Los mitos de cartón piedra de junio de 1977

Asistimos a la conmemoración del 30 aniversario de las primeras elecciones habidas en España tras la larga dictadura del general Franco, consulta que ordenó las bases sociales, económicas y políticas sobre las que habría de asentarse la Monarquía restaurada, por decisión expresa del dictador. No fueron elecciones a Cortes Constituyentes, como se sostiene erróneamente, sino una consulta electoral en un marco jurídico y político predefinido, claramente orientado a evitar el proceso constituyente.

No obstante, y a diferencia de la Primera Restauración, la Segunda sí pretendía integrar en su seno al socialismo, con clara conciencia de que ello ensancharía las bases de su régimen, procurando que no se pusieran en peligro las verdaderas relaciones de poder. En cuanto a los nacionalismos, que tenían cierta presencia en Cataluña y el País Vasco, la actitud inicial era de reserva, aunque las diferentes plataformas democráticas asumieron los planteamientos nacionalistas y primaron, probablemente en demasía, su protagonismo.

Pero la Monarquía y sus sostenedores no solo no tenían intención de iniciar un período constituyente, sino que pretendían evitarlo. Y lo consiguieron gracias a la invertebración de la sociedad civil y a la ausencia de liderazgos reales en los grupos democráticos. El Rey Juan Carlos mantuvo unos meses al jefe del gobierno de Franco, Arias Navarro, y en junio de 1976 nombró para el cargo a Adolfo Suárez, que sería el encargado de pilotar la Transición, tan enaltecida por sus protagonistas y beneficiarios. Así nació el proyecto de la Reforma Política de 1976, que fue sometido a referéndum ese mismo año.

La Reforma Política despojaría al régimen de todo su ropaje totalitario, ya inservible e innecesario, aceptando el sufragio universal y los partidos políticos, excepto los republicanos, que fueron los únicos no legalizados, sin ir mucho más allá. En el marco de la Ley de la Reforma Política, el 14 de junio de 1977, casi dos años después de la muerte de Franco, se convocaron elecciones para constituir el Congreso de los Diputados y el Senado. No fueron, pues, elecciones a Cortes Constituyentes, aunque como luego se verá esas Cortes elaboraran una Constitución.

Pero, contra todo pronóstico, los valedores de la Reforma Política, agrupados en el partido de la Unión de Centro Democrático, solo obtuvieron en las elecciones de junio de 1977 poco más del 34% de los votos, frente a casi el 30% del Partido Socialista, el 10% del Partido Comunista, y una representación más que aceptable de nacionalistas catalanes y vascos, ello a rebufo de una ley electoral muy favorable. Los grandes ausentes de estas elecciones fueron los partidos republicanos, que no habían sido legalizados. Nadie clamó contra aquel atropello, que ha condicionado hasta la fecha el desenvolvimiento normal del republicanismo en la vida política española.

A partir de ese momento, la Monarquía se vio obligada a ir más allá de lo previsto, accediendo a que las Cortes elaboraran una Constitución. No había guión para tan magna obra y, sobre todo, faltaba un proyecto nacional que no fuera el de asentar a toda costa a la Corona. Por ello se fabricó una Constitución que, sin desdeñar sus contenidos democráticos y transformadores, apuntalaba claramente las posiciones de privilegio de sus hacedores: la Monarquía, los partidos políticos y los nacionalistas. Para blindarse contra los cambios, se arbitraron unos mecanismos de reforma constitucional tan exigentes que prácticamente hacían imposible cualquier cambio, algo que saben bien quienes ahora abogan por la reforma constitucional, capitaneados por el propio Gobierno.

Quedaba así consumado el reparto patrimonial del Estado y perfectamente acotado el terreno de juego en el nuevo orden. La Constitución fue aprobada en diciembre de 1978, mediante un referéndum que contó con una magra participación de poco más del 64% censo electoral.

Durante 30 años, la sociedad española se ha desarrollado políticamente y ha asumido los valores de la libertad, el pluralismo y la tolerancia, lo que ha contribuido a hacer de España un país próspero y homologable a nuestros vecinos europeos. Los españoles han trabajado por fortalecer el país, dando un ejemplo de solidaridad y buen sentido a una gran parte de la clase política dirigente, empeñada en cultivar el artificio de la insolidaridad y la dispersión.

Porque, al contrario que la sociedad, el andamiaje político-institucional permanece anclado, básicamente, en el discurso y las pautas de comportamiento de los años 70 del siglo pasado, sin apenas concesiones al cambio o la autocrítica. El statu quo se sacraliza, lo que produce su encorsetamiento e impermeabilidad, con grandes dosis de endogamia entre sus protagonistas: el discurso político se agosta y la atmósfera partidaria se hace irrespirable, en la mayoría de los casos, para los espíritus libres que, por fortuna, han ido creciendo en un país castigado históricamente por la reacción y el sectarismo.

Lo cual conduce al desapego electoral de un número creciente de ciudadanos, insatisfechos con las ofertas propuestas. Los estudios electorales así lo acreditan y no digamos ya las experiencias concretas y recientes: los últimos referéndum europeo, catalán y andaluz, así como las recientes elecciones locales y autonómicas, son prueba clamorosa y pacífica, subrayo esto último, de un descontento profundo. De momento no se aprecia el más leve propósito de enmienda, y tanto tirios como troyanos siguen con sus discursos reiterativos y sus fobias ancestrales, creyendo que, como en la vieja película “nunca pasa nada”.

Puede que tengan razón, pero el declive incesante de los dos partidos nacionales, así como su falta de entendimiento, que beneficia a minorías en general poco solidarias con el conjunto del país, terminará antes o después con el alumbramiento de propuestas políticas que se nutrirán de la creciente bolsa de la abstención y de algunos desgajamientos de los propios partidos tradicionales. El tiempo de las fidelidades incondicionales esta cercano a su final.

Parafraseando al recién elegido presidente de la República Francesa, Nicolás Sarkozy, al declarar la cancelación del 68, no estaría de más que en los comienzos del siglo XXI, los españoles revisáramos la mitología de cartón piedra de junio de 1977.

* Manuel Muela es economista.