El PSOE no quiere debatir de inmigración ni aunque se lo pidan los obispos

De la Conferencia Episcopal a la extrema izquierda, pasando por cientos de ONG, decenas de ayuntamientos, e incluso asociaciones de prostitutas. Se han puesto todos de acuerdo para llevar al Congreso una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) con la que poder debatir el estatus legal de los cientos de miles de personas (entre 390.000 y 470.000, según los cálculos) que residen de manera irregular en España. La propuesta se puso por primera vez sobre la mesa en otoño de 2021 y ha logrado desde entonces el apoyo de 906 organizaciones y el aval de 715.236 firmas (611.821 oficialmente validadas).

Después de meses de negociaciones entre socios coyunturales con sensibilidades muy distintas, lo que propone la ILP se reduce a un único párrafo, ya expuesto en la Comisión de Migraciones presidida por la diputada de Sumar, Aina Vidal. Consiste en modificar una disposición transitoria de la Ley sobre derechos y libertades de los extranjeros en España, para dejarla redactada de la siguiente manera: "Se establecerá, en el plazo de 6 meses, un procedimiento para la regularización de los extranjeros que se encuentren en territorio español antes del día 1 de noviembre de 2021". Se trata, hablando en plata, de efectuar una regularización como la que se llevó a cabo en 2005 bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, cuando se le dieron papeles a más de medio millón de personas.

Se puede estar de acuerdo parcial o totalmente. También se puede disentir con vehemencia, matizar, exponer argumentos distintos a los esgrimidos por la plataforma, incluso rebatiendo la autenticidad de los datos aportados, proponiendo todas las enmiendas que se quiera. Pero para eso es necesario que el martes se decida dar luz verde al debate en el pleno del Congreso de los Diputados. Hay un partido que se niega en redondo (Vox) a considerar el tema y varios que están a favor (todos los socios de Sánchez). Pero el veredicto, como es habitual, queda en el tejado de PP y PSOE. Y aquí es donde los promotores de la iniciativa se han encontrado con un obstáculo que no esperaban.

Lo explica uno de los negociadores de la plataforma, Xabier Parra, director de SERCADE, obra social de la Orden de los Capuchinos. "El PP hizo un discurso bien armado, incluso desde mi discrepancia a su posición. Dijeron entender la necesidad social y solo se opusieron en las vías, en el clima de confrontación existente con el PSOE para llegar a un acuerdo pactado. Pero se han mostrado dispuestos a hablar, a plantearse una abstención, incluso. El gran problema es que el Partido Socialista se ha opuesto desde el principio, a pesar de que tiene a todos sus socios a favor, incluido Junts. Primero argumentaron que la Unión Europea no se lo permite y, cuando conseguimos una carta de la comisaria europea competente, de la sueca Ylva Johansson, entonces dijeron que las políticas de reglamento de extranjería actuales son suficientes". La misiva de Johansson, por cierto, no deja lugar a dudas (aquí puede leerse íntegra). "La regularización de los migrantes irregulares es una cuestión cubierta por la legislación nacional", dice en su primera frase.

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Junto a la propuesta, la plataforma improvisada ante lo que consideran una "emergencia" presenta una batería de argumentos. En el dosier hay encuestas de opinión, datos de empleo de los irregulares (todos en negro, claro, en sectores con escasez de mano de obra como la construcción, la hostelería, el trabajo doméstico o la industria), o el porcentaje de menores (más de 100.000). También hay cálculos económicos, informes sobre el impacto para las arcas públicas y la Seguridad Social, etcétera. Es evidente que es todo discutible y muy subjetivo, pero la cuestión no es esa. La cuestión es que el Gobierno se niega de nuevo a tener un debate público sobre el tema porque eso le obligaría a retratarse frente a un electorado dividido al respecto.

Como ha explicado alguna vez Ramón González Férriz en este periódico, el giro restrictivo frente a la inmigración es transversal a casi todos los gobiernos occidentales. Y ese cambio de registro está afectando especialmente a los partidos de izquierdas. En España, sin embargo, el tema se esconde, se finge que no existe, precisamente para no tener que hablar de ello. Solo se aborda desde ópticas folclóricas y navegando guerritas culturales diseñadas para no concluir nada. Unas veces acusando a los rivales de racismo, otras rasgándose las vestiduras, pero lo que no hacen nunca es utilizar su mayoría parlamentaria para afrontar el desafío, o al menos intentarlo.

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Los pocos intentos de reforma que se han hecho, siempre eludiendo el debate público, han chocado con la oposición de los sindicatos y del propio Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz, que considera que hay demasiados parados en España con nacionalidad española como para abrir la mano con los llegados de fuera. A José Luis Escrivá le ha pasado al menos dos veces. La primera en noviembre de 2022, cuando intentó ampliar el absurdo catálogo de ocupaciones de difícil cobertura. La segunda en mayo de 2023, cuando propuso una reforma destinada a regularizar a miles de los que ya trabajan, mucho menos ambiciosa que la que propone esta ILP.

No sé a ustedes, pero a mí me gustaría saber qué piensa el gobierno de España sobre el fenómeno de la inmigración y sobre el estatus de los alrededor de medio millón de personas que viven y trabajan sin papeles.