La víctima del Estatut no es España sino el Constitucional

Salvo en Cataluña, donde los políticos y la prensa se lo toman como algo personal, el Estatut ha dejado de ser noticia, o mejor dicho, ha dejado de ser una noticia dramática. Se trata de una actitud muy humana porque cuatro años es demasiado tiempo para cualquier cosa, incluso para esperar a que unos dignísimos señores tengan a bien ponerse de acuerdo para emitir un veredicto. El Estatut importaba mucho a los partidos y poco a los catalanes, que no se dieron de codazos para ir a votarlo y que, en líneas generales, conservan inalterable parte de una indiferencia que se ha instalado confortablemente en el resto del país.

En estos cuatro años los magistrados del Constitucional se han labrado un merecidísimo desprestigio, pero su demora ha abierto la puerta a un relativismo muy beneficioso. La interminable espera ha permitido comprobar que el león no era tan fiero como lo pintaban y que los augurios sobre la ruptura de España eran como las profecías sobre el fin del mundo, una tabarra persistente que deben de inventarse las editoriales para vender libros de Nostradamus.

El tiempo ha mermado igualmente el ímpetu de los abanderados del Estatut, que se han visto obligados a modificar sus estrategias, conscientes de que la movilización constante es un ejercicio agotador. Así, de la prometida respuesta contundente y unitaria de Cataluña a un supuesto fallo adverso, que se concretó a finales de 2009 en editoriales conjuntos y manifiestos de apoyos de la sociedad civil, se ha pasado a la exigencia de renovar el Tribunal, un consenso del que se ha descolgado CiU, que dice querer más para no llegar a nada, impecable táctica con la que trata de no cerrarse ninguna puerta tras las elecciones, especialmente la del PP. Este jueves en Barcelona se lo pregunté a Montilla, cuya fe es tan inquebrantable que ahora anda trabajándose a Rajoy para la causa:

-¿Renovamos el Constitucional, president?

-Es algo que no sólo depende de nosotros.

Dirán que la estrategia tampoco es nueva y llevan razón. A finales de marzo, PSOE y PP tumbaron en el Congreso una moción para que los miembros del Tribunal que hubieran consumido su mandato sólo pudieran permanecer en funciones un máximo de 90 días y no dos años como ahora. ¿Que por qué vuelve la burra al trigo? Pues porque, aun sin sentencia, lo conocido de la última ponencia ha revelado que, incluso en el supuesto más favorable, el texto sufrirá recortes y hay que demostrar que no se baja la guardia para poder concurrir a las elecciones como los guardianes de las esencias.

La sentencia no desencadenará suicidios colectivos en las Ramblas

Ocurre que, de la misma manera que estos cuatro años han demostrado que se puede seguir viajando a Cataluña sin que nadie te pida el pasaporte, es posible afirmar que las tachaduras o matizaciones que algún lustro de éstos pudiera hacer el Constitucional no desencadenarán suicidios colectivos en las Ramblas. En definitiva, que si determina que Cataluña no es una nación y se reinterpreta la referencia del Estatut a los símbolos nacionales, ello no restará poder a la Generalitat, ni recortará la financiación, ni afectará a la vida diaria de los catalanes o de sus instituciones. El ruido está asegurado pero, sea cual sea el desenlace, la víctima no será España o Cataluña sino el propio Tribunal Constitucional como institución.

Este tribunal se quiere poco a sí mismo aunque son los principales partidos políticos, los que dejaron de manifestarle aprecio alguno hace ya bastante tiempo. Un órgano concebido como árbitro e intérprete máximo de la Constitución no puede ser groseramente asaltado por el sectarismo ni convertirse en el escenario improvisado de la trifulca política. Que Montilla afirmara este viernes que los magistrados del Constitucional elegidos a propuesta del PP son “más obedientes” al partido que les propuso que los del PSOE es insultante, pero no por el sentido de sus palabras, sino por su realismo.

El sistema necesita de reguladores independientes del poder político para garantizar que su funcionamiento sea el adecuado. Lo contrario es hacernos trampas en el solitario. Algo grave nos ocurre para que fórmulas que funcionan en otras democracias y fomentan la independencia, como es establecer mandatos prolongados para sus miembros y hacer imposible su reelección, no consigan aquí los mismos efectos.

Existe tal enquistamiento que ni siquiera renovando a los magistrados del Tribunal que han concluido su mandato mejoraría la situación. ¿Qué constitucionalista de prestigio que pudiera optar al cargo no ha emitido ya en estos cuatro años su veredicto sobre el Estatut? ¿Cuánto tiempo tardaría alguna de las partes en litigio en recusarle por entenderle contaminado para dirimir la cuestión?

Estamos condenados, por tanto, a que sea éste Tribunal con su actual composición el que dicte sentencia aunque no sepamos cuándo. Y a que su legitimidad sea cuestionada desde el primer momento, y no sin razón. El Constitucional debía haber proporcionado soluciones y se ha convertido en el problema. Así de sencillo.