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La ‘enmienda Florentino’: el conseguidor no se rinde

En plena batalla por el poder en dos de las grandes multinacionales del país, Repsol e Ibedrdrola, ha irrumpido el PSOE presentando al límite del plazo

En plena batalla por el poder en dos de las grandes multinacionales del país, Repsol e Ibedrdrola, ha irrumpido el PSOE presentando al límite del plazo legal una enmienda a la Ley de Sociedades Anónimas por la que se eliminarán las restricciones estatutarias al ejercicio de los derechos de voto. Lejos de ser neutral, la maniobra favorece a dos constructoras urgidas de pasta, Sacyr, propietaria del 20% de la petrolera, y ACS, titular del 12,6% de la eléctrica y sin presencia en su consejo, que tenían limitados al 10% sus derechos en ambas compañías.

“Está en el programa del partido”, me dice el portavoz socialista de Presupuestos en el Congreso, Francisco Fernández Marugán, sin añadir más detalles. “Nadie quiere una crisis de constructoras e inmobiliarias de este tamaño porque afectan a todo el sistema. Y se piensa que hay que apoyarlas para evitarlo. ¿Cómo? A lo mejor dejando que metan la mano en la caja”, explica privadamente un alto ejecutivo del sector de la energía. Elijan la explicación que más les convenza.

Según algunas versiones, el negociador de esta propuesta habría sido el presidente de la patronal de la construcción y ex director de la Oficina Económica de Zapatero, David Taguas, quien habría acordado la medida con su jefe en Moncloa y ministro de Industria, Miguel Sebastián, al que se supone especialmente inclinado por Sacyr y su presidente Luis del Rivero desde que trató de colarle por la puerta de atrás en el BBVA, con los resultados por todos conocidos.

Pero si hubiera que apostar, y siendo Florentino Pérez uno de los beneficiarios, nadie que le conozca le restaría protagonismo en la maniobra. El de ACS debe llevar meses trabajándose a vicepresidentas, ministros y bedeles para que le busquen una salida a su laberinto de Iberdrola, donde ha enterrado cerca de 4.400 millones de euros y acumula fuertes minusvalías. Estamos, sin duda, ante la enmienda Florentino, cuyo debate, por cierto, ha sido retrasado por la oposición parlamentaria, que últimamente no se deja meter goles por la escuadra fácilmente.

En abstracto, eliminar las restricciones de voto tiene bastante sentido, ya que parece lógico que quien ostenta un porcentaje del capital pueda ejercer todos los derechos políticos de su participación. Pero la cosa no está tan clara cuando se trata de empresas estratégicas a las que la prudencia aconseja proteger de accionistas indeseados o, incluso, de empresas familiares, que nunca darían el paso de lanzarse al mercado a buscar financiación si existe el riesgo evidente de que sus gestores san desplazados a la primera de cambio. Tampoco parece que favorezca al interés de los minoritarios que un grupo tome un paquete de control a un precio elevado y se evite el coste de lanzar un OPA sobre toda la compañía, algo, por cierto, en lo que Pérez lleva tiempo especializado.

Acerca de este asunto no hay una posición uniforme en la UE, y de hecho, después de un largo debate la Comisión Europea decidió que fuera cada país quien decidiera la regulación más conveniente. De hecho, sólo Alemania e Italia han levantado estas restricciones. En el primer caso, porque sus empresas estratégicas son de un tamaño enorme y el Estado posee derecho de veto; y en el segundo porque las posibles afectadas son compañías públicas. No deja de ser cierto también que los blindajes pueden servir para perpetuar a los gestores, que suelen ser gente muy preocupada por su jubilación. ¿Es normal, por ejemplo, que Ignacio Sánchez Galán se asegure en Iberdrola el cobro de cinco anualidades si por causas ajenas a su voluntad tuviera que cesar como consejero?

La situación de la petrolera y la eléctrica

Las situaciones en Repsol e Iberdrola no son idénticas. En la petrolera, Sacyr desató una campaña contra su presidente, Antonio Brufau, tras constatar que pretendía rebajar el dividendo ante la reducción del beneficio en un 40% por la caída en la cotización del crudo. A Del Rivero, que anda tieso, no le convenció el argumento de que una petrolera no puede disminuir su nivel de inversiones para satisfacer a sus propietarios, y trató de moverle la silla a Brufau, que ha ganado la primera batalla aunque puede terminar perdiendo la guerra y que, quizás por eso, de vez en cuando repite aquello de “si me tengo que ir, me voy”.

A diferencia de ACS en Iberdrola, Sacyr está representado en el Consejo de Repsol por un vicepresidente y dos consejeros, quienes en este órgano nunca se han mostrado discrepantes con la estrategia de Brufau ni han votado en contra, entre otra cosas porque en los consejos de Repsol no es costumbre que se plantee someter nada a votación. Del Rivero compró las repsoles a 25 euros y ayer los títulos cotizaban en torno a 16,5 euros. Cuando desembarcó en el capital, la compañía repartía dividendos de 60 céntimos, frente los 1,05 euros del año pasado. La deuda de la petrolera es mínima, de apenas 4.000 millones, y podría enjugarse en un solo año renunciando a las inversiones. “Las petroleras son prudentes y apenas tienen deuda porque no saben a cuánto estará el barril y tienen que estar seguras de poder pagar a sus proveedores. El que compra acciones de este negocio no debería tener deuda”, asegura un ejecutivo del sector. A Del Rivero nadie le dio este consejo.

Eliminar las restricciones del voto no tendría por qué suponer mayores cambios en la compañía que el de aumentar el peso de Sacyr en la junta general, siempre y cuando los otros dos accionistas de referencia, La Caixa y Pemex, mantengan como hasta ahora su apoyo a Brufau. Ocurre, sin embargo, que La Caixa no ha explicitado claramente el respaldo al presidente en las últimas escaramuzas, y que se han producido algunas deserciones en el entorno de Brufau, como la de Jaume Giró, un hombre que siempre estuvo a su lado y que ha retornado a La Caixa a toda pastilla. Con el agua al cuello, Del Rivero ha pasado de tratar de colocar su 20% al mejor postor, ya fuera ruso o yemení, a intentar tomar las riendas de Repsol. Si se le da campo libre, desguazará la petrolera. Eso es seguro.

En Iberdrola, por el contrario, a Florentino le vieron venir de lejos y se prepararon para frenarle. Quiso entrar como elefante en cacharrería con la caja de Unión Fenosa y la ayuda de EDF, pero fracaso en su tentativa. Y aunque “no sea nada personal”, como sostiene Sánchez Galán, su 12% no ha sido correspondido con presencia en el Consejo, lo que le imposibilita además consolidar su participación en las cuentas de ACS.

El conseguidor afronta en la constructora una deuda de más de 9.000 millones de euros, de los que casi la mitad corresponden a la inversión en Iberdrola, donde debe de ir palmando por la caída de los títulos algo más de 1.500 millones de euros. Las acciones de la eléctrica están pignoradas por los bancos prestamistas, que se hallan además en un gran lío porque si el galáctico dejara de pagar el crédito tendrían que ejecutar la garantía y afrontar la correspondiente pérdida.

Sánchez Galán cuenta con el apoyo de BBK (6,8%), que rechazó el intento de Pérez de sindicar sus participaciones, y se ha cargado de argumentos para negar la entrada de ACS en el consejo, entre ellos la competencia que algunas filiales de la constructora representan para la eléctrica en sectores como las energías renovables o la ingeniería. Como muestra, este mismo mes ACS se hacía con un contrato para repotenciar una termoléctrica mexicana por 981 millones de dólares por el que también pugnaba Iberdrola Ingeniería. “¿Que si peligra Sánchez Galán? Sólo con una OPA, pero para eso alguien tendría que poner sobre la mesa 70.000 millones y los tiempos no están para alegrías”, aseguraba un responsable de la eléctrica. A Florentino le queda buscar un aliado, algo que le será mucho más fácil sin la restricción al 10% de los derechos de voto.

Como puede apreciarse, la enmienda del PSOE puede tener graves consecuencias sobre dos empresas de indudable interés geopolítico para los intereses nacionales. Hay, sin embargo, quien culpa de todo a la banca: “La responsabilidad de lo que pueda pasar es suya, por que lo financió todo. No se pueden prestar 6.000 millones de euros a tres o cuatro años cuando se sabe que no se van a poder devolver. La banca ha sido poco leal con este país”, sostiene un importante responsable del sector energético. En esas estamos.

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