Del gobierno de las cajas de ahorros

Es cada vez más frecuente tener noticias sobre problemas en los órganos de gobierno de las cajas de ahorros, que adquieren una dimensión mayor por tratarse, en general, de controversias políticas que suelen involucrar a corporaciones locales y/o Comunidades Autónomas. Ahora le ha tocado el turno a la Caja de Madrid, que por dimensión es una de las entidades crediticias más importantes de España, lo que da al caso una relevancia especial, aunque sus orígenes suelen ser los de siempre: una disputa por el poder y/o la resistencia a abandonar los cargos; nada que ver con la mejora de la gestión o la búsqueda del interés de la propia institución. Por ello, parece justificado buscar la eliminación de estos conflictos antes de que alguno de ellos pueda derivar en amenaza a la estabilidad de una o varias entidades.

 

En los últimos veinticinco años las cajas de ahorros, por imperativo legal, han ido llenando sus órganos de gobierno de representantes de los partidos políticos, que han utilizado las representaciones otorgadas a los Ayuntamientos y Comunidades Autónomas en aquellas para organizar el reparto de poder en las mismas. También la representación de los impositores ha sido fagocitada por los partidos, de forma que nada escapa en las cajas a la influencia de ellos. Para rizar el rizo de la politización, las Comunidades Autónomas disponen de la capacidad legislativa y de tutela sobre las cajas de ahorros de su región, lo que las convierte en juez y parte de las cuestiones que atañen a sus órganos de gobierno, como sucede ahora en Madrid.

La circunstancia descrita es poco defendible desde la perspectiva del derecho público y parece dudoso que el legislador que aprobó los diferentes Estatutos de Autonomía pretendiera unos resultados como los citados. Se ha producido una confusión creciente y perturbadora entre lo público, o más exactamente lo político, y lo privado, precisamente en unas entidades cuya responsabilidad mayor es administrar el dinero de sus depositantes. Esto último es lo que acrecienta la preocupación, porque afecta a la confianza, pilar fundamental en el sistema crediticio.

Desde mi punto de vista, la búsqueda de soluciones a los problemas conocidos no pasa necesariamente por abrogar la presencia pública en los consejos y asambleas de las cajas. Siempre ha habido en las cajas, especialmente en las de fundación pública, esa representación sin que se resintiera su dirección y administración. De lo que se trata es de recuperar el equilibrio perdido, después de la marea de disposiciones nacionales y autonómicas que han convertido los órganos de gobierno de algunas cajas en verdaderos campos de Agramante.

Teniendo en cuenta el entramado de intereses políticos que se ha tejido alrededor del gobierno de las cajas, cualquier modificación legislativa del régimen actual resulta harto complicada. No obstante, el Gobierno central dispone de margen para reconducir la situación, aprovechando la crisis económico-financiera actual, porque habrá que adoptar decisiones importantes de todo orden y las entidades de crédito, especialmente las cajas de ahorros, no van a ser ajenas a las mismas.

En mi opinión, se podrían adoptar dos clases de  iniciativas. Una de ellas sería otorgar representación en los consejos y asambleas de las cajas a los propietarios de cuotas participativas, estimulando de paso su emisión como instrumento para reforzar la solvencia de éstas entidades, que sustituirían progresivamente a los impositores, que constituyen una representación desvertebrada y dominada, en la mayoría de los casos, por los partidos políticos. La otra sería declarar incompatible la representación en los órganos de gobierno de las cajas de la Comunidad Autónoma a cuya tutela estén sometidas.

Como es previsible que el Estado tenga que suscribir cuotas participativas o títulos análogos para recapitalizar a estas entidades, puede que también a los bancos, sería oportuno dar un primer paso significativo en el adelgazamiento ineludible del Estado de las Autonomías, reintegrando el protectorado y tutela del sector de cajas de ahorros al Ministerio de Economía y Hacienda con una única supervisión exclusiva en manos del Banco de España, derogando el modelo vigente.

Considerando la esclerosis que domina la política española, parece difícil pensar en decisiones que afecten al núcleo duro del régimen partitocrático. Por ello, podrían bastar, de momento, las dos medidas que respetan básicamente el modelo orgánico actual, eludiendo expresamente entrar en su sustitución, para evitar polémicas estériles que se constituyan en coartadas para mantener un estado de cosas que no es aconsejable para el sistema crediticio.

*Manuel Muela es economista.