¿Se puede acusar sin pruebas a Chávez de colaborar con ETA? Por lo visto, sí

Hugo Chávez es un histrión con maneras de caudillo, pero eso no es justificación bastante para acusarle sin pruebas de la muerte de Manolete, especialmente si quien lo hace es un magistrado de la Audiencia Nacional, a quien se supone consciente de las implicaciones de involucrar a un gobernante en un delito de colaboración con banda armada. Esto es lo que vino a hacer en dos líneas el juez Eloy Velasco en su auto de procesamiento de seis presuntos miembros de ETA y siete de las FARC al afirmar lo siguiente: “obran diligencias en este procedimiento que ponen de manifiesto la cooperación gubernamental venezolana en la ilícita colaboración [entre ambos grupos terroristas]”. Más de dos semanas después de hacerse público el auto se desconocen los datos que avalarían tal afirmación. 

La presencia de etarras en Latinoamérica se remonta a hace casi 30 años, cuando, con las estadísticas de sus crímenes en la mano, Felipe González convenció a Mitterrand de que era imprescindible la implicación de Francia en la lucha contra ETA, algo que se consiguió sólo en parte. Los franceses se negaron a entregar a España a los terroristas pero, al menos, aceptaron su deportación a terceros países. Se desplegó a partir de ahí una intensa labor diplomática para albergar a los expulsados y, entre otros, se llegaron a acuerdos con Panamá, México y con la Venezuela de Carlos Andrés Pérez. Allí vive desde 1989 el etarra Arturo Cubillas, deportado tras fracasar las negociaciones de Argel, al que el magistrado considera el coordinador de las relaciones entre ETA y las FARC y el organizador de cursos de adiestramiento militar en la selva colombiana a activistas vascos.

En definitiva, diez años antes de que Chávez llegara al poder, Cubillas ya vivía en Venezuela, donde residen casi un centenar de personas vinculadas de una manera u otra con la banda. ¿Ha protegido Chávez a este colectivo? Pues no más que lo que lo hicieron sus antecesores, entre ellos el democristiano Rafael Caldera presidente desde 1994 a 1999 de la entonces indiscutida democracia venezolana. Observen si no el titular del reportaje publicado en el diario ABC del 8 de abril de 1996, el primero de una serie, firmado por su enviado especial Jesús María Zuloaga: “Decenas de etarras, imputados en graves delitos, viven a cara descubierta en su santuario venezolano”. El artículo ofrecía nombres, direcciones y actividades de los deportados, y era continuación de otro trabajo realizado dos años antes: “Tal y como denunció ABC en agosto de 1994, los terroristas gozan de todo tipo de libertades”, remarcaba.

Entre los mencionados, varios de ellos con empresas en el sector de la pesca o de la restauración, se encontraba precisamente el hoy reclamado Arturo Cubillas Fontán, integrante del comando Oker de ETA, y que ya regentaba un restaurante al que bautizó con el nombre de su comando. Según se explicaba, se había casado con la periodista de origen vasco Goiceder Odriozola, de la que el juez Velasco asegura que ha ostentado cargos públicos desde que Chávez accedió a la presidencia, como el de directora de relaciones institucionales del Ministerio para el Deporte. Odriazola, sin embargo, debía de tener alguna influencia ya entonces porque el enviado de ABC daba cuenta de cómo la Policía venezolana había detenido a Cubillas en 1995 por incumplir el trámite de presentarse mensualmente ante las autoridades y no pudo hacer lo mismo con su esposa porque tres congresistas acudieron a su domicilio y lo impidieron. Volviendo a Cubillas, se explicaba que se había convertido en el “gallito de la comunidad etarra”.

Queda pues aclarado que los etarras han vivido en Venezuela como los reyes del mambo, o casi, y que Cubillas era su referente desde mucho antes de que Chávez llegara al palacio de Miraflores. Las relaciones entre ETA y las FARC son también anteriores a su ascenso al poder, tal y como da cuenta el propio Eloy Velasco en su auto:  “Ya en 1993 se intervino a los dirigentes de ETA, Carlos Almorza Arrieta (Pedrito de Andoaín) y José María Dorronsoro Malaxechevarría documentación informática titulada “Mariottik 93 otsaila” en la que figura una carta de febrero del 1993 en la que se detallaba la reunión que el etarra residente en Cuba Jokin Goristide Artola, alias Haritza (ya fallecido) como miembro de la comisión de deportados de ETA mantuvo con un comandante de las FARC, tildada de contacto muy interesante… siendo la disposición de ellos total, estaban muy contentos del trabajo conjunto de otras ocasiones, de la aportación de otros compañeros nuestros y ellos se mostraban dispuestos a este tema (DP 536/93 y DP 497/94 del JCI 1 N) y otra de marzo del mismo año en que Gorostidi narraba otra segunda reunión con las FARC mantenida ese mismo mes”.

A partir de todo lo anterior, ¿es lógico atribuir a Chávez un comportamiento de especial complacencia con ETA? Uno de sus asesores españoles asegura que no, aunque reconoce que persiste en torno a los etarras una aureola romántica que les permite presentarse como los herederos de los viejos combatientes republicanos, una imagen que las autoridades españolas no han sabido combatir. “En más de un acto público de Chávez, se ha obligado a retirar símbolos a favor de los presos de ETA”, afirma. Lo cierto es que algunas organizaciones como Askapena, una ONG que ha actuado de altavoz internacional de la causa independentista y que algunos incluyen en el entramado de ETA, tiene una presencia activa en Venezuela, incluso en los medios de comunicación. ¿Defensa? Pues que Askapena no sólo es legal en Venezuela sino también en España, y que sus actividades se extienden a otros países, tal es caso de Irlanda.

Salvo por alguna decisión del Tribunal Supremo venezolano, contrario a la extradición de algunos etarras, como en el caso de Iñaki Etxebarría, cuyos delitos se consideraron prescritos, Venezuela ha venido colaborando con la Justicia española.  En 2002, por ejemplo, fueron entregados los etarras Sebastián Etxaniz, condenado por tres asesinatos a 95 años de prisión, y Juan Víctor Galarza, que pasó tres años a la sombra. A resultas de aquellas deportaciones, de dudosa legalidad, las autoridades venezolanas se comprometieron a indemnizar a ambos etarras para evitar un pronunciamiento desfavorable de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.  Pero ni esa compensación ni la promesa de nacionalizar a otros cuatro miembros de ETA -Eugenio Barrutiabengoa, Lorenzo Ayestarán, Jesús Ricardo Urteaga y Miguel Ángel Aldana- se llevaron a término, al prevalecer la postura contraria del Gobierno español.

Respecto a las FARC, la situación es bien distinta. El propio Chávez ha reconocido haber recibido en secreto por indicación del ex presidente colombiano Andrés Pastrana a su fallecido segundo jefe, Raúl Reyes, de cuyos supuestos correos electrónicos se nutre la causa del juez Eloy Velasco. Curiosamente, el propio magistrado también recibió a Reyes en Valencia, pero no en secreto sino con la bandera colombiana de fondo, en su etapa como alto funcionario del gobierno de Zaplana.

Al margen de su declarado “amor a Colombia” y la manera personal con la que Chávez dice buscar la paz para los colombianos, las FARC juegan para Venezuela un papel importante en el control de fronteras entre ambos países, como reconocía el asesor español antes citado. “Son habituales las incursiones de paramilitares de Colombia y las FARC las enfrentan”, explicaba, mientras relataba el caso de un grupo de paramilitares colombianos que se habían establecido en suelo venezolano para extraer ilegalmente coltán, un mineral más valioso que el oro del que depende la industria de los móviles y los nanoconductores, y a los que hubo que expulsar a tiro limpio. El Estado en Venezuela es débil, incapaz de controlar por completo su territorio, y la presencia en la frontera de las FARC no sólo es consentida sino también amparada.

La colaboración antiterrorista es posible y necesaria, como lo es el mantener un clima diplomático exento de tensiones innecesarias. Puede no gustar, pero no deja de ser cierta la afirmación de Chávez de que España tendría más que perder en caso de conflicto. Los intereses económicos de empresas españolas en Venezuela son cuantiosos. Un ejecutivo de primer nivel de Repsol explicaba que “con Chávez no podemos tener mejor relación”, y aludía al proyecto que la petrolera desarrolla en la franja del Orinoco, en el que se espera sacar un rendimiento de 15 dólares por barril. “Para que te hagas una idea de lo que representa, Exxon está sacando un dólar por barril en Iraq”, señalaba.

Ahora bien, ¿extraditará Venezuela a Cubillas? Pues posiblemente, no, con independencia de que ocupe un cargo menor en el Ministerio de Agricultura local. Y ello porque lo prohíbe la Constitución venezolana, que consagra en su artículo 69, como antes hacía el artículo 6 del Código Penal, la no entrega de nacionales, y Cubillas, aunque naturalizado, lo es. Sólo en el supuesto de que los delitos que se le atribuyan sean anteriores a su nacionalización como venezolano sería posible la entrega; en caso contrario, “debería ser enjuiciado en Venezuela, a solicitud de la parte agraviada o del Ministerio Público, si el delito que se le imputa mereciera pena por la ley venezolana”.  Que un país tenga sus propias leyes y las aplique no debería escandalizar a nadie.

A Venezuela se le pidió el favor de acoger etarras y lo hizo. Treinta años después varios de ellos rehicieron sus vidas, otros siguieron vinculados a la banda y algunos activistas  más se refugiaron por su cuenta en el país. Tienen, por lo tanto, un estatus distinto. A Chávez se le puede exigir que colabore con la Justicia española, pero nadie lleva bien que le acusen sin pruebas de complicidad con los terroristas. En ocasiones, el tacto es un sentido muy necesario.