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La incertidumbre de las elecciones gallegas y una reflexión sobre el derecho de voto de los emigrantes
El resultado de las pasadas elecciones gallegas, mejor dicho el futuro gobierno de Galicia, depende de los votos de los emigrantes que, como es natural, residen
El resultado de las pasadas elecciones gallegas, mejor dicho el futuro gobierno de Galicia, depende de los votos de los emigrantes que, como es natural, residen y viven permanentemente fuera de esa región. Algo que es, cuando menos, chocante y que, en mi opinión, debería suscitar un debate sobre el tratamiento del derecho de voto en nuestro sistema político.
Como es sabido, la elección de los representantes públicos procede de una vieja y fundada tradición que, ya desde la Edad Media, establecía que esos representantes elegidos debían decidir sobre el pago de los impuestos y sobre la forma de gastar los mismos. Las convocatorias de Cortes o Parlamentos por parte de los monarcas para solicitar recursos están en el origen de la evolución política de todos los países que forman parte de nuestra tradición cultural, especialmente Europa.
El derecho de voto y la representación de los electores han marcado toda la política moderna y contemporánea de las democracias occidentales en una lucha permanente por lograr la supremacía de los parlamentos sobre cualquier otra forma de expresión de la soberanía. El sufragio fue primero estamental, luego censitario y, por último, ya bien avanzado el siglo XIX, universal. Cada país ha tenido sus altibajos en esta evolución, y España es buen ejemplo de ello, pero, en la actualidad, el sufragio universal es un valor común aceptado por todos.
Pero ocurre que la sociedad ha evolucionado a ritmo vertiginoso y el ejercicio del poder público también. Sin embargo, las líneas maestras que definen el sistema representativo mantienen un tono arcaizante, cuyo resultado es un cierto descrédito de la función política y la oligarquización creciente del sistema de partidos y, por ende, de la propia representación.
Lo ocurrido en Galicia pone de manifiesto una disfunción que puede afectar no sólo al gobierno de esa región autónoma, sino a la propia gobernación general del país: una minoría de votantes que no residen en la región y que, es de suponer, no pagan sus impuestos en la misma tienen una capacidad de decisión igual que la de los residentes en ella. Es algo que contraviene los fundamentos últimos del derecho de voto que se otorga a aquél que tiene la ciudadanía y está inscrito en el censo electoral por ser residente en el país, municipio o región correspondiente.
Sin embargo, frente a esa disfunción, nos encontramos con que el derecho de voto se sigue ejerciendo con las pautas tradicionales, un hombre igual a un voto en su lugar de residencia, no contemplándose una ampliación del mismo, en virtud de los cambios habidos en la distribución y gestión del poder público y de la ingente cantidad de recursos que el mismo maneja.
España y su visión restrictiva del voto
Hay países, de vieja tradición democrática, en que prácticamente todos los cargos públicos ya sean jueces, jefes de policía, congresistas, senadores y el jefe del Estado son elegidos, caso de los Estados Unidos de América. El voto es múltiple y sólo exige la inscripción en el censo correspondiente. Otros países, como el nuestro, tienen una visión más restrictiva y el voto sólo se ejerce para la elección del parlamento, los municipios y las regiones autónomas. Por supuesto, la Jefatura del Estado se considera demasiado importante para que sea objeto de elección.
La única modificación enriquecedora del derecho de voto ha sido concedérselo a aquellos ciudadanos de la Unión Europea que viven en España, para que lo ejerzan en las elecciones locales y al Parlamento Europeo. En cambio, a aquellos ciudadanos españoles que tengan intereses o actividad económica fuera de su municipio de residencia les está vedada, por el momento, la posibilidad de inscribirse en los censos electorales correspondientes para, al menos, elegir los concejales y/o parlamentarios autonómicos que van a gestionar una parte significativa de sus impuestos. Es justo la visión opuesta de lo que ocurre en Galicia.
Si consideramos que el modelo constitucional actual ha conducido a que el poder central sólo gestione alrededor de un 25% del presupuesto, repartiéndose el resto entre las comunidades autónomas y los ayuntamientos, sería muy saludable que los ciudadanos pudieran inscribirse y votar en todos aquellos lugares en que paguen impuestos o desarrollen algún tipo de actividad, sin perjuicio de la residencia. Probablemente, se vigorizaría la función pública y se atenuaría el enquistamiento de determinadas elites políticas en algunos ayuntamientos y regiones de nuestro país.
*Manuel Muela es presidente del Centro de Investigación y Estudios Republicanos.
El resultado de las pasadas elecciones gallegas, mejor dicho el futuro gobierno de Galicia, depende de los votos de los emigrantes que, como es natural, residen y viven permanentemente fuera de esa región. Algo que es, cuando menos, chocante y que, en mi opinión, debería suscitar un debate sobre el tratamiento del derecho de voto en nuestro sistema político.