Europa descubre ahora que las agencias de riesgo tienen mucho peligro

Las airadas protestas que desde la UE se han dirigido esta semana contra las agencias de riesgos después de que Moody’s, los del pub irlandés, rebajaran a bono basura la deuda pública portuguesa, han constituido un pataleo muy artístico, aunque todo el mundo sepa que sus voces no dejan de ser los ladridos a la luna de un puñado de masoquistas. ¿Cómo es posible que quienes jugaron un papel imprescindible en la crisis financiera avalando la máxima solvencia de las hipotecas subprime y que hasta 2006 se forraron con esa tarea sigan poniendo continuamente en jaque la estabilidad del euro y de la periferia europea? Pues porque se lo permiten los que se lamentan.

El oligopolio del rating empezó a corromperse cuando cambió su modelo y quienes ejercían de analistas que vendían sus informes a aquellos interesados en comprar deuda se transformaron en vendedores de certificados a los emisores de esos mismos títulos. No tardaron en surgir conflictos de intereses, ya que era habitual que las agencias compatibilizaran sus informes de solvencia con labores de asesoramiento a sus clientes. Nadie vigiló nunca que los analistas no poseyeran en su cartera los valores que auditaban o que éstos acabaran después en nómina de las empresas a las que calificaban.

El remate llegó cuando se puso de moda la subasta de ratings. Un banco que necesitara calificar una emisión de bonos, por ejemplo, podía solicitar a varias agencias certificaciones informales para luego contratar a la que les hubiera dado la mejor nota. Ni que decir tiene que los chicos de Standard&Poor’s o los de Moody’s se apresuraron a satisfacer a sus potenciales clientes para tenerlos en cartera. La investigación que un subcomité del Senado de EEUU realizó en 2007 desveló todas estas irregularidades, como puso de manifiesto el mensaje de correo electrónico de un empleado de S&P en el que proponía una reunión para ajustar criterios en la tasación de determinados valores “ante la amenaza de perder contratos”.

Estamos, en consecuencia, ante un sistema corrupto y con dudosa capacidad técnica, como han mostrado las deficiencias de sus modelos macroeconómicos, incapaces de tener en cuenta la posibilidad de una crisis global. Únase a esto la falta de comprobación de la información que les facilitan los emisores o la falta de seguimiento de sus ratings para completar el cuadro.

Uno entiende las quejas del presidente de la Comisión Europea, Durao Barroso, por la arremetida contra la deuda portuguesa, que el hombre debe de tener su corazoncito en el Chiado, pero comprende menos la actitud de esa misma Comisión con las agencias, sobre todo teniendo en cuenta que en 2004 se abstuvo de someterlas a cualquier regulación y limitó su vigilancia a supervisiones informales y voluntarias. Hubo que esperar a 2009, con la tormenta financiera descargando sobre Occidente, para que se aprobase un Reglamento que ni siquiera contempla qué información específica han de manejar las agencias para elaborar sus calificaciones. Eso sí, aconseja que quienes participen en los informes sepan de lo que hablan, lo cual es casi de chiste porque significa que anteriormente el analista podía ser un propio que pasara por allí. En el caso concreto de los productos estructurados, se exige que al menos dos de ellos tengan un conocimiento profundo de ese mercado. Así que todo arreglado.

Acusadas de incapacidad para predecir la crisis, las agencias han comenzado a practicar la profecía autocumplida con resultados nefastos para los países de la periferia de Europa. Todo comenzaba con una rebaja de calificación por la ausencia de reformas. A partir de ahí, la rueda se ponía en marcha. Si el país en cuestión aplicaba las reformas sugeridas, lo siguiente era un nuevo recorte en la solvencia con el argumento de que el crecimiento sería débil, debido esencialmente a las reformas puestas en marcha. A continuación llegaba otra andanada con la excusa de que los intereses que se pagaban por las emisiones de deuda eran muy elevados, gracias precisamente a que anteriormente habían rebajado el rating. En resumidas cuentas, se puede empezar a reformar a toda prisa para que financiar la deuda pública no se encarezca y acabar con los títulos calificados como bono basura.

Es lo que le ha ocurrido a Portugal en tres meses, sin que aparentemente mediase razón objetiva para recortar en cuatro escalones la solvencia del país. La economía de nuestros vecinos no está para tirar cohetes pero han empezado a hacer lo que se les ha exigido y, además, sin rechistar: reducción de funcionarios, abaratamiento de despidos, recapitalización bancaria, etcétera. Como aquí, más o menos. ¿De qué vale entonces el esfuerzo?

Contra las agencias ha embestido también el Banco Central Europeo, cuya última decisión ha sido la de aceptar títulos de deuda portuguesa como garantía en las inyecciones de liquidez, pese a su condición de bonos basura. Pero es que los propios estatutos del BCE obligarían a lo contrario, dado el papel preponderante que se otorga a las calificadoras en la operativa de la entidad.

Han tenido que pasar cinco años para que se ponga en tela de juicio al oligopolio. No fue suficiente que el día de su bancarrota Lehman Brothers mantuviera su triple A; o que esa misma calificación sobreimpresionara los valores respaldados con hipotecas subprime, que pasaron rápidamente a ser bonos basura tras el desplome financiero; o que también ese fuera el rating de una banca islandesa en bancarrota.

El sistema es un disparate, pero no sólo porque da crédito –es decir, que se fía- a quien no lo merece, sino porque sus contradicciones son evidentes. Sabemos, por ejemplo, que la UE no dejará que Grecia quiebre porque también lo harían los bancos alemanes y franceses que cuentan sus bonos por miles de millones, como tampoco lo hará Portugal, en cuya financiación está implicada la banca española. ¿Qué justifica entonces que ambos países paguen disparatadas primas de riesgo si el riesgo no existe o es mínimo? Nada, salvo favorecer a esos mismos bancos para que sigan aprovechándose de unos tipos de interés desorbitados que pagan los contribuyentes.

Volviendo a nuestras amigas las agencias, en alguna otra ocasión se ha mencionado aquí la diferencia de trato entre países. Es inexplicable que Gran Bretaña, con cifras de déficit y deuda superiores a la de España, mantenga como si tal cosa la triple A de su deuda o que sólo ante la hipótesis de una suspensión de pagos de la deuda en Estados Unidos –algo que ocurriría si demócratas y republicanos no se ponen de acuerdo para elevar el techo de endeudamiento- S&P se atreviera a poner sus títulos en perspectiva negativa.

Es también inexplicable que la disposición a ejercer “una firme supervisión de las agencias de calificación crediticia” acordada en la cumbre del G-20 celebrada en Washington en noviembre de 2008 sea, como tantas otras veces, papel mojado. O que las acciones judiciales contra ellas, como la emprendida en España, se paralicen inexplicablemente porque la Fiscalía Anticorrupción lleva más de cuatro meses pensando que diligencias deben practicarse, posiblemente porque alguien en el Gobierno teme que así el idilio con las agencias será del todo imposible. Todo esto permite que los de Moody’s, S&P y Fitch sigan a lo suyo. Eso sí, las protestas serán muy airadas.