La legislatura en el limbo

El Tribunal Supremo se ha declarado competente para juzgar a Puigdemont por un supuesto delito de terrorismo. No hay sorpresa. Lo contrario sí que hubiera producido un cambio de guion. Además, en el auto nos han querido enviar un mensaje a analistas, opinadores y políticos, dejándonos bien claro que nuestra opinión no les importa y que una cosa es lo que consideremos nosotros que es terrorismo, y otra bien distinta lo que consideran ellos, que son los que interpretan la justicia. Esta parte del auto también debe ir dirigida a Alberto Núñez Feijóo, que en un encuentro con periodistas afirmó que sería difícil probar el delito de terrorismo. A partir de aquí, el Gobierno, si quiere una amnistía total, va a tener que moverse de sus posiciones y dejar a la suerte de los órganos jurisdiccionales la última palabra.

Asegura Puigdemont que, si Junts hubiera investido a Feijóo presidente, no se le estaría investigando por terrorismo. Esta declaración tiene una gran carga de profundidad al denunciar que la tarea de oposición al Gobierno no la está liderando el PP, sino algunos jueces del Poder Judicial, que se consideran los guardianes del Estado. Estos son conscientes de que, si Puigdemont se quedara fuera del perímetro de la ley de amnistía, Junts reventaría la precaria mayoría parlamentaria del Gobierno haciendo saltar la legislatura por los aires. En ese caso, el PSOE no tendría otro remedio que convocar elecciones anticipadas, permitiendo que PP y Vox tengan una nueva oportunidad de obtener una mayoría absoluta.

Pero, hasta que ese escenario llegue, si es que llega, el Gobierno necesita pasar este limbo en el que se encuentra y que la legislatura empiece a caminar. Y digo limbo porque, hasta que no se resuelva la cuestión de la amnistía, no se resolverán todos los asuntos que permanecen en la cola de impresión del Congreso a la espera de que se desatasque. Mientras tanto, la derrota gallega y ahora el caso Koldo están protagonizando la agenda política a falta de un relato gubernamental que se construya con base en las políticas sociales, mejoras laborales, nuevos derechos, que son la verdadera razón de ser del acuerdo entre socialistas y Sumar. Pero, para salir de este limbo, hay que pasar por un desfiladero con un puente sin asideros, por el cual Puigdemont no está dispuesto a transitar.

Con algunos tribunales decididos a hacer oposición al Gobierno, no hay solución a este problema. Si finalmente el PSOE decide moverse de sus posiciones y hacer una amnistía que incluya todos los delitos de terrorismo, además de volver a desdecirse, es muy probable que los tribunales españoles o europeos le echen para atrás los delitos de terrorismo por ser inamnistiables y, por lo tanto, dejen fuera a Puigdemont. Si, por el contrario, se aprueba el texto sin modificaciones, el auto del supremo deja claro que el expresident también quedaría fuera. No hay posibilidad de que el Gobierno tenga la última palabra en la aplicación de la futura ley de amnistía, por lo tanto, es imposible darle a Junts las garantías necesarias para que cumpla con su parte: dar estabilidad al Gobierno y permitir que la legislatura salga del limbo en el que se encuentra.

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Beatriz Parera

El primer escenario, aprobar una ley de amnistía total, le permitiría ganar tiempo al Gobierno, pero recrudecería la batalla con los tribunales. El segundo, paralizaría la legislatura en el limbo, haciendo prácticamente imposible su andadura. En cualquiera de los dos casos, resulta increíble estar escribiendo cómo una parte de la judicatura ha decidido hacer rehén a la política de este país, porque lo que están provocando es un choque de legitimidades: la voluntad democrática expresada en las urnas el pasado 23 de julio vs. el Poder Judicial.

Por si no hubiera bastantes actores involucrados en la pelea de si una ley de amnistía procede o no procede, el PP quiso solicitar un dictamen a la Comisión de Venecia sobre la ley de amnistía, supongo que considerando que les daría la razón en cuanto a la ilegitimidad e inconstitucionalidad de la norma. La Comisión de Venecia es un órgano consultivo del Consejo de Europa, formado por expertos independientes en el campo del derecho constitucional. Pues bien, el pasado viernes se filtró el borrador del informe que afirmaba que "La reconciliación política es un objetivo legítimo para las amnistías". Además, detallaba los condicionantes que esta ley debía considerar para adecuarse al Estado de derecho: respeto al derecho internacional, seguridad jurídica al definir claramente los actos amnistiados y las excepciones, una tramitación que permita el debate y la participación. El PP ha sufrido un duro revés, puesto que la Comisión de Venecia no ha dicho que no fuera pertinente, como querían los populares. Sin embargo, en su afán por reforzar su posicionamiento, han acusado al Gobierno de manipular el informe, aunque los entrecomillados los desmientan.

A pesar de que este borrador supone un espaldarazo a la posición gubernamental, el fleco suelto que cuelga de la ley continúa siendo el principal problema político que ahora debe resolver el Gobierno: Puigdemont. La Comisión de Venecia también recuerda que son los tribunales quienes tendrán la última palabra en la aplicación de la ley de amnistía, y, como ya hemos visto, aunque los togados no se presentaron a las elecciones, están dispuestos a ganar esta batalla política, bien sea con autos en los que se declaran competentes para juzgar a Puigdemont por terrorismo, lo que puede provocar que la ley no se apruebe, o no aplicándola en el caso de que llegara a aprobarse. Un dilema del prisionero que dejaría la legislatura en el limbo.