El reparto de publicidad institucional y alguna cosa más

Hace algún tiempo me tocó explicar en una cena con periodistas del centro y el norte de Europa los problemas que tiene la prensa española con el reparto de publicidad institucional. Cuando acabé, la mayoría me miraba como se mira a un antropólogo que explica las condiciones de vida en una tribu perdida en el Amazonas. En sus países, respondieron, los criterios son transparentes y están regulados al milímetro. Alguien fue incluso más allá: los medios afines, juraba, tienden a salir peor parados en el reparto, precisamente para que nadie pueda reprocharle al Gobierno de turno que hay un trato de favor.

La idea de que la información es un servicio público que debe ser protegido y parcialmente financiado es consustancial a esos países. Un modelo distinto a, por ejemplo, el anglosajón, donde prima la iniciativa privada y casi todo se articula a través de la filantropía, las fundaciones, etcétera. España está en la categoría de países en los que hay garantías para la libertad de prensa —sujeta, lógicamente, a un marco jurídico—, pero donde los poderes públicos, todos y de todos los colores, se sienten legitimados a utilizar lo que tengan a su alcance para influir y presionar. La mayoría no se quejan porque participan y tienen miedo a las represalias. Pero esto es malo para la sociedad en su conjunto y, aún más, para la credibilidad de una profesión cuya reputación ya se observa seriamente herida en las encuestas de opinión.

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Por todo lo anterior, la "reflexión" abierta por Pedro Sánchez y el ecosistema que lo rodea sería una magnífica noticia si fuese honesta, y no una estrategia para polarizar, distraer la atención y asustar a los medios más críticos. Como aquí somos de naturaleza confiada y abierta al entendimiento, estamos dispuestos a dejarnos convencer. Para ello, habría que cumplir con los dos requisitos de partida: transparencia y ejemplaridad.

Se me ocurren varias cosas para empezar. Lo primero sería disponer de una relación detallada, actualizada y de libre acceso a todas las campañas de publicidad institucional que efectúa el Gobierno, sus ministerios, así como las empresas públicas o semipúblicas que controla. Se podría, además, presentar todo en una rueda de prensa periódica. Me refiero a una de las de verdad, de esas que se hacían antes y en las que se aceptaban preguntas.

Opinión

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Otro punto de partida sería garantizar y normalizar el acceso a la información, sin perseguir y castigar a las fuentes —especialmente funcionarios y cargos administrativos—, sin negar datos públicos, ni obligarnos a recurrir constantemente a Transparencia para conseguirlos. Igualmente, estaría bien que se repartiese la presencia de los altos cargos del Gobierno en medios (entrevistas, por ejemplo) con algún tipo de criterio sólido. Me vale casi cualquier cosa que suene bien y no sea la afinidad ideológica con el medio o el entrevistador.

Algo que también aplaudiríamos casi todos es que se acabase con esa costumbre de elaborar listas de periodistas sugeridos y/o vetados para participar en las tertulias radiofónicas o televisivas de medios públicos. Y también de los que no son públicos. Finalmente, sería de agradecer que se renunciase a las presiones y las estrategias de control sobre la línea editorial. Para acabar, un signo de buenas intenciones consistiría en dejar de utilizar los medios amigos para filtrar las decisiones de gobierno como si fuesen el BOE.

Son cuatro ideas sueltas. Pero seguro que entre todos se nos ocurren muchas más.