Trileros

La confirmación de que Batasuna podrá concurrir a las elecciones vascas a través de una segunda ‘lista blanca’ que habría pasado desapercibida para la escrutadora lupa de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado es un golpe de efecto tan grandioso que, por fuerza, ha de tener truco. Se puede suponer que el entorno de ETA es muy listo y el Gobierno extremadamente torpe, pero que coincidan a la vez ingenio e ineptitud en dosis tan altas sólo puede atribuirse a una maniobra deliberada. Nada ocurre por casualidad en el País Vasco.

El Partido Comunista de las Tierras Vascas, una formación ‘durmiente’ que fue creada hace tres años coincidiendo con la ilegalización de Batasuna, incluye en sus candidaturas a familiares de etarras y de dirigentes abertzales, además de una nutrida representación de cuadros del sindicato LAB. El viernes, ya en campaña, recibió públicamente el testigo de Aukera Guztiak, tras el fallo en su contra del Tribunal Constitucional.

Electoralmente, la fantasmagórica aparición de esta nueva candidatura tendría efectos desastrosos para la coalición PNV-EA, que se preparaba para recibir una bolsa importante de votos del nacionalismo más radical y que, según las encuestas, acariciaba la mayoría absoluta. A la inversa, los partidos constitucionalistas verían aumentar sus expectativas de superar en escaños a los actuales integrantes del Gobierno tripartito. El último elemento sería definitivo: una acción de la Fiscalía ante el Supremo tras las elecciones y antes de la proclamación de candidatos que, de prosperar, podría invalidar los resultados de la formación vinculada a Batasuna. ¿Qué diría entonces Ibarretxe?

Desde luego no ha sido casual que una primera alerta acerca de la presencia del Partido Comunista de las Tierras Vascas entre los contendientes del 17 de abril partiera de los aledaños de Ajuria Enea, como tampoco lo ha sido el silencio que sobre esta lista han mantenido el Gobierno, el PSE y el propio Partido Popular. Basta con conocer mínimamente el tejido social de Euskadi para comprender que en una sociedad tan pequeña y endogámica como la vasca guardar un secreto semejante exige muchas complicidades.

Es posible, en consecuencia, que Batasuna haya tratado de colarse en las elecciones pero resulta improbable que los encargados de impedirlo hayan alcanzado tal nivel de ceguera e ineficacia. Ha de concluirse, por tanto, que existe algún tipo de connivencia con la presencia del PCTV en la campaña electoral. Al término del pasado Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, reconoció que “desde el primer momento” se analizó esta candidatura sin encontrar elementos para impugnarla. El argumento, desde luego, es francamente mejorable.

Cabe la duda de que la maniobra de cerrar los ojos ante el PCTV sea un pacto con la astucia o con la propia Batasuna, a la que el presidente Zapatero ha dirigido demasiados guiños en los últimos meses para conseguir su renuncia expresa a la violencia. La primera opción nos colocaría ante un quiebro a la ley de Partidos, con el que se trataría de complicar la vida a Ibarretxe y, si es posible, desalojarle del poder; la segunda, ante un claro escenario de negociación con ETA. Ambas pueden ser criticables, pero demostrarían, al menos, iniciativa por parte del Gobierno.

Con la organización terrorista infiltrada hasta la médula, sorprendería que sus ardides para colarse en el Parlamento vasco no hayan sido detectados a tiempo. Pero si, contrariamente a lo que aconseja el sentido común, el Ejecutivo hubiera sido burlado, el sonrojo sería insoportable. Es lo único que cabe esperar, porque ya se sabe que en este país sigue sin dimitir nadie.