A propósito del embarazo de la Princesa de Asturias y de la sucesión en la Corona Española

La noticia del embarazo de la Princesa de Asturias ha puesto en primer plano mediático y político a la Monarquía, suscitando además las opiniones más variopintas sobre la sucesión en la Jefatura del Estado, al hilo del proyecto de reforma constitucional patrocinado por el Gobierno para, según se dice, eliminar la discriminación entre el hombre y la mujer.

Algo que parece de puro sentido común, si no fuera porque todo el esfuerzo jurídico y político de la tal reforma se hace para preservar, en los comienzos del siglo XXI, una institución anacrónica, basada en la herencia y el privilegio, que tiene poco o nada que aportar como ejemplo de modernización y democratización de las instituciones políticas de España. Parecería más congruente plantear su sustitución por una Jefatura del Estado elegida, para dotarla de legitimidad democrática, lo que fortalecería su papel institucional y respondería a las exigencias de plenitud cívica, que demanda la gran mayoría de los españoles.

Para nadie es un secreto que la Constitución de 1978, cuya reforma se plantea el Gobierno, fue producto de una circunstancia especial: el general Franco murió como Jefe de Estado, su régimen estaba intacto y frente al mismo, por razones obvias, no había una oposición democrática sólida y vertebrada. Hubo, por tanto, una transacción: la Monarquía, a cambio de su aceptación, sancionó una Constitución, formalmente democrática, que otorgaba a sus hacedores, entre ellos los nacionalistas, importantes privilegios. Esa Constitución quedó blindada ante futuros cambios y el republicanismo, como expresión unitaria de una España democrática y laica, continuó excluido de la política nacional.

No obstante, sería mezquino no reconocer que el cuerpo fundamental de derechos contenidos en la Constitución y la defensa de los valores de la paz, la tolerancia y la secularización, han enriquecido a la sociedad española, lo que no es poco, dada nuestra historia. Pero de ahí a propugnar que el carácter instrumental, y en cierta medida transitorio, de la monarquía restaurada en 1975 pueda trascender a un orden permanente, se nos antoja una pretensión desmedida tanto desde el punto de vista doctrinal como desde unas mínimas exigencias de plenitud democrática.

La crisis constitucional, incubada a lo largo de los últimos 25 años y ya puesta de manifiesto por las poderosas minorías nacionalistas, ha llevado al Gobierno a plantear varias reformas constitucionales, entre ellas la de la Monarquía que nos ocupa, con el fin de superar dicha crisis. Propósito harto complicado a causa de las barreras que la propia Constitución establece y también a las condiciones políticas y sociales de la España de 2005: ahora no se trata de salir de una dictadura, que obligó a múltiples transacciones, sino de rehabilitar o apuntalar un modelo constitucional en crisis, que ha desencadenado un gran número de movimientos centrífugos, que amenazan la propia supervivencia del Estado como garante de la libertad e igualdad de los españoles.

La Monarquía, por su naturaleza arcaizante y el déficit democrático que es consustancial con la institución, es difícil, si no imposible, que pueda recabar el consenso de los españoles del siglo XXI.

Es aventurado predecir el inmediato futuro, pero no es disparatado pensar que los guardianes y defensores de la Transición intenten alguna operación de calafateado constitucional, otorgando nuevos privilegios a algunas minorías nacionalistas más exigentes, a cambio de que estas presten su apoyo al mantenimiento del statu quo, incluyendo en este un modelo de monarquía confederal. Si ello fuera así, nuestro Estado se seguirá deshilachando y el bienestar y libertad de nuestros compatriotas quedará preterido.

*Manuel Muela es presidente del Centro de Investigación y Estudios Republicanos.