La opción republicana

Se cumplen treinta años de la muerte del general Francisco Franco, quien, tras una guerra civil que destruyó la Segunda República Española, se convirtió en titular de una larga dictadura que ordenó las bases políticas, sociales y económicas sobre las que se asentaría la Monarquía restaurada por voluntad expresa del Dictador, con la aquiescencia de las grandes potencias, Estados Unidos, Alemania y Francia, preocupadas por la estabilidad de la Península Ibérica, muy agitada entonces por la revolución en Portugal.

En los comienzos del siglo XXI no es posible aventurar cuándo se restaurará en nuestro país la República, que es una opción legítima y esperanzada de futuro democrático, sobre todo en un momento como el actual en el que la crisis constitucional de la Monarquía está poniendo en peligro no sólo la Constitución de 1978, sino, lo que es peor, el equilibrio político y social de España.

De ahí que rechacemos expresamente la doctrina oficial imperante, para la que República y republicanismo son únicamente asunto de historiadores y estudiosos sin nada que aportar al devenir de nuestro proceso político. La aceptación de esas tesis sería el peor servicio que se podría prestar a la causa de la recuperación de la integridad democrática y el equilibrio social para nuestra Patria.

Después de la Guerra de España, tanto las ideas republicanas, fundamentadas en lo más genuino del liberalismo español, como los grupos sociales que las sostenían y fomentaban fueron proscritos o exterminados. Su recuerdo y memoria desapareció de la faz de nuestro país. Fue la versión contemporánea de lo que Roma hizo con Cartago después de las Guerras Púnicas. Por eso, es posible que todavía pase algún tiempo hasta que la sociedad española, presa en gran medida de la ocultación y la mixtificación del pasado inmediato, sea propicia al renacimiento republicano.

No obstante, en nuestra historia cercana, el holocausto en el altar de la Monarquía del republicanismo español, marginado expresamente por los artífices de la Transición, puede haber sido uno de los servicios prestados, aunque de forma involuntaria, al proceso de restauración progresiva de las libertades en España. Pero propugnar que el carácter instrumental, y en cierta medida transitorio, de la monarquía restaurada en 1975 pueda trascender a un orden permanente, se nos antoja una pretensión desmedida tanto desde el punto de vista doctrinal como desde unas mínimas exigencias de plenitud democrática.

Fortalecimiento del Estado

La experiencia de todos estos años y la ruina y decadencia del orden constitucional, reconocida por sus propios protagonistas, justifican la necesidad de un cambio de rumbo que permita la recuperación de instituciones de contenido genuinamente democrático y el fortalecimiento del Estado. Para ese objetivo, el pensamiento republicano, hasta ahora ausente de la política española, podría aportar de nuevo una esperanza de cambio para los ciudadanos.

En cuanto a la estructura del poder territorial, valdría la pena apelar a la concepción republicana del Estado como instrumento para la civilización y el progreso de la sociedad. Ello obligaría a establecer límites claros y precisos al derecho a la autonomía de las regiones, delimitando y cerrando su marco de competencias. La regulación de ese nuevo marco competencial habría de basarse en la idea de reforzamiento de los poderes del Estado, como garante de la libertad y la igualdad de los españoles, recuperando parte del poder perdido en educación, sanidad y vivienda, por citar algunas materias sensibles, junto con el enriquecimiento de las competencias de los municipios, que son la administración más cercana a los ciudadanos.

Para acomodar la representación del poder público a la realidad nacional, las leyes electorales tendrían que cambiarse para evitar que minorías respetables pero irrelevantes en el conjunto del país puedan condicionar la política nacional. Tales cambios habrían de acompañarse con el establecimiento de una Jefatura del Estado, la Presidencia de la República, elegida democráticamente con facultades precisas para resolver los conflictos entre los diferentes poderes estatales.

Revisión constitucional

España forma parte de la Unión Europea en la que los Estados sólidos, que tengan un claro proyecto nacional, gozan de preeminencia indiscutible. Nuestro país debe aspirar a ese objetivo y no puede seguir enfrascado indefinidamente en la discusión sobre su propio ser. Por ello es necesario ir a la revisión constitucional para rectificar, sin complejos, todo aquello que estimula la debilidad y la dispersión. Una dirección contraria a la que preconizan las minorías nacionalistas con sus tesis confederales.

En ocasiones anteriores, los republicanos de España se cargaron de razones para su apelación republicana en momentos de grave crisis nacional, sin demagogia ni improvisaciones. Al encarar el nuevo siglo el republicanismo español debe aspirar a convertirse en una referencia del cambio progresivo de nuestro país, aplicando la razón y el valor del interés general a los problemas que preocupan a los españoles.

No será empresa fácil porque, aparte de superar el hastío y frustración de muchos ciudadanos, habrá que desvanecer la impresión, malévolamente cultivada, de que los principios republicanos no contienen la respuesta de modernización y justicia que España necesita. De todas formas, nunca hay que renunciar a la esperanza, aunque a veces ésta se confunda con la utopía.

*Manuel Muela es presidente del Centro de Investigación y Estudios Republicanos.