Un voto a 400 euros

La promesa electoral del jefe del gobierno, devolver 400 euros a cada contribuyente si es reelegido, nos retrotrae a las viejas prácticas del caciquismo de la Restauración canovista. En aquella época el cacique solía pagar un duro por voto, pero por adelantado. Si se aplican los coeficientes de inflación de los años transcurridos, más de 100, puede que el precio sea análogo, solo varía que se pagará a posteriori y además con fondos públicos. Parece increíble que los responsables políticos tengan tan poco aprecio a los ciudadanos y un sentido tan laxo de los fondos públicos que administran. Es una vieja fotografía en sepia de un país en el que la democracia y la exigencia pública están todavía por venir.

La legislatura que ahora finaliza ha estado marcada por la ruptura del acuerdo constitucional entre los partidos nacionales. Ha sido la consecuencia de largos años de deterioro del poder público y de abandono de las políticas integradoras, sacrificadas en el altar de un neofeudalismo doctrinal que se ha instalado en la política española. El favorecimiento de lo pequeño y el olvido del horizonte más ambicioso de lo nacional se ha trocado en el ensalzamiento de lo individual, la falta de solidaridad y la desatención de los problemas de amplias capas sociales, jóvenes y mayores, que observan primero asombrados y luego escépticos la deriva de los responsables públicos. Entre las consecuencias de ello está el “sálvese quien pueda” y el alejamiento de la participación política, algo que en España ha sido difícil conseguir y muy fácil arruinar.

Las encuestas, aunque en España no son demasiado fiables, indican el cansancio de los españoles con las políticas imperantes: el empleo, la vivienda y las atenciones sociales no desaparecen de la preocupación de los ciudadanos, ahora agravada con la percepción de una ruptura abrupta de la bonanza económica de los pasados diez años que, sin pretenderlo, ha hecho posible la ligereza y frivolidad de algunas acciones de gobierno. Los tiempos venideros estarán marcados por la exigencia y el rigor en el reparto patrimonial y será necesario que los gestores públicos recuperen la confianza de la sociedad para poner en marcha iniciativas que ayuden a restaurar los equilibrios perdidos o a punto de perderse. Y, entre otras cosas, eso es lo que se ventila en marzo de 2008.

Los esfuerzos fiscales de los ciudadanos y las ayudas de la UE han sido determinantes en la tarea de modernización de España. En cambio, la maquinaria pública, que ha continuado recibiendo recursos humanos y materiales en cantidades desconocidas en nuestra historia – en quince años se han creado más de 800.000 empleos públicos y los presupuestos no han dejado de crecer - camina con demasiada lentitud y con bastante frecuencia ofrece la imagen de estar desbordada por los acontecimientos. Eso crea la inseguridad y el desapego de la población, lo que no deja de ser negativo para el interés general.

Los diferentes problemas que inquietan sobremanera a los ciudadanos españoles, ponen sobre la mesa una cuestión poco debatida y que es urgente abordar: la capacidad gestora de los poderes públicos tanto nacionales como regionales para hacer frente a las necesidades, problemas y exigencias de una sociedad desarrollada. En España el poder central se ha afanado durante años por descargarse de responsabilidades, bien traspasándolas a la sociedad y a las empresas, para estimular la modernización y la competencia, bien transfiriéndolas a las Comunidades Autónomas con una interpretación muy generosa y abierta de la propia Constitución, con unos resultados bastante magros en materia de eficacia: fracasos en educación, colapso de infraestructuras en Cataluña, inoperancia ante algunas calamidades públicas...

Pues bien, los candidatos en la pugna electoral, es verdad que no todos, sobrevuelan por los problemas reales y se recrean en promesas, muchas de ellas imposibles de cumplir por la falta de competencias del poder central. Hasta cierto punto entra dentro de lo habitual que en las campañas electorales haya algo de cinismo y de propuestas engañosas, pero siempre se había cuidado de enmascararlas en un contexto de reformas fiscales y legislativas que les daban una apariencia de seriedad. Pero eso también ha cambiado: el gobierno que aspira a ser reelegido ha decidido sin pudor prescindir de la parafernalia de las propuestas reformadoras, apelando al voto con la promesa de pago de 400 euros. Si a ello se une que tal propuesta procede del PSOE la confusión, y me imagino que la decepción, será enorme en el conjunto del centro izquierda español. Se renuncia a reformar y mejorar la gestión pública, utilizando los recursos fiscales de forma indiscriminada para obtener la permanencia en el poder. Se comenta por sí solo.

*Manuel Muela es economista.