Si cortas una cabeza, salen mil: la paradoja que está desangrando Latinoamérica

En 2018, estuve valorando la posibilidad de mudarme a Ecuador y uno de los argumentos que salían en todas las conversaciones era su índice de criminalidad, entre los más bajos de América Latina. Desde entonces, la tasa de homicidios se ha multiplicado por ocho. El país ha pasado de cinco a 40 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Para hacernos una idea, en España se sitúa en torno a 0,6.

Los analistas insisten en que no hay apenas precedentes contemporáneos, en que pocos países han caído en una espiral de violencia semejante en tiempos de paz. “Es tan sorprendente que parece un misterio”, me dice Adam Isacson, director de WOLA, una organización de Washington que recoge y procesa toneladas de información sobre derechos humanos en el continente.

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En los informes, se repiten algunas hipótesis secundarias. Se habla, por ejemplo, de la inestabilidad política creada tras la tortuosa salida de Rafael Correa del poder. O de la desaparición de las estructuras de Estado durante el covid. Quizás hayan visto alguno de esos vídeos que corrían por WhatsApp con cadáveres incinerados en las aceras de Guayaquil por los propios vecinos porque las autoridades no eran capaces de retirarlos de las calles antes de que se pudriesen.

Pero esto son como mucho potenciadores de un problema regional: la criminalidad ligada al narcotráfico. Ecuador, como Venezuela, no es un país productor de cocaína, pero siempre ha sido un país de tránsito hacia el Pacífico para la coca cultivada en los tres gigantes mundiales de la industria: Perú, Colombia y Bolivia. Las autopistas de la droga estuvieron durante décadas bien engrasadas y pacificadas porque permanecían controladas por grandes grupos organizados, en connivencia con las autoridades.

Pero el equilibrio se rompió en algún momento de los últimos años y no está claro qué ha ocurrido. Expertos como Daniel Mejía, economista especializado en droga de la Universidad de Los Andes, lo atribuyen a la desmovilización de las FARC. Al debilitarse y retirarse de las zonas fronterizas, Ecuador se convirtió en un territorio en disputa. Los poderosos cárteles mexicanos de Jalisco y Sinaloa entraron en tromba. Después, a río revuelto, aparecieron nuevos actores regionales (por ejemplo, grupos de exguerrilleros en busca de una nueva ocupación) e incluso europeos, incluidas las bandas albanokosovares. Ahora están en guerra abierta y nadie tiene la capacidad de mantener el orden. Mientras, las fuerzas de seguridad ecuatorianas tampoco están preparadas para hacerles frente.

Arturo Torres, periodista de investigación ecuatoriano, cree que la atomización del crimen organizado tuvo también mucho que ver con la pandemia. "Al acabar las restricciones, había mucha droga a la que dar salida y las bandas que controlaban el tráfico no podían moverla toda. Se recurrió a grupos nuevos. Otros llegaron de fuera. Así, pasamos de dos grandes bandas a 17 en pocos meses. Y a algunos se les empezó a pagar con cocaína, amplificando el problema. El 90% de los homicidios se produce durante las peleas entre estos grupos". La fuerza destructora del narco y sus tentáculos en la política son ya más un fenómeno regional que local. Se extiende como una mancha de aceite que alcanza cada vez más países. "Las organizaciones políticas tienen relaciones con las bandas. El asesino de Villavicencio tenía tatuajes de los Latin King y la policía ha detenido hasta ahora a seis colombianos implicados".

En resumen, la fragmentación del mercado desestabilizó el tablero y disparó la criminalidad, en una secuencia de matanzas e impunidad parecida a la vivida en otros países. Una enfermedad que, una vez prende, va penetrando capilarmente en todos los estratos de la sociedad. Y aunque la velocidad a la que se han deteriorado las cosas en Ecuador es sorprendente, tampoco es algo que no se haya visto antes.

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En México, donde el Gobierno ha perdido el control de varios estado del país, ocurrió algo parecido en su día. Durante décadas, fue un territorio de tránsito en el que no había demasiada violencia ligada al narco. Pero el hundimiento de las estructuras corruptas del PRI, la presión ejercida por Washington desde el 11-S y la determinación de los sucesivos gobiernos por declarar la guerra al narcotráfico convirtieron el país en un polvorín.

La corrupción institucionalizada y los acuerdos secretos con los narcos dieron paso a algo aún peor: una batalla entre cárteles rivales en la que el Ejército a veces opera como un actor más. Y no siempre el mejor armado. Sucede que declararle la guerra al narcotráfico es una idea que, intuitivamente, todos tendemos a apoyar. Sin embargo, puede convertir la vida de millones de personas en un infierno y a destruir la reputación de los políticos que la alentaron tras dejarse convencer por las promesas de Estados Unidos.

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Es pertinente subrayar hasta qué punto se ha hundido el Partido Acción Nacional (PAN). Hay pocas personas más impopulares en México que sus dos presidentes: Vicente Fox y, sobre todo, Felipe Calderón. También salpicó a los reformistas del PRI y lastró el sexenio de Enrique Peña Nieto, dejando el terreno expedito para la llegada de Andrés Manuel López Obrador. Como en Oriente Medio o Afganistán, las recetas de Washington para arreglar regiones complejas sin entender su idiosincrasia han provocado un desastre sin paliativos.

En Colombia, el laboratorio de todo lo que ocurrió después, la historia tampoco fue muy diferente. Durante la eclosión de la cocaína, cuando el polvo blanco se popularizó en las discotecas de Estados Unidos, ni en Medellín ni en Bogotá había un problema de seguridad o criminalidad a causa del tráfico de droga. Los grupos organizados crecían y amasaban gigantescas fortunas con el beneplácito corrupto de las autoridades. La droga entraba y se distribuía al otro lado del río Bravo sin mayores problemas.

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La sangre se empezó a derramar cuando Washington, consciente de los problemas para la salud pública que estaba provocando la cocaína, decidió presionar. Richard Nixon fundó la DEA en 1973 y sus agentes se fueron estableciendo poco a poco en Colombia, coordinando los esfuerzos por arrancar el problema de raíz. El país caribeño entró entonces en una espiral de inestabilidad política y asesinatos que se encarnizó aún más con la entrada de las FARC en el negocio.

Es la gran paradoja de la lucha contra el narcotráfico, la misma que se reproduce una y otra vez por todo el continente. Tolerar y negociar con los narcos es la manera más sencilla de mantener la paz, pero alimenta un monstruo que luego, cuando se descontrola, resulta imposible de frenar. Si se decide actuar con contundencia, se desatan los truenos. Al cortar una cabeza, aparecen otras 100 que se muerden entre sí, arrastrando a toda la sociedad. Entre la mano dura al estilo Bukele (que mantiene en prisión al 2% de la población) y la legalización de las drogas, hay infinidad de recetas intermedias. Se han probado todas y ninguna parece funcionar. “En el largo plazo, todos sabemos a lo que se tiene que aspirar, a estabilizar la situación y crear Estados de derecho capaces de controlar su territorio de verdad”, dice Isacson. “Pero en el corto plazo, no hay opción limpia”.

Un último apunte: la cocaína que sale desde Ecuador, por la ruta del Pacífico, ya no acaba mayoritariamente en Estados Unidos y Canadá como sucedía hace diez años. Ahora termina en Europa. Y España es el país que más consume per cápita de toda la UE. La peste que asola América Latina la esnifamos aquí.