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La lección de Meloni a Sánchez de la que no has oído hablar
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Ángel Villarino

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La lección de Meloni a Sánchez de la que no has oído hablar

Obligada por la escasez de mano de obra, Meloni estableció los criterios para la entrada de más de 440.000 inmigrantes legales en Italia. Pero las mafias italianas lo han convertido en un negocio

Foto: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y primera ministra italiana, Giorgia Meloni. (EFE/Archivo/Miguel Ángel Molina)
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y primera ministra italiana, Giorgia Meloni. (EFE/Archivo/Miguel Ángel Molina)
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Se repiten estos días dos coletillas argumentales con motivo de la gira de Pedro Sánchez por el Oeste africano. La primera consiste en expresar un rechazo rotundo a la inmigración ilegal y una comprensión infinita con la legal. El segundo estribillo, ritornello más bien, trata de comparar las llegadas por mar en la España de Sánchez con las de la Italia de Meloni. Ninguna de las dos cosas sirve de mucho si no entendemos bien de lo que estamos hablando.

Para abordar el primer asunto habría que definir de una vez a qué nos referimos cuando hablamos de inmigración irregular. Los que entran al país de manera ilegal (en embarcaciones o saltando verjas) son muy pocos sobre el total, del orden de decenas de miles cada año. Centrarse exclusivamente en ellos sería entretenerse con la espuma de la ola. La parte más visible y llamativa, pero un pequeño porcentaje sobre el total.

Cosa distinta es abrir la categoría a todo aquel que pasa en algún momento por la clandestinidad. Tiremos del retrato robot: una mujer colombiana que entra por Barajas sin incumplir ninguna norma —ni siquiera necesita visado— y que, pasados los 90 días que marca la ley, entra en situación irregular. Después se empadrona, trabaja un tiempo en negro —probablemente limpiando una vivienda particular o cuidando de un anciano— y finalmente obtiene un permiso de residencia y de trabajo. Ya está regularizada, de manera que ya nos parece bien.

Si es de esto de lo que estamos hablando, estamos hablando de muchos cientos de miles cada año. Básicamente de la totalidad de los extracomunitarios, salvando excepciones coyunturales como la ucraniana y expedientes como el de las reagrupaciones familiares (se aprueban unas 40.000 al año). En el caso de que lográsemos cortar de raíz este flujo migratorio con un despliegue policial sin precedentes, la economía española sufriría un déficit de mano de obra en decenas de categorías profesionales que nos obligaría a redefinirlo todo. Mi compañero Javier Jorrín sacó esta semana algunos datos que ayudan a entenderlo.

Meloni, ahora vamos con ella, tuvo que sortear esta misma paradoja hace apenas unos meses. Después de declararle la guerra a la inmigración ilegal, en otoño de 2023 aprobó un decreto con el que abrir una vía legal a los extranjeros que quieren ir a Italia a trabajar, un trámite para armonizar las necesidades de la economía con las ganas de emigrar. Hizo, en definitiva, lo que en España es imposible hacer desde la crisis financiera. Por oposición de los sindicatos, entre otras cosas.

La reforma de Meloni habilitó cuotas de entrada legal en tres años consecutivos. Un total de 440.000 plazas disponibles para aliviar el problema de mano de obra hasta 2026 y sacudirse la presión de su tejido empresarial. Pero en junio de este año se presentó ante todos los italianos para reconocer que las cosas no estaban saliendo bien. Las regiones con más implantación mafiosa, encabezadas por Campania (Nápoles) estaban copando las peticiones con ofertas de trabajo fraudulentas, papeles que después revendían a las mafias de otros países, sobre todo Bangladés, para cobrar un "pasaje seguro" a los inmigrantes. Primera lección: para combatir la inmigración ilegal es necesario abrir espacios para la inmigración legal. Segunda lección: las organizaciones criminales y la picaresca van a estar al acecho y solo saldrá bien si dedicas recursos y esfuerzos a auditarlo.

Foto: Buque naviero. (EFE/David Arquimbau Sintes) Opinión

Además de eso, la primera ministra italiana ha actuado en otros tres frentes fundamentales. El más visible y corrosivo es la guerra cultural, y en algunos casos fiscal, lanzada contra el ecosistema que apoya a los inmigrantes: a las ONG e instituciones que venían ocupando el lugar que dejó vacante el estado desde el momento en que se arrojó el fenómeno migratorio a la clandestinidad. Su labor, y la inevitable red clientelar que genera en ocasiones, serían totalmente innecesarios si el estado se ocupase de ordenar los flujos. Es difícil de medir su efectividad, ya que el objetivo principal consiste en desincentivar a los inmigrantes poniéndoles las cosas lo más difícil posible.

La segunda gran campaña de Meloni tiene que ver con la creación de centros de detención fuera de su país, concretamente en la vecina Albania. La idea surgió en Australia hace tiempo y después se probó en Reino Unido hasta que el Tribunal Constitucional falló en contra. Al ser algo relativamente novedoso, ha generado críticas furibundas y adhesiones ciegas. Más allá de que pueda convertirse en un símbolo por su contundencia, no parece que vaya a notarse demasiado por ahora. Albania está dispuesta a acoger por ahora a 3.000 inmigrantes, todos hombres y mayores de edad. Una gota en el océano. Podría tener, eso sí, un efecto disuasorio a largo plazo siempre que el proyecto se mantenga en el tiempo. El primer desembolso ha sido de 800 millones de euros —la factura irá en aumento— y la oposición albanesa está radicalmente en contra.

Llegamos al tercer paquete de medidas adoptadas por Meloni, el que sí ha funcionado este verano, y el que se repite estos días sin cesar para restregárselo a Sánchez por la cara. El ministerio de Interior italiano presentó datos (aquí están) esta misma semana y es cierto que se ha reducido drásticamente la llegada de inmigrantes por mar respecto al año anterior. Se ha pasado de los 113.469 que entraron entre el 1 de enero y el 27 de agosto de 2023, a los 40.138 de este año. Siguen siendo más que los que ha recibido España en el mismo periodo, pero la caída es espectacular. De hecho, es incluso mejor que la que obtuvo Mario Draghi en su último verano en el gobierno, el de 2022, cuando llegaron algo más de 50.000. La nacionalidad que encabeza la lista de llegadas es, por cierto, bangladesí... pero parten desde Libia.

Foto: La inmigración alimenta el mercado laboral. (EFE/Nacho Gallego)

¿Cuál es el secreto? Durante algún tiempo Meloni habló de un “bloqueo naval” para frenar a los inmigrantes, pero pronto se dio cuenta de que no iba a poder cumplirlo. Y entonces retomó la misma receta que usaron todos los gobiernos anteriores, algunos incluso socialdemócratas: regar a los países emisores del otro lado del Mediterráneo con toneladas de dinero y material a cambio del control efectivo de sus fronteras. Por supuesto, dándoles vía libre para actuar.

El asunto se ha convertido en los últimos años en algo así como una puja. Cuando la Unión Europea alcanzó un acuerdo millonario con Erdoğan para tapar el coladero turco, la Libia anárquica de la era post-Gadafi se convirtió en el gran puerto de partida y las costas italianas alcanzaron cotas nunca vistas en 2016. Sucesivos gobiernos italianos, con la ayuda de Bruselas, extendieron otro cheque a Trípoli y enviaron barcos y material para levantar una barrera en origen. Así, las cosas se estabilizaron unos años hasta que, en 2023, el primer verano de Meloni en el poder, se abrió un nuevo frente en Túnez.

Dicen que el presidente Kais Said decidió por aquellas fechas que la UE no le estaba pagando el precio que valía la vigilancia de sus fronteras marítimas. Y así, seis meses después de llegar al gobierno, Meloni asistía horrorizada a un repunte inaudito de las salidas desde Túnez. A mediados de julio, impulsó un memorando de entendimiento sellado por la UE. Ella y Von der Leyen llamaron al palacio de Said con más de mil millones de euros y todo tipo de promesas. En cuestión de meses, los subsaharianos instalados en territorio tunecino empezaron a ser empujados hacia el sur y las cifras volvieron a la normalidad. Por si acaso, para que no se abra un nuevo frente, Meloni ha impulsado otro acuerdo similar con Egipto. Así que las cifras que ha presentado esta semana su ministerio del Interior han costado una fortuna en ayuda exterior.

Foto: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante un viaje a Mauritania en febrero de 2024. (EFE/Moncloa/Pool/Borja Puig de la Bellacasa) Opinión

Después de ver que muchas de sus ocurrencias no conducían a ningún sitio, la primera ministra italiana ha acabado haciendo lo que todos los demás, lo mismo que intenta hacer Sánchez con Marruecos —un toro como el de Erdoğan, difícil de lidiar—y lo mismo que está haciendo ahora durante su gira africana. Es muy probable que logre estabilizar las cosas cuando empiece a correr el dinero, aunque los problemas de ese rincón del mundo, especialmente de Mali, podrían complicar el panorama. En cualquier caso, la lección que sí ha dado Meloni a España es que ordenar la inmigración legal de manera eficaz es un paso indispensable para poner orden. Lo demás es parte del teatro de marionetas de cada día.

Se repiten estos días dos coletillas argumentales con motivo de la gira de Pedro Sánchez por el Oeste africano. La primera consiste en expresar un rechazo rotundo a la inmigración ilegal y una comprensión infinita con la legal. El segundo estribillo, ritornello más bien, trata de comparar las llegadas por mar en la España de Sánchez con las de la Italia de Meloni. Ninguna de las dos cosas sirve de mucho si no entendemos bien de lo que estamos hablando.

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