El precio del petróleo y el inmovilismo fiscal

Desde la legendaria crisis energética de 1973 y su coletazo de 1979 no se habían despertado tantas alarmas en Europa, como las que ahora se manifiestan con motivo del incremento de los precios del petróleo, cuya influencia en el funcionamiento y en los costes del sistema económico es decisiva. La inquietud de las empresas y consumidores de la Unión Europea empieza a generalizarse, lo que ha motivado una propuesta de revisión de la fiscalidad de los hidrocarburos por parte del Presidente de la República Francesa, Nicolás Sarkozy. Sin embargo, los diferentes Gobiernos de la UE continúan sumidos en las inercias tradicionales, no dándose por aludidos en la responsabilidad que les compete en la formación de los precios finales de los productos petrolíferos.

La Unión Europea, a diferencia de los Estados Unidos de Norteamérica, ha mantenido la tradición de usar el impuesto sobre los hidrocarburos como la estrella de los impuestos especiales tanto por su facilidad recaudatoria como por su elevado rendimiento. Este modelo ha permanecido inalterado, prácticamente desde su nacimiento, gracias a unos precios bajos de la materia prima, el petróleo, y a la movilidad de los tipos de cambio de las monedas nacionales frente al dólar, que es la referencia de precio del barril de petróleo.

La caída del dólar y el fortalecimiento progresivo del euro han distorsionado el mercado del petróleo. La reacción de los productores ha sido apostar por la fuerte subida del barril, sin plantearse un cambio en la moneda para fijar los precios. Es la comodidad y la búsqueda constante de mayores ingresos hasta donde el sistema lo permita. Saben que la reacción de los Gobiernos es lenta y tiene escasas alternativas en la materia.

Durante el periodo de año y medio en el que se ha ido tensionando la cuerda de los precios de los hidrocarburos ha habido pequeños conatos de controversia que, en general, se han referido a la política de precios y de producción de los países de la OPEP o a la escasa competencia del mercado de productos petrolíferos, al menos en España. Ambas cuestiones son importantes, sin duda, pero hasta ahora se ha olvidado la fiscalidad, que es un elemento decisivo en la formación de los precios de los hidrocarburos. La propuesta de Francia es un primer intento, aunque el grueso de la artillería sigue volcado en la OPEP y la competencia de los que poco se puede esperar a corto plazo. Maniobras de distracción en la ciudad alegre y confiada.

Ya sabemos que la UE no se distingue precisamente por su dinamismo a la hora de adoptar decisiones, pero también es evidente que se está llegando demasiado lejos en una materia que afecta de lleno a nuestro equilibrio y crecimiento económicos, más en un momento de crisis económica, confesada o negada. Y no digamos nada de su influencia en la tasa de inflación, sobre todo en aquellos países como España que camina hacia un porcentaje cercano al 5%, que casi triplica la previsión presupuestaria para este año 2008.

Sin perjuicio de esperar que los países de la OPEP vuelvan a ser justos y benéficos y que se incremente la competencia en el mercado petrolífero, los poderes públicos, en este caso los Gobiernos nacionales, si no lo hace la UE de forma colegiada, están obligados a adoptar medidas inmediatas para situar los precios de los hidrocarburos en un nivel que impida la imagen de que la gasolina alimenta el incendio de la inflación. Probablemente habrá que pensar en una reducción de precios no menor del 15%.

En España los ingresos del Estado procedentes de los hidrocarburos representan algo más del 10% del total de ingresos estatales, por lo que no parece demasiado complicado practicar una reducción de esa partida que podría compensarse actuando en el gasto público y en otros capítulos de ingresos. Téngase en cuenta que el precio final de cada litro de diesel o gasolina contiene alrededor de un 40% de impuestos.

Si los responsables públicos de la Unión Europea no asumen que la fiscalidad es uno de los pocos recursos de que disponen para actuar con prontitud y eficacia ante un problema que supone una amenaza cierta para el crecimiento económico, se estarán poniendo las bases para que los Estados de la Unión, ante la presión de sus propias realidades nacionales, adopten decisiones que compliquen todavía más el proyecto unitario europeo.