OPAS y Cajas de Ahorro en un país poco habituado al juego del libre mercado

La OPA anunciada por Gas Natural sobre Endesa ha desencadenado una turbamulta de comentarios y opiniones, muchos de ellos adversos a la iniciativa, en los que se mezclan asuntos como la propia OPA, la naturaleza jurídica de las Cajas de Ahorros y la política, por causa del debate sobre el futuro modelo de Estado en el que el Estatuto de Cataluña, región en la que tiene su sede Gas Natural, ocupa un papel primordial.

En España las OPAS tienen una corta y malhadada tradición, desde que a mediados de los años 80 del siglo pasado la OPA hostil del Banco de Bilbao sobre el Banco Español de Crédito rompiera el fuego. El fracaso de aquella iniciativa engendró un vendaval de cambios en el sistema crediticio que finalizó, casi diez años más tarde, con la intervención de Banesto y la destitución de sus administradores, con grave daño para los accionistas y para la imagen del sector bancario. Como consecuencia de ello, las OPAS quedaron en la práctica excluidas del sistema financiero, que continuó su concentración por la vía de las absorciones o fusiones, normalmente más fáciles de negociar y sin apenas intervención de los organismos públicos.

El caso de la que ahora nos ocupa plantea el papel de las Cajas de Ahorros en este tipo de iniciativas, pues Gas Natural forma parte del grupo industrial y de servicios más importante de España, que es el que capitanea La Caixa. Por su parte, Caja Madrid, segunda del país en importancia, es accionista relevante de Endesa. Así las cosas, no han faltado voces que plantean la inconveniencia de que las Cajas participen en operaciones de esta naturaleza dado su status jurídico, que permite la presencia en su administración de representantes públicos, bien es verdad que en no todas las Cajas en el mismo grado: precisamente las Cajas catalanas figuran entre las menos politizadas de España, y la Caixa participa de esa condición.

La independencia de la Caixa es, entre otras cosas, la que le ha permitido su desarrollo y buena imagen, sin verse contaminada por las disputas de los gobiernos de turno tanto de Cataluña como de Madrid. Puede que la autonomía e independencia de que siempre ha hecho gala esta entidad le haya impedido caer en la cuenta de la situación singular de la política española, convertida más que nunca en un campo de Agramante capaz de arrasar cualquier proyecto empresarial. Pero considerar que la OPA está dirigida por los gobernantes actuales de Cataluña y Madrid, me parece que es darle a éstos una relevancia de la que carecen y disminuir las pautas de gestión de una entidad que, sin perjuicio de errores de cálculo, figura entre las mejor gestionadas de España.

En cuanto a que las Cajas no debieran participar en operaciones empresariales de envergadura, significaría reducirlas a meras tenedoras de paquetes accionariales sin la menor participación en la gestión y desarrollo de las empresas. Sería considerarlas menores de edad, cuando han demostrado sobrada capacidad para convertirse en la mitad de nuestro sistema crediticio. Cosa distinta es que se apele a la despolitización de las mismas, pero, dado su régimen jurídico en el que se incluye la tutela de las Comunidades Autónomas y el reparto de puestos en las Asambleas y Consejos de Administración entre representantes de los partidos políticos y sindicatos dominantes, resulta quimérico pensar en un cambio cualitativo importante. En última instancia correspondería al Banco de España, que es el supervisor por excelencia, evitar o corregir actuaciones que pudieran poner en riesgo la solvencia de estas entidades.

La OPA planteada, que puede quedar anegada por la controversia política, es congruente desde la dinámica del grupo empresarial que la apadrina, aunque desde la perspectiva de los consumidores no sea tan defendible, teniendo en cuenta que el sector de la energía quedaría cuasi monopolizado, con tarifas que dependen de las regulaciones del poder político de turno. Este, que es débil, y probablemente lo será más en el futuro, quedará casi a merced de los grandes grupos empresariales a la hora de determinar la política de precios. Ese es, en mi opinión, el talón de Aquiles de una operación empresarial que se plantea en un país poco habituado al mercado, en el que el poder real de las grandes corporaciones no puede ser frenado, ni siquiera atenuado por los poderes públicos.

*Manuel Muela es presidente del Centro de Investigación y Estudios Republicanos.