El problema de vivienda no es de justicia, sino de la Justicia

Hace muchos, muchos años, en otro tiempo y en otro lugar, una persona dedicada al mundo inmobiliario me susurró al oído al despegar en un avión de Madrid: ‘mira McCoy, todo el suelo que hay. La vivienda no es un problema, la han convertido en un problema’, y me hablaba de esos vídeos que circulan por la red en la que se pone un pastel en una sala llena de niños con el mandato de no tocarlo. Poco a poco, alguno se lanza a comerlo y acaba él o ella pringado y el pastel deformado. ‘Exactamente eso es lo que está pasando, pero… ¿de qué sirve un pastel si nadie puede zamparlo?’

Esa es la pregunta.

Porque suelo hay, todo el que se quiera. Pero el problema es que pocos se atreven a tocarlo. Y eso colapsa la oferta, dispara los precios -sobre todo en las megaurbes y sus ciudades satélites- y dificulta el acceso a una vivienda a una parte sustancial de la población. Evidentemente, la ‘tierra’ no es el único factor limitante. Ayuda poco una regulación restrictiva a los alquileres o el reemplazo de pisos convencionales por turísticos o similares, entre otros factores. Pero, en la génesis del asunto, siempre está la materia prima básica: las parcelas.

¿Y cómo se ha llegado a esta situación? Porque, al menos en teoría, voluntad política de solucionarlo hay. Pues básicamente por algo que afecta de manera transversal a toda la cosa pública, desde las concesiones a cualquier tipo de adjudicación que afecte a un tercero: la judicialización de los procesos administrativos. Algo a lo que ha contribuido, sin duda, una complejidad burocrática en el ámbito de la vivienda que tuvo su origen con Nixon y Reagan en Estados Unidos (como señala Ezra Klein en ‘ Abundancia’) y que fue adoptada con fervor por los de siempre a este lado del Atlántico. Eso y todos los casos de corrupción sobre distintos planes urbanísticos que han enturbiado el ámbito político en los últimos años.

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En efecto: pocas son las decisiones que escapan -por acción de uno, de otro o de un tercero- a la lupa de la Justicia cuando de suelo y casas se trata. No solo en la fase de tramitación, sino también en la de planificación o en la de ejecución, lo que alarga los plazos, dificulta las actuaciones y pone a prueba la paciencia de todos los actores públicos y privados involucrados, amén de condicionar las decisiones de aquellos que ponen su firma y que se las cogen con papel de fumar antes de someterse a una posiblequerella. Ejemplos hay para dar y tomar. Montegancedo en Madrid sería uno de ellos. Por no hablar de Distrito Chamartín Norte, más enfocado en terciario. Es entrar los tribunales, con su colapso, sus plazos y sus instancias, y adiós.

La solución, como siempre, no es sencilla, pero pasa por tres pilares fundamentales: valentía política, simplificación administrativa y diligencia judicial, los tres poderes del Estado a una para resolver lo que es, a día de hoy, EL problema. Saber que nadie pasa a la posteridad por lo que no ha hecho, sino por lo que ha sido capaz de hacer; reconocer que lo mejor es enemigo de lo bueno y que siempre es mejor un mecanismo simplificado que otro farragoso y, en última instancia, inútil; crear juzgados ‘ad hoc’ que puedan despachar en tiempo y forma demandas y reclamaciones, son tres vías que, activadas simultáneamente, pueden ayudar a que la cosa florezca de nuevo.

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Porque pastel hay, mucho, a la puerta de esos colegios que son nuestras ciudades. Solo queda decir a los niños troceémoslo y distribuyámoslo de manera proporcional a las necesidades de cada uno, sin que a nadie se le indigeste ni proteste. Lo mismo es mucho pedir, pero no lo parece. Más teniendo en cuenta que, en un mundo de arribistas públicos, es aquí donde se juegan esas lentejas que a duras penas se ganarían en otro lado. Dicho esto: ¿se atreverán?

Es de cajón, puro sentido común.