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La CEOE, en manos de Puigdemont
La patronal confía en la representación política de la burguesía catalana de toda la vida, los de Junts, para vetar la reducción de la jornada laboral
Los sindicatos están en plena movilización para lograr la rebaja de la jornada laboral en España, que, desde 1983, está fijada en el Estatuto de los Trabajadores en 40 horas semanales. La realidad es que la media ya está por debajo, pero la patronal se resiste a aceptar las 37,5 horas propuestas, aunque no quiere romper la negociación, porque eso siempre penaliza. Así que ha optado por la estrategia del bloqueo: ni sí ni no. Y así, van pasando los días, y como dice la expresión catalana: quien pasa un día, empuja un año. La realidad es que la CEOE no quiere fijar este nuevo derecho por ley y para ello, cuenta con un poderoso aliado: los siete votos de Puigdemont.
Tanto CCOO como UGT son perfectamente conscientes de que la medida de bajar la jornada laboral es una reivindicación mayoritaria entre los trabajadores, sin apenas resistencia. Existe una percepción generalizada de que el trabajo ahora ocupa más vida de la que nos podemos permitir en detrimento de la familia, el ocio o el autocuidado. Así que, para presionar, cuentan con la opinión pública de su lado. También lo saben los partidos políticos, los de izquierdas y los de derechas, los españolistas y los nacionalistas. A ver quién es el guapo que se opone a que en España se trabaje un poco menos, para producir más y cobrar lo mismo.
Los estudios sobre productividad laboral son concluyentes: los trabajadores que tienen la sensación de trabajar mucho y cobrar poco, se sienten infravalorados, injustamente tratados. Esta percepción hace que su esfuerzo laboral sea menor y, por lo tanto, son menos productivos que los que trabajan en un buen clima laboral y se consideran valorados por la empresa, tanto a nivel económico, como personal. Sin embargo, la productividad se lleva invocando desde tiempos inmemoriales para defender el statu quo y no avanzar en derechos. El mercado laboral se iba a hundir con la subida del salario mínimo interprofesional, también con la reforma laboral. Ningún pronóstico se cumplió, porque es evidente que un trabajador feliz es un trabajador más productivo.
Por eso, la patronal no se levanta de la mesa de negociación, porque sabe, que automáticamente los sindicatos exigirán al Ejecutivo que cumpla con su acuerdo de Gobierno que fija el descenso de 40 a 38,5 horas semanales en 2024 y a 37,5 horas en 2025. Y así, disimulando que negocian, los de la CEOE impiden que los sindicatos presionen al gobierno para que lleve la iniciativa al Congreso sin acuerdo previo; un camino que tampoco está exento de dificultades. Por ello, CCOO y UGT pretenden que cada partido se retrate distribuyendo la presión a partes iguales entre todos los grupos parlamentarios. Porque la mayoría parlamentaria que aupó al Gobierno de Sánchez también lo forman partidos como Junts per Catalunya que ideológicamente se sitúan en la derecha del tablero. Y esa es la gran baza de la patronal.
Si la reducción de la jornada laboral llega con un acuerdo de la mesa del diálogo social al Congreso de los Diputados, los partidos de derechas tienen más dificultades para oponerse, porque si hasta la patronal reconoce derechos laborales, que los partidos de derechas no lo apoyen evidencia que lo hacen por el mero hecho de hacer oposición. Y claro, esto no queda bien ante la opinión pública, sobre todo cuando no se cumplen los pronósticos agoreros que anticipaban el hundimiento del país, como ya pasó con otras medidas. Pero si la ley llega sin el concurso de la patronal, ahí, partidos como el PP y Junts recargan su legitimidad con el respaldo de los intereses de las empresas.
El PP de Feijóo anda buscándose entre los posicionamientos más extremos antimigración de Giorgia Meloni y las propuestas de reducción de la jornada laboral a cuatro días de Starmer. Alguien ha debido pensar que una mezcla entre neofascismo italiano y laborismo británico podría finalmente configurar un modelo alternativo de país. Pero entre este tutti frutti ideológico y los bandazos ideológicos, la patronal ha empezado a desconfiar del PP. La CEOE se ha desmarcado de los populares respecto de la propuesta de los cuatro días; pero también, de los posicionamientos antimigración, ya que son conscientes que hay una cuota del mercado laboral que hay que cubrir con trabajadores migrantes. El penúltimo desencuentro, la acusación velada de Feijóo a las empresas españolas en Venezuela de colaboracionistas con el régimen chavista.
Por todo lo anterior, la patronal confía en la representación política de la burguesía catalana de toda la vida, los de Junts, para vetar la reducción de la jornada. A priori, el PNV también se podría llegar a oponer a esta medida, sin embargo, la realidad vasca es que la jornada laboral media ya está por debajo de las 37,5 horas. Por lo tanto, apoyar la reducción de la jornada les sale gratis desde el punto de vista empresarial y se evitan un motivo de colisión con Bildu. Parece que la peculiaridad vasca no solo se cumple en materia de financiación, sino en materia laboral.
La CEOE confía en los siete votos decisivos de Puigdemont para evitar que en España se sigan ampliando derechos. Pero harían bien en promover la productividad con otras medidas más efectivas que el mantenimiento de una jornada laboral que estaba pensada para el país de la Transición, pero no para la sociedad del 2024. La sociedad ha cambiado, el mercado laboral, también. No tendría sentido que no lo hicieran los derechos laborales.
Los sindicatos están en plena movilización para lograr la rebaja de la jornada laboral en España, que, desde 1983, está fijada en el Estatuto de los Trabajadores en 40 horas semanales. La realidad es que la media ya está por debajo, pero la patronal se resiste a aceptar las 37,5 horas propuestas, aunque no quiere romper la negociación, porque eso siempre penaliza. Así que ha optado por la estrategia del bloqueo: ni sí ni no. Y así, van pasando los días, y como dice la expresión catalana: quien pasa un día, empuja un año. La realidad es que la CEOE no quiere fijar este nuevo derecho por ley y para ello, cuenta con un poderoso aliado: los siete votos de Puigdemont.