11 razones que explican la peligrosa parálisis reformista en pensiones

En la película estrenada este año 'No mires arriba' ('Don’t look up'), unos astrofísicos descubren un meteorito gigante que se acerca peligrosamente a la Tierra. Los científicos coinciden en que, dada la trayectoria de la roca, un impacto potencialmente catastrófico para la humanidad es altamente probable. Sin embargo, políticos, medios y sector privado son incapaces de colaborar para ofrecer una respuesta efectiva al reto común. La película tiene un evidente mensaje político de fondo en relación con el reto del cambio climático. Pero la analogía —tomada con un grano de sal, como dicen los ingleses— también sirve para entender el reto político del envejecimiento y las pensiones.

Los datos son abrumadores: nos enfrentamos a un invierno demográfico. Somos el país con la esperanza de vida más alta del mundo, solo por detrás de Japón. Y el tercero con una tasa natalidad más baja. El número de personas mayores de 65 años ha crecido en aproximadamente siete millones de personas desde 1980. Es decir, hemos pasado de tener unos 4,1 millones de pensionistas en 1980 a 11 millones de pensionistas hoy. Las proyecciones dicen que en los próximos 25 años se añadirán otros cinco millones de pensionistas hasta llegar a los 16 millones. Para entonces, la ratio de personas en edad de trabajar por cada pensionista —lo que en jerga económica llamamos tasa de dependencia— pasará del 26% actual (cuatro por cada pensionista) al 53% (dos por cada pensionista) en 2050. La AIReF estima que en ausencia de nuevas reformas en 25 años pasaremos a tener un gasto en pensiones del 17,4% del PIB —de lejos el más alto de la UE 28— frente al 11% actual.

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Esos números plantean un reto de primer orden a los estados del bienestar. Lo viví en primera persona como responsable de la negociación de dos Presupuestos Generales del Estado en mi anterior vida como diputado. Solamente como consecuencia del aumento inercial —cada año se incorporan al sistema más pensionistas que en el año anterior, que cobran de media una pensión más alta— se van varios miles de millones cada año de gasto estructural adicional. Eso deja muy poco margen para invertir en otras políticas.

Si a eso le añadimos la decisión de suspender las anteriores reformas de pensiones y la espiral inflacionaria en la que nos encontramos, el cóctel se vuelve peligroso. Como mostramos en el último Policy Brief de EsadeEcPol, del total de gasto social de este año, cuatro de cada cinco euros se van a pagar pensiones y la gran mayoría de ese gasto se concentra en los pensionistas más ricos.

El consenso entre expertos al respecto a la necesidad de abordar una reforma que distribuya de forma justa los costes de esa transición demográfica es amplísimo. Sin embargo, sucede algo extraño: pasan los años y las reformas nunca suceden. O lo que es peor: se hacen reformas en dirección contraria. ¿Por qué? Aquí trato de agrupar algunas razones:

1. Los costes de la no reforma son difíciles de visualizar para la gente: la factura del 'statu quo' es imprecisa y a menudo consiste en costes de oportunidad difusos (¿qué uso alternativo podríamos estar dando a esos recursos?) o costes demasiado abstractos (¿qué significa un punto más de déficit?) que no preocupan a la gente mientras hace su compra en el Mercadona.

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2. Los partidarios del 'statu quo' están concentrados y son visibles, mientras que los beneficiarios de las reformas son difusos y alejados en el tiempo. Los pensionistas se organizan, tienen una agenda muy clara y hacen presión, mientras que los potenciales beneficiarios son difíciles de identificar (generaciones futuras, etc.) y no están organizados.

3. Las personas mayores son votantes mucho más fiables y numerosos que los jóvenes. Son más, en el censo los menores de 35 años son la mitad que los mayores de 55 años. Son menos promiscuos en su voto, cambian de parecer y se abstienen mucho más a menudo. Eso hace que los partidos tiendan a priorizar sus intereses sobre los de otros colectivos.

4. Nuestro sistema electoral favorece el sesgo político hacia los mayores: la gente mayor está sobrerrepresentada en las provincias pequeñas, donde los escaños cuestan menos votos. Con parlamentos tan fragmentados, los votos rurales van muy competidos y el potencial coste político de una reforma de pensiones que les perjudique aumenta.

5. El peso de los mayores de 65 en la sociedad ha crecido mucho desde que se firmó el Pacto de Toledo: se alude muy a menudo a reeditar el Pacto de Toledo para tratar de “sacar las pensiones del juego político”. Y se ha tratado de hacer: yo mismo estuve sentado a la nueva mesa del Pacto de Toledo en el Congreso. Pero los incentivos de los partidos para llegar a acuerdos son muy pequeños: “¿Por qué voy a asumir yo los costes políticos de una reforma?, ¡que se lo coma el Gobierno!”. La demografía también ha cambiado más de lo que algunos podrían pensar desde 1995: hoy, el peso de las personas mayores de 65 años sobre el total (y, por tanto, su influencia política) es más grande (ver gráfico).

6. Los mayores de 55 años son mayoría en los dos grandes partidos. Hoy suponen el 52,3% para el PP y el 52,4% en el PSOE. Ese porcentaje ha crecido en ambos partidos en más de 10 puntos desde el año 1995, en que se firmó el Pacto de Toledo. Eso hace a los grandes partidos más sensibles a las preferencias de los mayores (ver gráfico).

7. Hay una falsa creencia en política de que los políticos que asumen reformas costosas pierden elecciones. En mi experiencia, los políticos son enormemente adversos a asumir costes políticos en el corto plazo. Sin embargo, la evidencia sobre reformas estructurales dice que los liderazgos valientes que asumen reformas estructurales de calado no son más penalizados que otros gobiernos menos reformistas.

8. Los gobiernos tienden a reformar más cuando tienen una mayoría fuerte, están a principio de mandato o cuando se enfrentan a una crisis o a restricciones externas (presión de los mercados, programas de rescate…). Para España, la fragmentación política, la política monetaria ultra-expansiva del BCE y la total ausencia de presiones externas han contribuido a reducir mucho los incentivos a hacer reformas desde 2013.

9. Los humanos nos perdemos con magnitudes tan grandes. Es común escuchar “¡que se bajen los sueldos los políticos!” o “¡que paguen las grandes fortunas el aumento de pensiones!”. Más del 40% del presupuesto español se dedica a pagar pensiones. Miguel Ángel García estima que expropiando todo el patrimonio de Amancio Ortega (una de las personas más ricas del planeta) y el del resto de grandes fortunas en España, no se llegaría a pagar las pensiones españolas 1 solo año. Pero no habría más para comenzar el siguiente ejercicio presupuestario.

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10. Es importante el orden en el que planteas la reforma… y es mala idea dar el postre antes de las espinacas. Si te comprometes a subir las pensiones con el IPC (en favor de la suficiencia del sistema), deberías sacar algo a cambio en favor de la sostenibilidad del sistema y las futuras generaciones (algo que hasta ahora no se ha logrado).

11. Se puede estar de acuerdo en que es necesaria una reforma, pero resulta más difícil concretar cómo se distribuyen los costes. Cualquier reforma que se haga a futuro tendrá que incorporar inevitablemente medidas para reducir los costes del sistema y también para mejorar ingresos. Esa reforma, además, tendrá que implementarse de forma muy progresiva para que los afectados puedan cambiar sus decisiones de ahorro.El diseño de esas medidas condicionará completamente la viabilidad política de la reforma.

La peor defensa del sistema público de pensiones es el inmovilismo. Los países que han optado por vendarse los ojos, lo han terminado pagando con brutales recortes —piensen en Grecia en la crisis del euro—. El reto ahora en España no es tanto el de tomar conciencia de que tenemos un problema. Eso ya lo sabemos.

El reto grande es empezar a pensar en serio (incorporando las restricciones políticas mencionadas) no en la reforma óptima, sino en una reforma políticamente viable que evite que el meteorito nos estalle en las narices.