Trujillo, en el club de la comedia

La ministra de la Vivienda, María Antonia Trujillo, tiene esa cualidad especial de incitar a la sonrisa, cuando no a la carcajada, a quienes la escuchan. Se trata de un raro atributo. Habla la ministra y cunde la chirigota. Su última reflexión sobre los ‘micropisos’ ha devuelto la algazara al patio. Los más risueños apenas sí se han parado a pensar sobre lo que decía. En un país en el que, según datos del INE de 2001, el 73% de la población de 25 años sigue soltera y viviendo con una persona de una generación anterior, generalmente sus padres, no puede faltar el sentido del humor. Tronchémonos pues.

No representa ningún secreto que Trujillo no es Demóstenes pero empieza a ser preocupante que lo que cualquiera hubiera podido explicar en dos minutos le cueste a la ministra tres largos días. ¿Es tan difícil decir que el Ministerio contempla incluir entre la tipología de viviendas protegidas estudios en alquiler de hasta 30 metros cuadrados dirigidos a los jóvenes? A resultas de esa pericia dialéctica suya que consiste en llamar soluciones habitacionales a las viviendas y ‘minipisos’ a los estudios, la ministra ha conseguido que cunda el cachondeo. Una idea que, correctamente expuesta, podía haber logrado cierto consenso social se ha transformado en el mejor chiste del año. Berjusa y las ‘casitas de muñecas’. Enhorabuena ministra, es usted de traca.

Lo que no despierta tanta hilaridad son las cifras. Siempre según las estadísticas oficiales extraídas del censo de 2001, cerca de 2,6 millones de los jóvenes de entre 25 y 34 años seguían viviendo con sus padres, y ello a pesar de que 1,8 millones tenían trabajo. El motivo, el que todo el mundo conoce: la imposibilidad de acceder al mercado inmobiliario, algo que obliga a un 35% de los mayores de 30 años a permanecer en el hogar familiar y que convierte la emancipación en un lujo. ¿Alguien cree que esto es de risa?

Dar solución al problema de la vivienda fue, junto a la retirada de las tropas españolas de Iraq, el principal compromiso electoral del PSOE y es probable que acabe siendo el principal de sus incumplimientos. Las 180.000 viviendas al año de Zapatero empiezan a parecerse a los 800.000 puestos de trabajo de Felipe González. Convertir a Trujillo en un pim-pam- pum de feria es tremendamente divertido pero no arregla nada.

El Gobierno está atrapado en un laberinto borgiano. El presidente decidió resucitar el Ministerio, consciente de que era un cascarón vacío, ya que las comunidades autónomas tienen las competencias y los ayuntamientos, el suelo. El Ejecutivo sólo dispone de buenas palabras, aunque torpemente pronunciadas. El temor a que cualquier iniciativa sobre un sector tan sensible como es el de la construcción gripe el motor de la economía paraliza aún más la toma de decisiones. Nada se ha hecho en un año, salvo liberar unos cuantos miles de metros cuadrados y anunciar una disparatada agencia pública del alquiler, llamada a poner en circulación un millón de pisos vacíos y que ahora se conforma con una cartera de 25.000 y hacer la competencia a Tecnocasa. Habrá que ver qué hacen los socialistas cuando una familia con ocho hijos deje de pagar por falta de recursos. ¿Mandará Trujillo a la fuerza pública para desahuciarles?

Conocido el sesudo análisis del PP sobre las causas de la especulación inmobiliaria –“los pisos están tan caros porque la gente los compra”, dicho sea en palabras del singular Álvarez-Cascos-, la ciudadanía confiaba en que, al menos, el Ministerio de la Vivienda hiciera las veces de un gran laboratorio de ideas, que pusiera en común reflexiones dignas de abrirse paso entre el mar de grúas en el que naufraga el país.

Para ello, lógicamente, es preciso que la ministra haga algo más que viajar a Extremadura y reclamar el único helicóptero de urgencias para aliviarse de una picadura de avispa. Se espera de ella que se reúna mil veces si es preciso con los consejeros autonómicos y con los alcaldes, que les convoque, que les visite, que les pregunte, que les escuche, que les convenza, que les proponga un gran pacto de Estado y que, en definitiva, trabaje con ellos codo con codo.

Todo pasa por mejorar la financiación local, de manera que los municipios dejen de utilizar el suelo público como único instrumento para equilibrar sus menguados presupuestos. Allegar más fondos a las Corporaciones no ha de ser una tarea exclusiva del Estado, sino también de las autonomías, algunas de cuyas competencias –sanitarias, educativas o laborales - son ejercidas por los ayuntamientos sin compensación alguna. Se impone una segunda descentralización, para que los recursos recaigan en quienes acometen el gasto. La transferencia para el que la trabaja.

De un Gobierno socialista cabría esperar también intervenir decididamente en un mercado que ha dado sobradas muestras de haber escapado a las leyes de la oferta y las demanda. Si se ha previsto una agencia de alquileres, ¿qué impide crear una sociedad pública para la construcción de viviendas de protección oficial? A Trujillo no se le ocurre hablar de esto porque a más de uno se le helaría la sonrisa.