Puigdemont: 'caixa' o facha

La condición sine qua non para una negociación, política, empresarial, social, es que todas las partes consideren, o puedan vender, que salen ganando. Otro motivo para pactar se traduce en términos negativos, es decir, que el hecho de no hacerlo suponga una pérdida mayor que hacerlo. Sin embargo, en la negociación política de la investidura de Sánchez no es evidente qué gana o qué pierde Puigdemont si decide pactar con el Gobierno de España. Y esa podría ser la razón fundamental por la que todos los análisis andan tan despistados sobre si finalmente habrá o no habrá investidura. De momento, la sartén por el mango la tiene el eurodiputado Carles Puigdemont. ¿Por qué? Porque Sánchez quería una negociación corta y esto parece ir para largo. Además, el debate no se ha situado sobre lo que Junts (Puigdemont) gana o pierde si da otra oportunidad a la derecha y la ultraderecha de ganar en una supuesta repetición electoral, sino sobre los trágalas de los independentistas y, en especial, del expresident.

Sánchez, la noche electoral del 23 de julio, debió inhalar profundo tras dos meses conteniendo la respiración. Las encuestas, de igual modo que en Polonia o Argentina, habían subestimado la capacidad de movilización de los anticuerpos contra la extrema derecha. Aquella noche, había un ganador, el PP, y un triunfador: el PSOE que, junto con Sumar, tenía la oportunidad de reeditar el Gobierno, pero con una suma más retorcida todavía, porque debía incorporar a Puigdemont a la gobernabilidad del país, el que hizo de la burla al Estado y la desobediencia judicial, carrera política.

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Isabel Díaz Ayuso, al contrario que sus compañeros del PP, corrió a dar por hecha la investidura de Pedro Sánchez. El discurso de la presidenta madrileña exterminaba el, ya de por sí, complejo relato de un Feijóo agotado por una victoria insuficiente. A pesar de que el encargo del jefe del Estado obligó al gallego a intentar mover ficha, quienes ya estaban desplegando su terreno de juego fueron los independentistas, sobre todo Junts, quien por primera vez desde su creación estaba dispuesto a jugar la partida de la investidura, según afirmó su único interlocutor válido, algo que confirmaban las afirmaciones de Ayuso.

Junts no es un partido político al uso, porque tampoco fue diseñado para serlo. Se podría decir que es una especie de plataforma que se amalgama en torno a un líder político que no forma parte de su dirección, Carles Puigdemont. Las decisiones políticas de esta plataforma no emanan de los órganos de Junts, pero tampoco son refrendadas por ellos. Para (pseudo) ratificarlas o no, se creó otro organismo paralelo llamado el Consell de la República, donde en los últimos tiempos hay más críticos que afiliados, que Puigdemont continúa utilizando como si fuera una especie de Parlament en el que él sigue siendo el presidente en el exilio.

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Cuando se dice que Junts está negociando la investidura, no es cierto. Quien negocia, quien decide y quien pacta o no pacta es Puigdemont, y según las informaciones de Fernando Garea, su abogado, Gonzalo Boye quien establece el perímetro de la amnistía. El resto de la plataforma hará lo que Puigdemont ordene. Por lo tanto, para analizar si el pacto se realizará o qué implicaciones políticas tiene, no debemos enmarcar el análisis en lo que afecta a Junts como partido, sino si a Puigdemont le interesa llegar a un acuerdo político o no. Porque a estas horas lo único que está claro es la estrategia de hacer sufrir al PSOE, que continúa en un estado silente y sin dar pistas sobre cómo abordar este Rubicón.

¿A Puigdemont le interesa el pacto? Consideraremos en el análisis que la amnistía sería la condición central y que le afectaría a él personalmente. Es de suponer a que Puigdemont, en tanto que padre, hijo, marido, amigo, le interesaría regresar a su casa. A día de hoy, el expresident de Cataluña tiene limitados sus movimientos, porque sabe que si vuelve a España se tendría que enfrentar a la Justicia, del mismo modo que hicieron Junqueras y cía. Recordar que el ostracismo, desde la antigüedad, ha sido uno de los mayores castigos a los que se podía condenar a una persona. Por lo tanto, supondremos que a él le encantaría poder volver a casa, no ser juzgado, seguir como europarlamentario y pasar los findes en Girona, gracias además a su estrategia judicial y política.

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Sin embargo, a partir del regreso, entonces qué. La anormalidad de su situación vital es lo que continúa motivando su legitimidad política. Señalábamos antes que Junts es un partido que Puigdemont lidera, digamos que desde el exilio de su cúpula dirigente, porque no forma parte de ella. Y esta anormalidad orgánica le es concedida porque ninguno de sus integrantes, los que pagan la cuota de su militancia, se atreve a contradecir a una persona que ha sacrificado dormir en su casa por la causa política. Por lo tanto, una vez adquiera la condición de persona que puede pasear por su Girona natal, ¿qué le diferencia del resto?

La segunda cuestión no es menor y es, una vez realizada la operación de borrón y cuenta nueva, qué sentido tiene seguir pedaleando la ficción del Consell de la República y, sobre todo, cómo va a mantener el estatus de primus inter pares sin asumir los estatutos y la vida diaria de un partido político. Intentará liderar Junts per Catalunya o montará otro partido. Además, estaría dispuesto Puigdemont a someterse a la legitimidad de las urnas. Es decir, se presentará como cabeza de lista en las próximas elecciones al Parlament de Cataluña, ERC está dirimiendo quién se presentará como candidato: Aragonès o Junqueras. Pero el otro artífice del 1 de octubre de 2017, si se presentara Puigdemont a las elecciones, correrá el riesgo de querer ser president bajo la amenaza de quedar sin esa pátina legendaria.

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Cada día que pasa sin un acuerdo, las posiciones se enrocan. Al principio parecía que la amnistía era la pieza de caza mayor suficiente para salvar el partido. Sin embargo, los días pasan y las posiciones se encanallan. Puigdemont ya no solo parece querer la amnistía, que se podría leer como su bula papal para lo suyo, ahora el referéndum vuelve a estar en la palestra, un proceso de verificación, según Lola García, un posible reconocimiento nominativo, no sabemos si político, llamado “minoría nacional catalana” que ¿podría tener derechos políticos singulares? Y, por último, al menos hasta el momento, quiere una llamada, no ser menos que Junqueras, con quien Pedro Sánchez mantuvo una conversación hace unos días, y, por lo tanto, ser reconocido al más alto nivel gubernamental, la foto de Díaz ya no le es suficiente.

Pero ¿a qué está dispuesto Puigdemont? El trágala que de momento imponen desde Sumar, los únicos que se han pronunciado de forma clara sobre este asunto, es el reconocimiento de los errores propios y propósito de enmienda, vamos, dejar de decir que “ho tornaran a fer”. Junqueras y todos los condenados judicialmente y amnistiados políticamente no reconocieron ni un solo error. Todos defendieron su derecho a luchar por la independencia de Cataluña y a llevar a cabo un referéndum unilateral. Escucharemos a Puigdemont asumir algún error y, sobre todo, decir que, él al menos, no lo volvería a hacer. Me cuesta mucho imaginarlo, sobre todo, porque sabe que de momento quien está liderando la estrategia de esta negociación es él.

Todavía queda un mes y tres días para agotar el plazo que obligaría a España a volver a las urnas. Algo más de 30 días en los que cada día que pasa sin acuerdo el PSOE se ve obligado a escuchar cómo se encarecen las peticiones de sus todavía no socios. Pero lo único que parece importar es si Puigdemont quiere o no quiere, si este pacto le beneficia o solo a corto plazo. De momento, a los socialistas se les está haciendo largo. El día que hablen será para sentenciar y Puigdemont tendrá que elegir caixa (negociar el pacto y obtener sus beneficios) o facha (dar a la extrema derecha la oportunidad de entrar en el Gobierno en una repetición electoral).