnistía para obtener el perdón de los votantes socialistas. Mucho más difícil de explicar, mientras la inflación se come los ingresos de los hogares y la subida de tipos acorrala a los hipotecados, son los 450.000 millones de euros que pide Junts para Cataluña.

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La exigencia no es nueva, pero la cifra es cada vez mayor. Los de Carles Puigdemont han hecho ese cálculo sumando un supuesto déficit en infraestructuras y en pensiones. Exigen la condonación de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómica (unos 83.000 millones de euros) y de paso también el traspaso de las competencias para recaudar todos los impuestos desde la Agencia Tributaria de Cataluña. Ya puestos, quieren que se vayan fijando los plazos "para proceder al pago" y exigen además la cesión el 19% de los fondos europeos Next Generation con efectos retroactivos.

Ese diferencial entre los impuestos pagados por los contribuyentes catalanes y la inversión y las transferencias de recursos realizada por el Estado a Cataluña, al margen de lo dudoso de las cuentas en sí, según otros estudios, olvida que quienes pagan impuestos y reciben servicios y prestaciones públicas son los ciudadanos, no los territorios, como explica aquí Javier Jorrín. Y si las comunidades que más recaudan, porque tienen más riqueza, fueran automáticamente las que se quedan con más recursos sin repartirlos, la financiación autonómica serviría únicamente para ampliar la desigualdad entre territorios, no para reducirla.

Esa presunta "deuda histórica del Estado con Cataluña" que exige la derecha independentista catalana es una factura muy cara que tocaría pagar a escote. Y no tiene nada de redistribución de la justicia social, se mire por donde se mire. No va a mejorar la vida de los desfavorecidos ni ayudar a reducir la desigualdad. No se hace en nombre de ninguna paz social.

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Lo que buscan esos 450.000 millones de euros que pide Junts es inclinar la balanza fiscal en favor de un territorio rico, por cuestiones identitarias, en detrimento de la España más pobre. No sabemos aún cómo van a llamar a la amnistía para que no parezca una amnistía, pero a estos 450.000 millones ya los pueden llamar en Junts "cuota de solidaridad" con Cataluña, que en realidad de lo que se trata es de una cuota de insolidaridad de las clases altas y medias-altas catalanas con el resto de los contribuyentes.

Junts desvincula la publicación de esa "deuda histórica" del contexto negociador por la investidura, pero no es casualidad que lo haya presentado en el Parlament en plena negociación por la investidura de Sánchez. No es descartable que se vayan sumando al pliego de condiciones para una investidura. Lo que sigue sin estar claro es en qué cedería el independentismo una vez satisfechas sus exigencias. Atendiendo a lo que dijo Puigdemont, "las condiciones no las pone" quien pide ayuda para la investidura, sino quien la da. Él usaba la metáfora del banco, así que es normal que quiera hacer caja.