Una maldición histórica

Podemos dormir tranquilos. Estados Unidos ha decidido vendernos misiles de crucero Tomahawk, esos artilugios que convirtieron las dos guerras del Golfo en un videojuego. Este país es sorprendente. Nos faltan hidroaviones y seguimos sin tener barcos para recoger vertidos de petróleo, pero dentro de poco podremos acertar desde una fragata a Bin Laden en el culo si decide pasar las vacaciones en Marbella. Se ve que Bush nos tiene confianza aunque no se le ponga al teléfono a Zapatero.

Nos hemos instalado en el contraste perpetuo. Somos los más aptos para organizar unos Juegos Olímpicos, los más audaces en el soterramiento de autovías y los más avanzados en la alta velocidad ferroviaria. Construimos más viviendas que nadie y hacemos los campos de golf más verdes en los más áridos desiertos. En infraestructuras presentes o futuras no hay quien nos tosa. Mientras nos preparamos para esa otra modernidad explosiva, supersónica y teledirigida por satélite que nos ofrece el Pentágono, apagamos los fuegos con ramas y recogemos el chapapote con las manos. Lamentablemente, así es como seguimos siendo.

Han tenido que morir 11 personas en el incendio de Guadalajara para que seamos conscientes de que la ineptitud, un mal endémico de nuestras administraciones, no desapareció con el cambio de Gobierno. Podemos culpar a la persona que encendió la barbacoa o al carnicero que vendió las chuletas, pero es incuestionable que faltaron medios y que hubo descoordinación, que algo no funciona en un modelo autonómico que ha depositado competencias en quien no sabe gestionarlas y pone en peligro con su incapacidad la vida de los ciudadanos.

Preferimos curar a prevenir. Parece una maldición histórica. Un camión cargado de propileno tuvo que abrasar el camping de Los Alfaques para que se regulara el tránsito de mercancías peligrosas; a nadie le importaba la seguridad de los locales públicos hasta que 82 personas murieron en el incendio de la discoteca Alcalá 20 de Madrid; hubo de ceder una presa como la de Tous para que se extremara la vigilancia sobre estas construcciones; una riada tuvo que matar a 87 personas en Biescas para que saltara la alarma sobre la ocupación de las torrenteras. Las últimas muertes servirán para que se prohíba encender fuego en el monte cuando la sequía y el viento lo convierten en un barril de pólvora. Sencillamente surrealista.

Un reciente informe del Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud de CCOO (ISTAS), fechado en junio de este año, repasa las causas estructurales que hacen posible que la mitad de los incendios que cada año se registran en Europa tengan lugar en España, siniestros que han matado a 73 personas en los últimos 14 años, que han ocasionado pérdidas económicas cercanas a los 10.000 millones de euros y que han calcinado más de 1,7 millones de hectáreas de bosque.

El estudio habla de imprevisión, de desconocimiento y de falta de medios. Hace especial hincapié en la tradicional descoordinación en las tareas de extinción y alude a varias razones. En primer lugar, destaca que no todas las comunidades autónomas cuentan con un protocolo de actuación que establezca cómo han de funcionar y organizarse quienes participan en estos trabajos. Es el caso de Castilla-La Mancha, Madrid, Cantabria, Navarra y País Vasco (Álava). La descoordinación es mayor si se ven afectadas superficies forestales de más de un territorio. Ello es debido a que no se ha generalizado el mando único y a que las comunicaciones, con evidentes carencias, no siempre se unifican. La improvisación, la toma de decisiones por parte de personal no cualificado y la competencia insana entre los distintos cuerpos y jerarquías son habituales en este tipo de siniestros.

El Instituto denuncia que es habitual que la formación que se imparte a los miembros de los retenes sea escasa y que, en consecuencia, los riesgos para su vida sean mayores y su eficacia menor. Por si esto fuera poco, se asegura que en Andalucía, Aragón, Cataluña, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia, Valencia y País Vasco (Guipúzcoa y Álava) las brigadas no cuentan con equipos de protección individual homologados y en perfectas condiciones. Tal vez ahora alguien se tome la molestia de comprobar estos hechos y ponerles remedio.

De no haber mediado la circunstancia de que el Gobierno central y la comunidad autónoma están en manos del mismo partido y no han podido entrecruzarse acusaciones de negligencia, a estas alturas la consejera de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha, Rosario Arévalo, seguiría en su puesto y con sus poderes reforzados. En esto de los cortafuegos no hay quien gane a nuestros políticos.

Está muy bien que la vicepresidenta del Gobierno se juegue la cara yendo a la zona afectada, que la ministra de Medio Ambiente haga lo propio y hasta que Zapatero se dé una vuelta por las cenizas y prometa un plan Marshall para los pinares. Pero sería más útil que el Gobierno vigilara cómo se gestionan las transferencias y las rescatara para sí en caso de manifiesta incompetencia.

La chispa de Guadalajara había saltado el jueves a Extremadura y abrasaba el viernes la provincia de Cáceres. Rodríguez Ibarra aprovechaba para pedir que sean las autonomías quienes asuman el mando único en los trabajos de extinción y ejerzan su autoridad sobre los distintos cuerpos policiales. “Prefiero que arda media Extremadura a que muera alguien de un retén”, afirmaba. Lo que no decía Ibarra es que las autobombas forestales extremeñas, sus unidades ligeras, los medios de comunicación y el conjunto de sus instalaciones son obsoletas, inadecuadas o insuficientes, y que sus brigadas están mal equipadas, según el informe del ISTAS antes citado. Hay gente que debería apreciar de una vez por todas las virtudes del silencio.