Nada más político que el reparto del dinero

Hay pocos ámbitos más políticos que el dinero. La concepción sobre el reparto de la riqueza es la clave maestra para saber si algo es progresista o liberal, hasta que te topas con el nacionalismo o la defensa de lo tuyo. En ese punto, las fronteras ideológicas se vuelven permeables y podemos ver en el mismo bando actores políticos de partidos antagónicos. Con la financiación autonómica hemos topado. Bienvenidos al debate más complejo, sibilino y electoralista de todos los posibles. Cuadrar el círculo es imposible, porque siempre hay algún cabo suelto.

La financiación autonómica no reparte a los actores políticos por bandos partidistas o ideológicos. No se confundan. En este aspecto, los presidentes y presidentas de las comunidades autónomas se posicionan en función de los intereses locales. Por un lado, las comunidades autónomas que tienen mucha población concentrada en grandes ciudades: Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Andalucía. Recuerde el lector, la polémica reunión de Ximo Puig (PSPV) y Moreno Bonilla (PP) durante la pasada legislatura para reivindicar una financiación justa con sus comunidades autónomas.

En el otro bando se sitúan las comunidades autónomas con poca densidad poblacional. En este grupo encontramos: Galicia, Aragón, Extremadura, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Asturias, La Rioja. De hecho, uno de los abanderados de la financiación para este grupo era Alberto Núñez Feijóo, quien en 2021 lideró la “cumbre de Santiago de Compostela” con 8 presidentes autonómicos: Javier Lambán (PSOE), Emiliano García-Page (PSOE), Alfonso Fernández Mañueco (PP), Guillermo Fernández Vara (PSOE), Concha Andreu (PSOE), Miguel Ángel Revilla (PRC), y Adrián Barbón (PSOE). Por sus declaraciones actuales, parece que ahora que es presidente del PP no piensa lo mismo.

Básicamente, lo que quieren los presidentes de las comunidades más pobladas es que los criterios del reparto de los Presupuestos Generales del Estado sean en función de las personas empadronadas en su comunidad autónoma. En cambio, los territorios que tienen poca población y poca densidad poblacional consideran que el dinero debe repartirse en función del coste de los servicios públicos que deben financiarse: sanidad, educación, servicios sociales. De hecho, no es lo mismo mantener colegios abiertos en el Pirineo aragonés para 10-12 niños que un colegio en Chamberí donde en una misma instalación pueden asistir a más de 1.000 niños. Pues lo mismo con centros de atención primaria, hospitales, residencias…

Las CCAA con poca población y poca densidad poblacional consideran que el dinero debe repartirse según el coste de los servicios públicos

Pero, por si no fuera lo suficientemente complejo la cuadratura del círculo de hacer coincidir en el mismo reparto unos intereses con otros, debemos sumarle el elemento electoralista del reparto de la financiación autonómica. En primer lugar, si el partido del gobierno central coincide con el partido que gobierna en la autonomía, es más habitual que se defienda que el reparto no solo ha sido justo, sino el mejor posible. Sin embargo, en la actualidad, la mayoría de las comunidades están en manos de gobiernos del PP, algo que evitará seguro un discurso agradecido, por mejor acuerdo que este sea para algunos. Es decir, en un mundo ideal o se quejaría Alfonso Rueda, presidente del PP en Galicia, o Moreno Bonilla, presidente del PP en Andalucía, pero no espere esa elección, porque a buen seguro se quejarán los dos. ¿Qué presidente va a resistir la tentación electoral de no culpar al gobierno central de todas las deficiencias de su gestión? Pocos relatos hacen más patria que “la culpa la tiene el gobierno de España”.

Mención aparte merece Cataluña, que, en un principio, debería estar alineado con la Comunidad Valenciana o Andalucía, por sus criterios poblacionales. Sin embargo, en esta cuestión, como en tantas otras, los gobiernos soberanistas/nacionalistas, los que inventaron eso de “España nos roba” pretenden una financiación singular, que no esté ni con unos ni con otros. Pero también en esta cuestión prima la lectura electoralista. De lo que se trata es de apuntalar otra victoria al relato victimista, aquel que pretende que los apoyos parlamentarios enmienden las injusticias históricas que dicen padecer.

Tras este análisis, podría parecer que el Gobierno central tiene pocos incentivos para llegar a un nuevo acuerdo de financiación o intentarlo al menos. Sin embargo, nunca en la historia reciente española, un Gobierno central ha gobernado en tan pocas autonomías de forma coetánea. Por lo tanto, una posible negociación multilateral entre el Gobierno central y el resto de autonomías podría dar lugar a disputas intrapartido, sobre todo en el PP, que aliviaran la narrativa de todos contra el Gobierno. Al fin y al cabo, Mañueco y Mazón no podrán estar en el mismo bando… ¿no?