El gato de las pensiones ya tiene cascabel

A Miguel Ángel Fernández Ordóñez le han puesto a caldo en el PSOE por decir en el Congreso que o se reforma a fondo el sistema de pensiones o nos vamos a la ruina a partir del 2025, o sea pasado mañana. En realidad, Ordóñez se limitó a reiterar el mismo discurso de todos los gobernadores del Banco de España, cargo que no puede ocuparse sin una declaración ante notario en la que se proclame que hay que abaratar el despido, que los salarios siempre son los culpables de la inflación y que las pensiones son insostenibles. El ministro Corbacho, indignadísimo, le reprochó que jugara con la tranquilidad de ocho millones de pensionistas, cuando en realidad es a los activos que esperan jubilarse algún día a quienes ha metido el miedo en el cuerpo.

Al margen de la predisposición natural de los gobernadores a anunciar el colapso del Estado del Bienestar, no habría que tomar a la ligera algunas de las consideraciones de Ordóñez que, según dijo, no constituían una propuesta del Banco de España sino la tesis del consenso de los especialistas. Siendo verdad que las previsiones acerca de la quiebra de la Seguridad Social nunca han acertado, sería estúpido no tener en cuenta lo que es una simple cuestión estadística: si se reduce la natalidad y aumenta la esperanza de vida, el envejecimiento de la población, aún corregido con la llegada de inmigrantes, elevará de forma importante la relación entre los mayores de 65 años y quienes han de pagar sus jubilaciones. Y en la medida en que esta tasa de dependencia se incremente, también lo hará el gasto público en pensiones porque se desbordaría ampliamente la capacidad de ingresos del sistema. La estimación es que en 2050 el gasto podría alcanzar el 18% del PIB, por lo que sería inaplazable tomar medidas drásticas, entre ellas ampliar la edad de jubilación.

De los fallos cometidos en previsiones anteriores sirva como muestra uno de los sesudos trabajos publicado por el servicio de estudios de La Caixa en 1996. Los autores erraron al prever la evolución del número de afiliados a la Seguridad Social, que, según estimaron, sólo llegaría a los 15 millones en el año 2015 para pagar 9,3 millones de pensiones. Pues bien, en marzo de este año, y pese a los descensos de los últimos meses, el número de afiliados se situó en 18,1 millones. Todos los estudios de esa época, elaborados por las principales entidades financieras del país, ofrecían resultados semejantes. Su neutralidad era más que discutible, ya que sus patrocinadores promocionaban simultáneamente unos planes privados de pensiones, de los que ahora parecen haberse olvidado tras la debacle de los mercados bursátiles.

Un estudio semejante ha sido alumbrado el mes pasado por el servicio de estudios del BBVA. Sus conclusiones son para echarse a temblar. De un lado se profetiza que, como mínimo, la tasa de dependencia se duplicará y con ella el gasto, lo que haría entrar al sistema en déficit a partir de la segunda década de este siglo. “Una vez agotado el Fondo de Reserva, la deuda del sistema se dispararía hasta situarse en el 234% del PIB en el escenario base (74% en el optimista y 585% en el pesimista)”, se afirma.

Para evitar esta situación, se propone lo obvio menos aumentar las cotizaciones, que curiosamente se desaconseja. Entre estas medidas está el aumentar hasta 50 años el período de cotización exigido para alcanzar el 100% de la base reguladora de las pensiones, ampliar el período de cálculo incluso a toda la vida laboral y, por supuesto, elevar la edad de jubilación. Según se nos dice, sólo la combinación de estas tres acciones nos salvaría de la catástrofe.

A diferencia de otras cuestiones, no estamos ante un problema ideológico sino matemático. Si estas proyecciones son correctas, corresponde a los partidos y a las organizaciones sociales -sindicatos y empresarios- que integran el Pacto de Toledo adoptar las medidas necesarias para asegurar la sostenibilidad del sistema y explicar a la ciudadanía que la factura por vivir más ha de ser trabajar más o cobrar una pensión más baja.

Reformas similares se han hecho por toda Europa. En 2006 Alemania amplió hasta los 67 años la edad de jubilación, una implantación que será progresiva a razón de un mes por año, y congeló precisamente hasta 2009 año la renta que perciben los pensionistas. Italia, Portugal o Suecia han modificado sus sistemas, ya sea con mecanismos de ajuste de la cuantía de las pensiones a la esperanza de vida o a la evolución demográfica.

Previamente a este debate, que tendría que ser inaplazable si el león es tan fiero como lo pintan, habría que concluir de una vez por todas la separación de las fuentes de financiación. En la actualidad, la Seguridad Social abona sin que le corresponda hacerlo el complemento a mínimos de 2,3 millones de pensiones, lo que, descontada la aportación del Estado, suponen cerca de 3.000 millones de euros anuales que se detraen del sistema y, por extensión, de su fondo de reserva.

Si el drama nos acecha, sería irresponsable reducir las cuotas empresariales a la Seguridad Social como viene pidiendo la patronal, y sería exigible eliminar las exenciones y bonificaciones de determinados contratos de trabajo, así como prohibir por ley las prejubilaciones forzosas. A la Seguridad Social se la favorece regularizando a los inmigrantes, combatiendo la discriminación salarial de las mujeres y favoreciendo la natalidad, de forma que no sea incompatible con la incorporación de la mujer al trabajo.

A partir de ahí se podrá estimar si es imprescindible elevar la edad de jubilación en un país, no hay que olvidarlo, cuyos empresarios creen que un trabajador está acabado a los 50 años y hay que mandarle a su casa a hacer calceta para sustituirlo por otro más joven, más dócil y, sobre todo, más barato. Eso sí, el coste político de la reforma habría que repartirlo a escote. ¿Estamos de acuerdo?