Rajoy certifica que España ya no se rompe

Hace cuatro años, cuando España se rompía, se materializó “la iniciativa política más respaldada de la historia de la democracia desde 1978”, tal y como la definió entonces Mariano Rajoy. Su partido desplegó por las calles de todas España mesas petitorias, evitando, eso sí, colocar al frente de las mismas a señoras con abrigos de visón para que aquello no pareciera el Domund, en las que recogió firmas en las que se pedía un referéndum sobre el Estatut de Cataluña con la siguiente pregunta: “¿Considera conveniente que España siga siendo una única nación en la que todos sus ciudadanos sean iguales en derechos y obligaciones, así como en el acceso a las prestaciones públicas?”.

Según el PP, un total de 4.028.396 españoles secundaron esta llamada de auxilio en defensa de la indisoluble unidad de la patria y con sus firmas, embaladas en cajas azul celeste, Rajoy presentó en el Congreso una iniciativa popular que no recabó un solo voto distinto a los de su grupo. Una hora duró el trámite aquel 16 de mayo. Tras incendiar el país de anticatalanismo, el del PP se olvidó rápidamente del asunto. Mientras, para custodiar las cajas, el Congreso tuvo que alquilar un almacén que pagan todos los españoles, tanto los que creen conveniente que España siga siendo una única nación como los que no. Allí siguen.

Con esos antecedentes, se esperaba con expectación la reacción del líder de la oposición al fallo del Tribunal Constitucional sobre el Estatut, propiciado por el recurso del PP. Por mucha indignación aparente que la sentencia haya causado en los partidos catalanistas, lo cierto es que viene a avalar el núcleo fundamental del texto, aunque desmonte en cierta medida la pretensión de construir un Estado dentro del Estado, que es a lo que podía conducir la existencia de órganos como el Consejo de Garantías Constitucionales o el Consejo de Justicia, émulos del propio Constitucional y del CGPJ. La existencia del Consejo de Justicia no debía preocupar mucho al PP, ya que apoyó en Andalucía con sus votos una réplica del mismo.

El fallo no toca la regulación sobre la lengua y, mantiene incluso la definición de nación contenida en el Preámbulo, que ni siquiera era tal porque se limitaba a dejar constancia del pronunciamiento del Parlament, con la apostilla de que carece de eficacia jurídica. A falta de conocer la interpretación que el Constitucional hace de 27 de sus artículos, el grueso se mantiene en pie. Pues bien, el hombre que entendía el Estatut como “una estrategia bien urdida para, utilizando los sentimientos más atávicos de los ciudadanos como cobertura, establecer un sistema intervensionista y de control sobre la sociedad catalana que haga depender todo del poder político” dice ahora que “hay que mirar el futuro con ánimo de concordia”. Las vueltas que da la vida.

La esquizofrenia de Rajoy tiene explicación, claro, como la tiene la fingida pataleta de Montilla ante un fallo ciertamente benévolo. No es extraño que, como se ha contado en este diario, la durísima reacción del president estuviera escrita antes de conocer el pronunciamiento del Tribunal, aunque a Alfonso Guerra y al resto de los mortales les pareciera una contradicción reconocer que se había respetado el 95% del Estatut mientras se anunciaba al mismo tiempo poco menos que el fin del mundo.

Sacando los pies del tiesto, Montilla trataba de no ceder a CiU la bandera de la defensa del Estatut en vísperas de las elecciones catalanas y, de paso, hacer más difícil que los nacionalistas catalanes se apoyen en el PP para llegar a la Generalitat. ¿Cómo podría Artur Mas, ante tan terrible recorte del autogobierno, acceder al Gobierno de Cataluña de la mano de quien lo había propiciado recurriendo su inconstitucionalidad? Así es como hay que interpretar también la afirmación del de Iznájar de que jamás pactaría con el PP, lo que daría luego pie al rifirrafe con Cospedal a cuenta de si era fascista él o su actitud.

Las claves de esta estrategia las sugería privadamente esta semana un ministro de Zapatero, para quien la actitud de Montilla respondía a esa ley de los gases, según la cual, dejar un espacio vacío o disponible es hacer oposiciones a que llegue otro y lo ocupe. Este mismo ministro se refería así a la otra gran esquizofrenia, la de los lamentos de Montilla y la desbordante alegría del Ejecutivo central: “Yo no digo que haya sido así, porque no lo sé, pero lo lógico en estos casos es que las reacciones estén pactadas. Yo mismo lo hubiera planeado de esa forma”.

Volviendo a Rajoy, su certificación de que España ya no se rompe y la moderación que sobre la sentencia ha impuesto al resto del PP, incluido a Aznar, es la demostración de que ya ha empezado a tomar clases de catalán para hablarlo en la intimidad. Su actitud responde al cumplimiento estricto de las exigencias que CiU, expresadas así por uno de sus principales dirigentes: “El PP no tendría que pedirnos nada a cambio de su apoyo y entender que lo hace como una inversión de futuro”.  Obviamente la inversión de futuro sería el respaldo de los nacionalistas catalanes a una hipotética investidura de Rajoy como presidente en el caso de que gane las próximas elecciones generales y precise de su concurso.

Como se ve, a estas alturas el Estatut interesa tan poco a sus principales protagonistas como al conjunto de los ciudadanos, a los que Mas pedía que participaran masivamente en el manifestación del 10 de julio aunque no estuviera entre sus preocupaciones. Han sido cuatro años de deterioro de la convivencia y de desprestigio de las instituciones. Todo para llegar a este punto en el que hay verdadera prisa por pasar página. Nos lo podíamos haber ahorrado, sinceramente.