La imprescindible subida de impuestos

Nunca se ha podido saber si Jordi Sevilla, jubilado de la política desde esta semana, llegó o no a darle alguna clase de economía a Zapatero, pero lo que es seguro es que, si lo hizo, debió dejar para más adelante las lecciones sobre los impuestos y el modelo tributario. El presidente ha debido de renunciar, incluso, a hacer un cursillo del INEM, lo que, al menos, le hubiera evitado frases del estilo “bajar impuestos es de izquierdas” que aún sigue purgando por su mala cabeza. A estas alturas, tras más de cinco años en el poder, el análisis de las decisiones fiscales tomadas por Zapatero sólo dejan abiertas dos posibilidades: o estamos ante el plan de un genio incomprendido o hemos asistido a un continuo e improvisado disparate. En caso de duda, elíjase la segunda opción.

Quizás todo proceda de la obsesión que ya en la oposición tenía el líder del PSOE por encontrar un antídoto efectivo contra el milagro económico del PP, que había demostrado que era posible recortar impuestos y aumentar la actividad y, con ella, los ingresos del Estado. En esa búsqueda surgió la peregrina idea del tipo único del IRPF, apadrinada, por cierto, por Jordi Sevilla, que eliminaba de un plumazo cualquier atisbo de progresividad fiscal. La propuesta, muy aplaudida por los liberales más conspicuos, permitió a Rodrigo Rato carcajearse del nuevo izquierdismo del PSOE y fue, finalmente, con la inestimable ayuda de Solbes, arrumbada en un cajón a la llegada a la Moncloa.

De aquellos polvos, no obstante, nació la primera reforma del IRPF, con la que Zapatero trataba de demostrar que los socialistas también eran capaces de bajar los impuestos. Fue en 2006 y recibió el apoyo de CiU. Consistió en una reducción del tipo máximo del 45 a 43% para regocijo de las rentas más altas, la eliminación de uno de los tramos del impuesto, que quedaron reducidos a cuatro y con ello mermada parte de su progresividad, y la ampliación hasta 9.000 euros del mínimo exento. Se trataba de una reforma completamente innecesaria, porque el consumo iba como un tiro y poner más dinero en circulación sólo podía contribuir a recalentar la economía y generar más inflación, tal y como acabó sucediendo. De igual forma, se retocó a la baja el impuesto de Sociedades.

Lo peor vendría después. La nefasta coincidencia de las primeras estribaciones de la crisis -a la que entonces se llamaba desaceleración- con las elecciones generales de 2008 provocó una rocambolesca puja entre el PSOE y el PP para ver quién era capaz de ofertar la mayor rebaja de impuestos. Los populares llegaron a proponer una reforma que hubiera costado a las arcas públicas cerca de 20.000 millones de euros. Zapatero contraprogramó y encargó a Miguel Sebastián que alumbrara una idea para distribuir 5.000 millones entre los contribuyentes. Surgió así la devolución lineal de los 400 euros, que de justicia redistributiva tenía tanto como la ayuda directa de 2.500 euros por nacimiento, ya se tratara del hijo de Agamenón o el de su porquero, pero que se suponía de gran tirón electoral.

Sin tiempo apenas para reflexionar sobre el dislate, Zapatero cumplió con su promesa de eliminar el impuesto sobre el Patrimonio, un instrumento más censal que recaudatorio, con lo que, en un nuevo giro a la izquierda, se detrajeron otros 2.000 millones de euros para alivio de las clases más favorecidas.

En vez de ufanarse en recortar ingresos de manera absurda, de un Gobierno, ya sea de izquierdas o de derechas, cabe esperar alguna idea clara sobre lo que significan los impuestos, que no se crearon para arrancar un puñado de votos en unas elecciones sino para redistribuir la riqueza y corregir desigualdades, haciendo pagar más a los que más tienen de manera que se alleguen recursos bastantes con los que asistir a los más desfavorecidos, y para orientar la actividad económica, favoreciendo a los distintos sectores en función de su aportación a la riqueza colectiva.

Los impuestos, desde luego, tienen ideología. Pero, ante todo, exigen equidad. ¿Qué ha de pensar un ciudadano tras escuchar a la vicepresidenta económica, Elena Salgado, afirmar que las Sicav de las grandes fortunas han de tener un trato fiscal de favor porque en caso contrario se corre el peligro de que coloquen su dinero en otros países? ¿Es de izquierdas permitir que estas sociedades de inversión queden fuera de la inspección de Hacienda -por ley están controladas por la CNMV- o que abiertamente se admita el fraude desde su propia constitución, para la que se requiere el concurso de inversores ficticios, es decir, testaferros, facilitados por los propios bancos? Y sobre todo, ¿alguien puede asegurar que el capital de estas sociedades se invierte en España y no en cualquier otro país? Tal vez sea propio de esta moderna izquierda consentir estos desafueros, pero el sentido común dicta que si una ley permite que un grupo de privilegiados eludan sus obligaciones tributarias habrá que cambiar la norma, y si existe el fraude habrá que perseguirlo por todos los medios.

La situación actual, con un déficit público que amenaza con superar el 10% del PIB a final de año, requiere austeridad en el gasto corriente y una rectificación profunda de las decisiones tomadas en materia fiscal, más allá de retoques estéticos en la tributación de las rentas del capital, cuya trascendencia recaudatoria es, por otro lado, bastante escasa. La discusión no ha de centrarse en subir impuestos o bajarlos, sino en qué impuestos han de aumentarse para sostener los ingentes recursos dedicados al desempleo y a la reactivación económica. En medio de una crisis como la actual, disminuir la carga tributaria como propone el PP sería poco menos que un suicidio porque, como se ha demostrado con deducciones como la de los famosos 400 euros, estas medidas alimentan el ahorro pero no el consumo, que es lo que el país necesita. Este mismo argumento serviría para desaconsejar un aumento del IVA.

Pudiera ser ésta la oportunidad de acometer una revisión global del modelo tributario, porque conceptualmente es insostenible que las rentas del salario, que sólo representan la mitad de la renta nacional, sufraguen el 90% del gasto público o que la inmensa mayoría del empresariado patrio declare ingresos de mileurista. No caerá esa breva. En cualquier caso, las primeras medidas son obligadas: eliminar la deducción de los 400 euros y recuperar algo parecido al impuesto sobre el patrimonio. Como ello no será suficiente, y en contra de lo ya prometido por Zapatero, debería considerarse la posibilidad de establecer un nuevo tramo del IRPF con un tipo máximo del 50%, que es precisamente lo que acaba de hacer Gordon Brown en Gran Bretaña para rentas superiores a los 170.000 euros anuales.

Subir los impuestos permitirá afrontar en mejores condiciones el déficit y no nos alejará de Europa, habida cuenta de que la presión fiscal en España está 3,3 puntos por debajo de la media de los países de la Eurozona, según los últimos datos de Eurostat. Lo que es imprescindible es que el Gobierno tenga un plan y que la vicepresidenta Salgado sea capaz de explicarlo y no desaparezca del mapa en medio del debate, dejando a Blanco que le haga las libranzas. Eso, o que Zapatero haga finalmente el cursillo del INEM.