"La legislatura de la vivienda": Sánchez y Ayuso, por fin de acuerdo

Paren rotativas: hay consenso en que la vivienda es uno de los principales problemas de la sociedad española. Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso proclamaron con las mismas palabras que “esta sería la legislatura de la vivienda”. Íñigo Errejón afirmó que el éxito de esta legislatura se mediría en sus políticas de vivienda. Y a pesar de este consenso formal, en la práctica las políticas de vivienda tienen más titulares que acciones reales por varios motivos: en primer lugar, porque pocas competencias están más fragmentadas entre las diferentes administraciones que en esta materia. En segundo lugar, porque, aunque el diagnóstico sea, más o menos compartido, las soluciones suelen ser diametralmente opuestas. Y, en tercer lugar, porque quien suele impulsar la vivienda pública no suele inaugurarla, y eso le quita mucha rentabilidad política. Así que, aunque la Conferencia de Presidentes en Cantabria para tratar el tema de la vivienda sea un acierto político, yo no sería muy optimista en cuanto al resultado.

Es normal que el ciudadano no tenga muy claro delante de qué administración debe manifestarse para que el derecho constitucional a una vivienda digna sea finalmente efectivo. Todas las comunidades autónomas tienen transferido del artículo 148 de la CE la ordenación del territorio, urbanismo y vivienda. Por lo tanto, son las autonomías las que deberían impulsar la regulación en esta materia. A ellas corresponde, la promoción pública, programación, control y seguimiento de las viviendas de protección oficial. Por lo tanto, son los Gobiernos autonómicos a quienes debemos pedir más vivienda pública y una política que realmente posibilite acceder a una vivienda asequible y digna. También, podría ser que las CCAA optaran por devolver las competencias al estado, algo que no se ha producido hasta el momento en ninguna materia, pero que podría hacerse jurídicamente.

El Estado tiene competencias exclusivas en la ley de arrendamientos urbanos, es decir, la legislación que regula el mercado del alquiler, pero claro, debe contar con las CCAA para implementarla. Además, el Estado puede impulsar las bonificaciones fiscales o la ordenación del crédito para acceder a una vivienda. Pero, lo cierto es que las bonificaciones fiscales o los bonos al alquiler, que son ayudas directas al acceso a la vivienda para jóvenes, no solucionan un problema estructural que afecta a la emancipación, a la natalidad y a la calidad de vida. Porque, además, pensar que solo se necesitan bonos para los jóvenes es negar que las personas mayores o las clases trabajadoras tienen un problema de acceso.

El Gobierno anunció un ambicioso plan que hablaba de movilizar hasta 50.000 inmuebles para alquiler de la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria), que se quedó con los activos tóxicos vinculados a los promotores inmobiliarios heredados de la crisis del 2008. Y es en esta línea, la de poner al frente del problema al Ejecutivo nacional, donde apuntan algunos colectivos vinculados a la defensa de la vivienda pública que consideran que la Sareb podría reformularse como un organismo de promoción de la vivienda pública a nivel estatal. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca también propone la recuperación de la Sociedad Pública del Alquiler, una iniciativa del Gobierno de Zapatero que duró hasta que Rajoy la eliminó. Pero parece claro que los ciudadanos afectados consideran que el Gobierno central debe tener una capacidad de acción mayor que la que tienen.

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Ruth Ugalde

Las entidades locales también tienen competencias en materia de vivienda, en su mano está la promoción y gestión de la vivienda de protección oficial, los municipios son los encargados de gestionar la promoción de vivienda y salvaguardar el parque público de estas. Además, son los responsables de recalificar los terrenos para hacerlos construibles, la madre del cordero de la corrupción urbanística del boom inmobiliario de los 2000. La realidad es que solo los ayuntamientos con grandes presupuestos y parque público disponible podrían realizar este tipo de acciones de forma efectiva. Además, ahora, en su mano está señalar las Zonas Tensionadas de la nueva ley de vivienda que podrían permitir a la comunidad autónoma topar el precio. De hecho, en la Comunidad de Madrid, Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Parla y Ciempozuelos han pedido a la presidenta Ayuso que las declare tensionadas para poder topar la vivienda. No han recibido respuesta. Cataluña es la única autonomía que lo ha puesto en marcha.

Hacer vivienda pública no es cuestión de una legislatura, es una política estratégica a medio y largo plazo. Desde que se planifica, hasta que se busca la financiación (pública o público-privada) hasta que se construye y por fin se adjudica pasan años, por lo tanto, la rentabilidad política de la medida es mucho menor que una ayuda directa o una bonificación fiscal que puede estar implementada al día siguiente de su aprobación en el boletín oficial. Si a esto le sumamos que las medidas propuestas desde los diferentes partidos políticos son bien diferentes para solventar el problema del acceso a la vivienda debemos concluir que, incluso sin tener en cuenta el clima de polarización entre los dos grandes partidos, el panorama no es proclive para llegar a los acuerdos intergubernamentales y estructurales que se deberían alumbrar en la Conferencia de Presidentes y Presidentas autonómicos que se celebrará el próximo diciembre en Cantabria. Y el desacuerdo, lamentablemente, no es noticia.