La Caixa, obligada a mover ficha

La OPA hostil de Gas Natural sobre la compañía eléctrica Endesa se ha convertido en uno de los asuntos más controvertidos de la economía y la política españolas durante los últimos meses. Y, a tenor de las últimas informaciones, promete seguir siéndolo, a menos que alguno de sus protagonistas, concretamente La Caixa, decida yugular la iniciativa adoptada por su participada, para evitar el desgaste y deterioro de la propia entidad financiera, descargando al Gobierno del mantenimiento de unos compromisos que, dadas las circunstancias, sólo pueden acarrearle más problemas de los que ya tiene.

En España, las OPAs tienen una corta y malhadada tradición: su gran estreno se produjo con la OPA hostil del Banco de Bilbao sobre el Banco Español de Crédito a mediados de los años 80 del pasado siglo, que fracasó y engendró un vendaval de cambios en el sistema crediticio que finalizó, casi diez años más tarde, con la intervención de Banesto y la destitución de sus administradores, con grave daño para los accionistas y para la imagen del sector bancario. Como consecuencia de ello, las OPAs quedaron en la práctica excluidas del sistema financiero, que continuó su concentración por la vía de las absorciones o fusiones, normalmente más fáciles de negociar y sin apenas intervención de los organismos públicos. Si surge alguna OPA hostil, como fue el caso de Sacyr Vallehermoso sobre el BBVA, suele terminar en agua de borrajas.

El caso de la OPA de Gas Natural sobre Endesa parece haber reunido en un mismo paquete todos los ingredientes para dificultar el final feliz de la operación: es una oferta hostil que pretende pagar a los accionistas de Endesa con una mezcla de efectivo y acciones que apenas resulta atractiva para aquellos; la concentración que resultaría convertiría al sector de la energía en casi monopolístico en detrimento de los consumidores, y, por último y no menos importante, el control final de todo ello, puesto que se trata de precios regulados, quedaría en manos de un poder público, la Generalidad de Cataluña, cuyo nuevo Estatuto dejará al Poder Central en Cataluña reducido a la mínima expresión.

La independencia de La Caixa es, entre otras cosas, la que le ha permitido su desarrollo y buena imagen, sin verse contaminada por las disputas de los gobiernos de turno tanto de Cataluña como de Madrid. Es posible que la autonomía e independencia de que siempre ha hecho gala esta entidad, unida a la bisoñez del equipo directivo, sucesor de Vilarasau, le haya impedido caer en la cuenta de la situación singular de la política española, convertida más que nunca en un campo de Agramante capaz de arrasar cualquier proyecto empresarial. Circunstancia a la que no es ajeno el proyecto del nuevo Estatuto de Cataluña que, sin pretenderlo, se ha convertido en el peor propagandista de la tan traída y llevada OPA.

La operación planteada, que puede quedar anegada por la controversia política y jurídica (ver la información que publica hoy mismo este diario), es congruente desde la dinámica del grupo empresarial que la apadrina, aunque desde la perspectiva de los consumidores no sea tan defendible, teniendo en cuenta que el sector de la energía quedaría cuasi monopolizado, con tarifas que dependen de las regulaciones del poder político de turno. Éste, que es débil, y probablemente lo será más en el futuro, quedará casi a merced de los grandes grupos empresariales a la hora de determinar la política de precios. Ése es, en mi opinión, uno de los talones de Aquiles de una operación empresarial que se plantea en un país poco habituado al mercado, en el que el poder real de las grandes corporaciones no puede ser frenado, ni siquiera atenuado por los poderes públicos.

La experiencia de estos meses, los diferentes pronunciamientos públicos de los protagonistas de la operación, la presentación de la OPA de E.ON y la perspectiva de un horizonte procesalmente conflictivo, como lo demuestra la suspensión cautelar adoptada por un juzgado de Madrid, deberían aconsejar a los gestores de La Caixa desistir de una operación que únicamente está reportando graves daños de imagen a una entidad emblemática del sector de las cajas de ahorros, sin que se vislumbre en el corto y medio plazo una mejora de expectativas para el objetivo de la OPA. A los malos negocios hay que cortarlos en seco y tratar de evitar que la gangrena de la política continúe haciendo estragos donde no debería hacerlos.

*Manuel Muela es economista.