Sobre el déficit público y el peculiar sentido de Estado del PP

Ironías de la vida, ha tenido que ser Ficht, una de las tres agencias de medición de riesgos a las que debemos obediencia, la que ha terminado terciado en la polémica que con alegría suicida había suscitado el PP en torno a las cuentas públicas. Tienen los populares un sentido del Estado muy peculiar, y eso les ha llevado a sugerir que, además de yogures, los socialistas han importado de Grecia trucos contables para falsear las cifras de déficit y deuda de las autonomías en la que gobernaban, todo un ejercicio de patriotismo para los tiempos que corren. De ahí que las palabras de Douglas Renwick, director del área de deuda soberana de la agencia, pidiendo un mayor esfuerzo en la contención del déficit de estas administraciones pero restando importancia al peso que supone la deuda autonómica, hayan sonado sospechosas. ¿Será Renwick uno de las múltiples identidades falsas del malvado Rubalcaba?

La primera piedra contra la credibilidad de las cifras oficiales fue lanzada desde Freemarket Corporate Intelligence, la consultora de Lorenzo Bernaldo de Quirós, asesor económico vinculado a FAES y a la CEOE, que no economista, ya que para eso resulta imprescindible el título expedido por alguna universidad, del que carece. Días antes de las elecciones municipales y autonómicas hizo llegar a la prensa económica más exquisita en su trato a España, tal que el Financial Times, un estudio en el que se concluía que las autonomías habían ocultado bajo las alfombras 26.000 millones de euros, que, con el rigor acostumbrado del salmón británico, fue publicado a pelo.

El estudio no mencionaba que esos 26.000 millones de supuesto agujero que se escondía en empresas públicas y otros entes autonómicos estaba perfectamente contabilizado por el Banco de España como deuda no consolidada y, por tanto, era cualquier cosa menos oculto, ni tampoco advertía de que esta práctica no era una invención made in Spain sino que se ejecutaba con tanta o mayor intensidad por todos los países de la UE, incluida Alemania.

Al PP le faltó tiempo para sumarse a esta campaña, focalizada en Castilla-La Mancha, a la que presumía en bancarrota e incapaz de pagar las nóminas de los funcionarios, mientras Barreda y los suyos, según se denunciaba sin prueba alguna, destruían o distraían las miles de presuntas facturas sin pagar que tenían en sus cajones. La acometida era una insensatez, no sólo porque las acusaciones se basaban en simples suposiciones, y esas mismas estimaciones de ruina podían hacerse con otras comunidades gobernadas por el PP como Valencia o Murcia, cuyos cajones también estaban a rebosar de facturas impagadas, sino porque arremeter contra la solvencia del territorio que uno va a gobernar es ponerlo a los pies de los caballos de los mercados cuando esté en disposición de emitir deuda para financiarse.

Rajoy tuvo que avenirse a rebajar el tono de su partido después de que Zapatero y la vicepresidente Salgado le advirtieran telefónicamente de que con su cruzada no sólo iba a poner en aprietos al Tesoro y conseguir encarecer la financiación del Estado, sino también la de las empresas, cuya prima de riesgo corre paralela a la del país. Ayer mismo se conocía que el Banco de Santander sólo había logrado colocar en el mercado la mitad de una emisión de bonos por 1.000 millones de euros avalada por préstamos concedidos por el banco a autonomías y ayuntamientos. La operación de descrédito era tan insólita que no ha faltado quien ha visto en ella una maniobra para que desde el exterior se dictaran ahora nuevos ajustes y evitar así que fuera el PP quien tuviera que aplicarlos al llegar al Gobierno, algo que en Génova se da por descontado.

Declarado el incendio, las llamas prendieron rápidamente. Si un día era Goldman Sachs el que especulaba con la posibilidad de que el déficit superara el 11% del PIB si se aplicase una revisión a la griega -y de eso los de Goldman saben mucho porque fueron los que ayudaron a Atenas a manipular sus cifras-, al otro era  Moody’s la que indicaba que los problemas fiscales de Cataluña ponían en cuestión la solvencia del conjunto del Estado. Para completar un cuadro que ha situado la prima de riesgo por encima de los 250 puntos -escalada a la que también han contribuido las incertidumbres sobre Grecia- Bruselas nos hacía llegar sus recomendaciones sobre el particular, entre ellas la de fijar por ley el techo de gasto de las autonomías y subir el IVA para compensar una reducción de las cotizaciones sociales de las empresas que las haría más competitivas y facilitaría la creación de empleo.

El mayor enemigo del empleo

Llegamos así al verdadero agujero negro de la economía española, que es un desempleo cuyo mayor enemigo es precisamente una política económica centrada exclusivamente en la reducción del déficit. La ecuación es bastante sencilla: sólo se crea empleo cuando la economía crece y es imposible que lo haga a un ritmo suficiente cuando no hay quien gaste ni bromas. En un momento en el que las empresas siguen con el grifo de crédito cortado, estrangular el gasto público para cumplir a toda costa con el compromiso de déficit sólo consigue retrasar la recuperación y, de paso, elevar el desempleo. ¿Qué se ha conseguido en Grecia tras un año de severísimo ajuste? Pues que el paro aumente del 12 al 16%.

Arremeter contra la solvencia del territorio que uno va a gobernar es ponerlo a los pies de los caballos de los mercados cuando esté en disposición de emitir deuda para financiarse

Esta misma semana, Miguel Boyer, que no pasa por ser un rojo peligroso, calificaba de “brutal” la exigencia de reducción del déficit que se ha impuesto a España a instancias alemanas, y recordaba que países con déficits más abultados que el español, como Gran Bretaña y Estados Unidos, no habían aplicado planes tan severos de recorte como el que se nos exige. Entre las dos alternativas posibles –rebajar el déficit a costa del crecimiento y del empleo o modular el gasto público para crear puestos de trabajo y, gracias al aumento de la actividad, incrementar los ingresos tributarios, disminuir el desembolso en subsidios y, por extensión, contraer el déficit- se ha optado por la primera.

Puede afirmarse, en consecuencia, que si España no crea empleo es porque la actual política económica lo hace imposible, y no por las rigideces del mercado de trabajo ni por una negociación colectiva que el viernes fue reformada por decreto. La reforma laboral aligeró los costes de los despidos y la de los convenios hará lo propio con los de actividad, pero ni una ni otra sirven para generar puestos de trabajo, tal y como trimestralmente demuestra la Encuesta de Población Activa.

El problema es de demanda. Cinco millones de parados son muchos pero consumen muy poco y el resto prefiere poner sus barbas a remojar por si las moscas. Si el consumo baja, por fuerza la producción ha de retraerse, salvo que las exportaciones puedan suplir el descenso de la demanda interna. Y si la producción disminuye, la financiación escasea, las empresas grandes no pagan a las pymes y las Administraciones no pagan a nadie o lo hace a 400 días vista, ¿alguien en su sano juicio pensaría que se puede crear empleo? Con la que tenemos encima, el PP se ha puesto a tirar piedras al tejado. Luego se extrañará de las goteras.