España no puede convertirse en una oligarquía judicial

La nueva política llegó de la mano del 15 M a las plazas y los platós. La percepción de impunidad estaba muy extendida, la clase política parecía hacer y deshacer a su antojo, al menos, así lo vivía una parte de la ciudadanía hastiada de corrupción. Esas demandas de nueva política dieron lugar a dos partidos políticos, Podemos y Ciudadanos, que aumentaron las exigencias de asunción de responsabilidades, sobre todo, en los casos de falta de ejemplaridad. A partir de ese momento, las exigencias aumentaron y así hemos llegado hasta hoy, cuando no se sabe muy bien dónde está el límite de la dimisión política: la imputación, la apertura del juicio oral, ser pareja de alguien que está siendo investigado. Y en medio de este poti poti, en el que todos acusan al contrario de hacer lo que ellos hacen, tenemos una ofensiva judicial sin precedentes. La polémica de esta semana es la siguiente: ¿debe dimitir el fiscal general del Estado? Y si los cargos públicos deben dimitir cuando se les investigue, ¿no estamos dándoles a los jueces la capacidad de elegir por la puerta de atrás a nuestros dirigentes? Estamos convirtiendo a España en una oligarquía judicial.

La ley de amnistía a los líderes del procés fue asumido por parte de la carrera judicial más conservadora como un golpe a la separación de poderes. La Justicia había perseguido y condenado a los cabecillas del procés y, ahora, el legislativo lo dejaba en papel mojado. Desde entonces, el protagonismo de los jueces en la política española es inédito. Causas judiciales abiertas por doquier a políticos y familiares, algunos con base y otros, muy cuestionables. Los tribunales aluden que su responsabilidad es investigar, sí, pero hacerlo cuando exista base real y no de manera prospectiva, por si acaso, poniendo la sombra de la duda sobre personas que ya están tocadas por la mano de la sospecha. No se puede negar que algunos jueces están sobrepasando sus límites, y para muestra, cuando algunos transgredieron las normas, manifestándose con toga delante de los tribunales para pronunciarse sobre una ley que ni siquiera estaba escrita. Deberían considerar el daño que se autoinfligen con este tipo de actuaciones partidistas.

Algunos me contestarán, España tiene un sistema garantista y cualquier persona puede denunciar a un juez. Claro, esa es la teoría, pero sabemos que el corporativismo no es un mal exclusivo de la medicina o de los periodistas; el famoso perro no come perro, se podría llevar también al terreno de toga, no condena toga. Esto es fácilmente constatable¿cuántos jueces han sido condenados a lo largo de la historia de España? Tantos como denuncias de unos médicos contra otros por malas praxis médicas o como reportajes periodísticos sobre fake news de otros medios. Existen, pero pocos. Así que, los jueces pueden actuar con más libertinaje que libertad, pueden hacer durar un proceso años, la Justicia que es muy lenta dicen, los jueces pueden investigar a un particular con una base de bulos, los jueces pueden desplazarse hasta la Moncloa para tomarle declaración al presidente, y todo, parece cuestionable, pero la realidad es que no hay un mecanismo inmediato que pueda parar un abuso de poder semejante. Porque, admitámoslo, todo poder puede cometer abuso, también la Justicia. Y luego, aunque todo quede en nada, como el caso Neurona contra Podemos o el caso de Vicky Rosell, a ver quién les devuelve el calvario sufrido a las víctimas.

Y llegamos al tema político clave, cuándo debe dimitir y en qué circunstancias un político. Máximo Huerta dimitió por una paralela, Carmen Montón por el caso del máster universitario fake, Cristina Cifuentes por algo similar y por las imágenes de las cremas, José Manuel Soria por cambiar de versión varias veces sobre lo de las empresas en paraísos fiscales, María Gámez porque investigaban a su marido. Hay más, pero tampoco muchos más. Los casos son muy diversos y justo los mencionados en ninguno mediaba la acusación judicial, ni la imputación, ni la apertura del caso oral. En todos ellos hubo una voluntad política de erradicar una crisis reputacional y de preservar la institución a la que pertenecían.

El protagonismo de los jueces en la política española es inédito. Causas judiciales abiertas por doquier a políticos y familiares

Lo que nos devuelve a la actualidad. ¿Debe dimitir el fiscal general del Estado para preservar el buen nombre de la institución a la que representa? ¿Quién más debería dimitir en esta ofensiva judicial contra el ejecutivo? El Partido Popular ya ha pedido la dimisión del presidente del Gobierno por todos los casos que han sido judicializados por el propio Partido Popular. Resulta evidente, en estos momentos, la estrategia de Génova pasa por instrumentalizar el enojo del estamento judicial y ponerlo al servicio de sus planes de acabar con el gobierno, gracias a que el poder judicial en este país tiene pocas medidas de autocontrol para evitar los abusos de poder. Por qué hasta los menos sospechosos hablan de cómo el juez Peinado está traspasando algunos límites, algo que nadie está dispuesto, ni siquiera a investigar; el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha rechazado la querella de Pedro Sánchez, como también rechazó la querella de Máximo Pradera al juez Peinado por prevaricación y delito de revelación de secretos, mientras que por esto último se pide la dimisión del fiscal general sin pruebas fehacientes que demuestren que fue él.

La separación de poderes en una democracia garantiza que no existan abusos de poder, que unos se vigilen a los otros para que ninguno de ellos prevalezca. Sin embargo, los políticos deben asumir responsabilidades incluso en fases incipientes, cuando todavía hay poco más que indicios o una acusación malintencionada. Por el contrario, quien exige dimisiones a los jueces, cómo podemos hacer que magistrados que erraron en sus juicios o que tienen intereses ocultos en sus acciones no queden impunes. España no puede ser una oligarquía judicial.