La España negra

Los episodios de la España más negra terminaban siempre de la misma forma: tratando de hacer desaparecer los cadáveres. Al Nani, que murió sin cantar dónde estaba el oro, le volatilizaron y nada se supo de sus restos por más pantanos que se dragaron; a los tres jóvenes del ‘caso Almería’ los descuartizaron y los quemaron, una vez que sus asesinos confirmaron que no eran etarras sino invitados a una boda. Juan Martínez Galdeano, el agricultor que murió en el cuartel de la Guardia Civil al ir a presentar una denuncia, se ha librado al menos de esta humillación post-mortem.

Lo sucedido en Roquetas de Mar era de la suficiente gravedad como para que el ministro del Interior, José Antonio Alonso, interrumpiera sus vacaciones y acudiera al Congreso de inmediato, en vez de posponer su comparecencia hasta septiembre, como pensó hacer en un principio. La rectificación era obligada ante la alarma de la ciudadanía, a la que habrá que recomendar que, de aquí a que Alonso dé explicaciones públicas, haga sus denuncias por teléfono.

Más allá del hecho en sí, las circunstancias que han rodeado la muerte de este agricultor, del que se dijo que había sufrido un infarto a consecuencia de una crisis nerviosa pero que, en realidad, fue apaleado por varios guardias civiles que le llenaron la cara de hematomas y le rompieron el esternón, confirman que la periódica inclusión de España en la lista de países que tortura a sus detenidos no es un capricho de Amnistía Internacional.

Es cierto que la actuación oficial no ha sido de encubrimiento y que, además de la lógica suspensión en sus funciones del teniente al mando y de los demás guardias, se ha puesto en manos de la Justicia la cinta de una de las cámaras de vídeo del acuartelamiento en la que, presumiblemente, se recoge el momento de la muerte de Juan Martínez. Pero también va siendo hora de que se deje de apelar al argumento del hecho aislado, con el que se pone a salvo el buen nombre de los cuerpos policiales y se mira para otro lado ante evidentes casos de malos tratos y abusos de poder.

El teniente suspendido había sido denunciado en anteriores ocasiones por maltrato a detenidos, aunque ninguna de sus acciones llegó a ser investigada judicialmente. Sería bueno que Alonso explicara cuántos miembros de la Policía y la Guardia Civil han pasado por situaciones similares, cuántos fueron sancionados internamente, cuántos fueron condenados por la Justicia, cuántos reincidieron y cuántos siguen en servicio activo. La fama no se limpia con plumero.

Estos ‘hechos aislados’ son, precisamente, los que causan perplejidad al conjunto de una sociedad a la que se pide que confíe ciegamente en el buen funcionamiento de las instituciones y de los servicios públicos. ¿Acaso no es motivo suficiente para recelar de la seguridad alimentaria que un envasador de pollos pueda, de un ‘salmonelazo’, mandar al hospital a más de 1.000 personas? ¿Es posible mantener la confianza en la Justicia tras comprobar que siendo bailaor y famoso se puede esquivar la cárcel aunque atropelles a una persona conduciendo un coche sin carnet, huyas sin prestarle auxilio y trates de cargar su muerte a un menor?

La vicepresidenta Fernández de la Vega, de gira por Latinoamérica, ha dicho que al Gobierno no le temblara la mano para investigar hasta el final la muerte del infortunado agricultor de Roquetas porque los derechos humanos son un eje fundamental de la política del Ejecutivo. Zapatero ha tenido que intervenir personalmente. Alonso no se deja convencer por cualquiera para interrumpir sus vacaciones.