El último que apague la luz para ahorrar un poco

Es indiscutible que Miguel Sebastián es un paladín del ahorro energético, y que si quisiera no gastaría ni en corbatas gracias a la generosidad de un mecenas como Bono. Hubo un tiempo en el que el titular de Industria  presumía de ir a su despacho en metro en vez de en coche oficial, aunque, según contaba, tuvo que renunciar a ello después de varios altercados con otros viajeros porque el ministro tiene carácter y no se arruga en las disputas. Tenemos a un ministro concienciado, aunque algunas de sus extravagancias como regalar una bombilla de bajo consumo por hogar se parecieran mucho a las de Fidel Castro, que también se empeñó en que no hubiera un cubano sin olla exprés, mucho más eficiente que las cazuelas, dónde va a parar. La mejor manera de acabar con las bombillas de filamentos es que las llamadas a sustituirlas no cuesten cinco veces más.

Nadie sensato puede estar en contra del ahorro de energía en un país tan dependiente del petróleo y en medio de unas turbulencias en los países productores que han colocado al mundo a las puertas de una nueva crisis del petróleo. El problema, como siempre, es la improvisación, la comunicación deficiente y el goteo de ocurrencias, algunas completamente disparatadas o fuera de contexto.

Para no dar la impresión de que aquí sólo nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, se echa en falta, de entrada, un balance exhaustivo de las iniciativas que se anunciaron hace ya tres años, cuando el precio del petróleo escaló hasta los 150 dólares y el propio Sebastián declaraba alarmado que la factura energética se había encarecido en 17.000 millones de euros. Se adoptaron entonces, a mediados de 2008, 31 medidas urgentes que se sumaban al denominado Plan de Eficiencia y Ahorro Energético 2008-2012, de cuya efectividad nadie ha dado cuentas.

Algunas de ellas, simplemente, pasaron a mejor vida, como la de reducir en un 20% de media los límites de velocidad en las vías de acceso a las grandes ciudades y sus circunvalaciones, que iba a ser presentada en octubre de 2008 y que alguien debió olvidar, o la de implantar carriles reservados al transporte colectivo de viajeros en la ciudades de más de 500.000 habitantes.

La implantación de los coches híbridos y eléctricos es otra de las grandes bromas de la época. Se proclamó el objetivo de que en 2014 un millón de estos vehículos circularan por las carreteras españolas, algo que no podría conseguirse ni sumando todas las unidades de los scalextric del país. Tener un coche eléctrico debe de ser una gozada y, por eso, no se entiende que ninguno de los representantes políticos que tanto cantan sus virtudes se haya convertido en propietario de uno de estos modelos. El senador del PNV Iñaki Anasagasti llegó a preguntar a Sebastián cuándo se compraría uno. El ministro le contestó que no lo haría mientras fuera ministro para no cobrar los 6.000 euros con los que están subvencionados. Al día siguiente de dejar el Ministerio le tenemos en el concesionario.

Si la nueva norma se cumple, disminuirá los ingresos, ya que los impuestos representan más del 40% del precio final de los combustibles. En ningún caso el aumento del número de multas compensaría esta reducción salvo que no hubiera nadie que levantara el pie del acelerador

Otras medidas anunciadas entonces vuelven a repetirse, como reducir el consumo energético de la iluminación en autovías y autopistas. ¿Se cumplió el objetivo de recortar la tarifa en un 50% como se proponía? ¿Se acumulará el ahorro al que se prevé actualmente? ¿En qué porcentaje se mejoró la eficiencia del alumbrado público, el mismo que se quiere sustituir ahora? ¿Cuántos automovilistas recibieron clases de conducción eficiente y cuántos las recibirán en este momento? ¿Cuántos cambiaron el coche por la bicicleta, un medio de transporte que iba a impulsarse decididamente? ¿Cuántos de los 100.000 semáforos convencionales previstos fueron reemplazados por los de tecnología LED de bajo consumo? ¿Cuánto se ha reducido la factura de las Administraciones Públicas tras la cruzada de Sebastián con el aire acondicionado?

Sin respuestas a preguntas como éstas hemos llegado al nuevo plan de ahorro, cuyas propuestas estrellas son la reducción de la velocidad máxima en autopistas y autovías a 110 kilómetros por hora, aumentar la mezcla con biocombustibles al 7% y reducir un 5% el precio de los billetes de cercanías de Renfe, que en diciembre habían aumentado en un 3,1%. Pero todo ello con carácter temporal, algo que se entendería si se reconociesen futuros problemas de suministro que, sin embargo, se niegan. Si no preocupa el abastecimiento y únicamente estamos ante un plan de ahorro para mejorar la eficiencia, ayudar al medio ambiente y reducir las víctimas de la carretera, como apuntó Zapatero, ¿por qué las medidas son provisionales? ¿Dejarán de importarnos que haya más muertos en la carretera de aquí a unos meses?

Dando por buena la estimación de que la reducción de la velocidad máxima aliviará en 1.400 millones de euros la factura energética, no es razonable pensar que nos encontremos ante una propuesta recaudatoria. Si la nueva norma se cumple, disminuirá los ingresos, ya que los impuestos representan más del 40% del precio final de los combustibles. En ningún caso el aumento del número de multas compensaría esta reducción salvo que no hubiera nadie que levantara el pie del acelerador.

Tiende uno a pensar que los ciudadanos valoran el esfuerzo de las Administraciones por ser eficientes y que ellos mismos se aplican el cuento del ahorro porque con los precios de los combustibles disparados a la fuerza ahorcan. Lo que no se entiende es lo incomprensible. Si es posible sustituir las luminarias del país por otras chiripifláuticas de bajo consumo y que sean las empresas de servicios energéticos las que asuman el coste y cobren con los ahorros obtenidos, ¿por qué demonios no se hizo antes? Y si  contratar la iluminación con una sola compañía también se nota en la factura, ¿a qué estábamos esperando?

Lo que aún se entiende menos es lo surrealista. ¿Cuánto ganamos con subvencionar un plan renove de neumáticos para 60.000 de los 30 millones de vehículos que tenemos circulando? ¿Acaso las ITV permiten que un coche con las gomas en mal estado siga rodando por esos caminos de Dios?
Es obvio que necesitamos un plan de ahorro energético, pero la premisa inicial es que sea serio, creíble y no un conjunto de inventivas maduradas en una noche de insomnio. Hay que fomentar el uso del transporte público, pero no a costa de las arcas de unos ayuntamientos llenas de telarañas. Lo que es imposible de sostener es el funambulismo. Sólo se puede incentivar el transporte público penalizando al privado, pero eso es incompatible con aumentar las ventas de coches para que los fabricantes estén contentos. Lo primero de cualquier plan es el sentido común, que lamentablemente también es de bajo consumo.