No es regeneración, es un refrito

Anda que no decía el presidente Sánchez estar preocupado por los bulos, los pseudomedios y la desinformación. Tanto le preocupaba que casi se le quitaron las ganas de seguir gobernando España (o eso nos dijo en abril) y se retiró cinco días a reflexionar, coincidiendo con la imputación de su esposa. En estos cinco meses ha estado gestando nada menos que un Plan de Acción por la Democracia. Con ese nombre, claro, la expectación era máxima.

Al final, mucho eslogan y poca sustancia. El texto aprobado por el Consejo de Ministros incluye 31 medidas que, entre las que hace años que llevaban en el tintero y las que difícilmente van a poder materializarse, tienen más de refrito que de regeneración. Hay algún avance positivo, como la regulación de los lobis, por ejemplo. Lo que no podemos decir que sea es ninguna novedad, porque ya se incluía en el Plan de Recuperación y Resiliencia. Y tampoco podemos estar seguros de que incluirlo en este nuevo plan vaya a suponer algún cambio práctico. Al fin y al cabo, hace ya tres años que este mismo Gobierno anunció algo así y nunca ha terminado de ponerse en marcha.

Nada que objetar a los cambios en la Ley Orgánica de Régimen Electoral General para establecer la obligación “de celebrar debates electorales” y a que sea obligatorio un debate del estado de la Nación anual. Tal vez sea un recordatorio para sí mismo, porque Sánchez tardó cuatro años desde que llegó a Moncloa en convocar uno. Y, ya puestos a regenerar el debate público, podría el presidente asomarse también a dar entrevistas a medios menos afines que los habituales. De eso su plan por la regeneración no dice nada.

El plan tampoco incluye mejoras sobre la calidad normativa y seguridad jurídica, como la limitación al abuso de los decretos-leyes que hace años que piden muchas organizaciones. En las 31 medidas para la regeneración democrática ni siquiera hay mención a cómo mejorar la separación de poderes y algo tan básico como el compromiso de nombramientos más objetivos. Sí presta atención, sin embargo, a las encuestas electorales.

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Anunciaron un plan que prometía regenerar la democracia y al final lo que tenemos es una obligación de publicar todos los microdatos de las encuestas electorales. Sin duda, los politólogos estarán muy contentos, por fin van a poder hacer sus cálculos a gusto. Aunque estando el CIS como está, mucha credibilidad no tiene. Lo de la regeneración habría sido mejor empezar a aplicársela en casa.

Lo mismo pasa con la reforma de la ley de Publicidad Institucional. La idea es que tanto el Ejecutivo como las comunidades autónomas sean transparentes con los medios que reciben su publicidad institucional. Algo que hasta ahora ni siquiera el Gobierno cumplía. Ni siquiera Moncloa hace público cuánto dinero ingresa a cada medio o grupo de comunicación en concepto de publicidad institucional, ni los criterios que se siguen para este reparto. Y, cuando lo hace, lo hace a su pesar. Como desveló en junio esta investigación de Antonio Villarreal, hizo falta una solicitud a Transparencia en 2022, y muchos recursos, reclamaciones e insistencia, ministerio por ministerio, para que dos años más tarde El Confidencial pudiera detallar el listado de medios que reciben ingresos por publicidad institucional. Con esta nueva norma el Gobierno se obligaría a sí mismo a ser transparente con el dinero público que destina a los medios.

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El plan contempla además el registro de medios de comunicación, que pasará a depender de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. La idea es que sea pública tanto la propiedad de los medios como la inversión que reciben. Esto es lo que se supone ayudará a diferenciar lo que son medios de verdad de eso que el presidente llama pseudomedios. Pero no contempla un consejo realmente independiente de medios que además vigile la publicidad institucional como tienen algunas comunidades y en la CNMC no se conocen especialistas en medios que puedan hacer esa labor.

Luego está la indefinición de muchos otros cambios. Como los relativos a la ley mordaza que Sánchez prometió derogar antes de llegar a Moncloa y que sigue sin concretarse; o los cambios en la ley de secretos oficiales de 1968, cuya reforma lleva décadas empantanada. Lo más concreto que dice el texto es que es necesario “adaptarla y actualizarla”. De los cambios en el Código Penal para abordar una “reforma integral” de los delitos relativos a la libertad de expresión, el plan tampoco incluye detalles claves. ¿Se elimina o cambia el delito de injurias contra la Corona? No se sabe.

El ministro Bolaños respondió con evasivas pero insistiendo mucho en la importancia de gobernar con transparencia. Con tanto eslogan y tan poca sustancia, a quienes de verdad confiaban en que este plan regenerase la democracia, los ha decepcionado por la oportunidad perdida de aprobar algo realmente útil para fortalecer las instituciones. Y a quienes desconfían tanto de Sánchez que temían que su plan amenazara la democracia, lo más parecido a un consuelo es el poco contenido que tiene y lo difícil que va a ser sacarlo adelante sin los apoyos parlamentarios.