La crisis de la Monarquía y la ruptura del pacto constitucional a cuenta de los nacionalismos

Creo que a estas alturas resulta superfluo seguir manejando eufemismos tales como transición, pacto constitucional etcétera..., para referirse con más propiedad a lo que sucede: la crisis de la Monarquía restaurada en 1975, que pactó el otorgamiento de una Constitución, la de 1978, delimitando el terreno de juego para sus hacedores y garantes que, a grandes rasgos, eran la derecha española, el partido socialista y los nacionalismos catalán y vasco. Ese pacto ha quedado roto, al menos de momento, en la sesión del Congreso de los Diputados del 2 de noviembre, día de difuntos, porque uno de los pilares del mismo, el Partido Popular, ha sido ignorado a la hora de encarar el trámite del nuevo Estatuto de Cataluña, que afecta de lleno al Bloque Constitucional, ya que plantea un régimen confederal.

La Constitución de la Monarquía pretendía transmitir la idea de que la Corona, a pesar de su arcaísmo y privilegios, tenía el valor instrumental de garantizar la unidad de la nación española; pero durante los 27 años de vigencia de la Constitución se ha estimulado un fortalecimiento social y político de las minorías nacionalistas que gobiernan en regiones importantes, Cataluña y País Vasco, en paralelo con un desprecio de los valores del Estado, como factor de unidad nacional e igualdad social, no sólo en esas regiones, sino, lo que es más grave, en el resto de las regiones autónomas que han dedicado grandes esfuerzos presupuestarios para cultivar y desarrollar originalidades autóctonas para afirmarse a sí mismas. Todas olvidan, casi sin excepción, que, jurídicamente, son órganos del Estado al que menoscaban y rehuyen en un ejercicio de miopía política claramente lesivo para los intereses generales.

Los sucesivos gobiernos nacionales, tanto del PSOE como del PP, con responsabilidades de poder en la mayoría de las Comunidades Autónomas, han sido complacientes con el fenómeno y, en bastantes casos, han hecho dejación de sus competencias, sobre todo en materia educativa. Como consecuencia de ello, el poder central se encuentra inerme para ejecutar la mayoría de las políticas que interesan a los ciudadanos: la educación, ya mencionada, la sanidad, las obras públicas, la fiscalidad, algunos aspectos importantes del sistema financiero… Son las diferentes Comunidades Autónomas las que ostentan el verdadero poder, que suelen ejercer sin visión del conjunto del Estado al que pertenecen y deben su propio origen.

El desarrollo y ejecución de ese modelo político ha producido una gigantesca tela de araña de intereses, fundamentalmente políticos y económicos, en los que se incluye una clase política profesionalizada, renuente a cualquier cambio de modelo. La Constitución, perfectamente blindada, y las leyes electorales han venido garantizando el disfrute, en alternancia ordenada, del poder público para los protagonistas y guardianes de aquella. Los ciudadanos han sido testigos, y sufridores en algunos casos, de una construcción jurídico-política que deja poco espacio a sus iniciativas, salvo las convocatorias electorales periódicas, bastante ahormadas por los partidos dominantes.

El ‘momento’ de los nacionalistas para alterar el orden constitucional

Pero, como ocurre casi siempre, una parte de esos privilegiados del poder, los nacionalistas, quieren más y consideran llegado su momento: surgen las iniciativas, primero del Gobierno Vasco y después de la Generalidad de Cataluña con la pretensión, en ambos casos, de alterar radicalmente el orden constitucional, en detrimento de la igualdad y la libertad de los españoles. Las propuestas del Parlamento Vasco fueron rechazadas por el Congreso de los Diputados; en cambio la propuesta del Parlamento catalán ha tenido mejor suerte, ya que ha contado, sorprendentemente, con la aquiescencia del Partido Socialista. Los acuerdos de 1978 han quedado rotos y resulta difícil aventurar cómo terminará el proceso.

Desde el republicanismo español, heredero de los liberales de la Constitución de Cádiz de 1812 que consagró la unidad de la Nación bajo los principios de la democracia, hay que denunciar el error que ha supuesto considerar el valor de la unidad como algo propio de los sectores más rancios y retardatarios de la política española, desdeñando toda una tradición de defensa del Estado y de la nación que lo sustenta, enlazados ambos por los principios de la democracia.

Salvando las distancias, el desgarramiento del Estado, propiciado en gran parte por una clase política alejada de los intereses de los ciudadanos, ha puesto a España en el umbral de una crisis análoga a la que sufrió Francia a finales de los años 50 del siglo XX con el hundimiento de la IV República, a cuenta de la independencia de Argelia. Aquí estaríamos hablando de la quiebra de la Constitución de la Monarquía, a manos de uno de los sectores más beneficiados por la misma, los nacionalistas, que cuentan para ello con el apoyo del gobierno socialista. Increíble, pero cierto. La sesión del Congreso de los Diputados del 2 de noviembre es de una evidencia incontestable. También es una prueba de que la mayoría de los regímenes políticos suelen quebrar más por su incapacidad o querellas internas que por la actuación de fuerzas exteriores a los mismos.

Francia, gracias al genio y a la autoridad de De Gaulle, alumbró la V República, que restauró la unidad del país, garantizando el mantenimiento de los valores democráticos y republicanos. España, una vez constatada la esterilidad de la Monarquía para preservar la unidad de la Nación, tendrá que recuperar el valor de la República para superar la crisis de forma democrática e integradora. Ni más ni menos que lo que hicieron, en su momento, Francia, Alemania e Italia, por citar socios importantes de la Unión Europea.

*Manuel Muela es presidente del Centro de Investigación y Estudios Republicanos.