El plan Bolonia a debate

Deberíamos empezar por preguntarnos, por qué durante los últimos meses ha saltado a la palestra mediática la nueva reforma universitaria conocida como el llamado “Plan Bolonia”. Tras años de movilizaciones, ocupaciones de facultad, charlas etc… donde entre otras cuestiones, se denunciaba la falta de transparencia pública de una  reforma construida a espaldas de la comunidad universitaria, se inicia, –frente al aumento de la conflictividad y a petición desesperada de algunos rectores- una campaña propagandística y de comunicación, informando de los beneficios que acarrea el EEES (Espacio Europeo de Educación Superior).

 

Este déficit democrático en el proceso de constitución, parece no tener intención de ser rectificado, ya que cierra todas las puertas al debate, se impone a golpe de decreto y niega albergar ningún error, salvo la ausencia de comunicación, algo que en un principio no se percibía así. Una campaña de comunicación presupone que las decisiones ya están tomadas y que son correctas, por lo que el único inconveniente es la falta de transmisión de información, en un procedimiento con un marcado carácter tecnocrático.

No se tienen en cuenta ejemplos como los referéndum que han tenido lugar en Girona, Barcelona o Lleida, con resultados aplastantes en contra de la implantación del Plan Bolonia -93% votos en contra-, contando con una participación electoral que casi triplica a los porcentajes en los comicios regulares -20% frente a 7,2%. En tanto y cuanto continúen aumentando las huelgas y el movimiento anti-bolonia vaya ganando más adeptos, más ridícula se tornará la posición de no querer abrir espacios de discusión donde poder plantear argumentos y problemáticas.

Financiación

 

Las Universidades no reciben dinero por lo que son, sino por lo que hacen, es decir, se ven abocadas a la competencia salvaje por los recursos tanto privados cómo públicos. La Universidad se presenta como una plataforma atractiva para la inversión de capital privado, que una vez esté garantizado, posteriormente recibirán financiación pública con la que se costeará parte de la investigación privada. En otras palabras, son las empresas privadas las que orientan el destino de la inversión pública al señalar previamente qué Universidad es merecedora de recibir financiación.

La asignación de recursos a lo privado, elimina todo rastro de ejercicio del derecho y subordina al mercado caótico la gestión de la Universidad Pública. En términos más claros: El erario público sirve a modo de colchón financiero para asegurar la viabilidad de la inversión privada en una Universidad, o un sector de esta.

El Consejo Social de las Universidades es presentado como “órgano de participación de la sociedad en la Universidad”. Dicha institución es la encargada de decidir las partidas presupuestarías en la Universidad, como también su veto. Este órgano fundamental, cuenta con la presencia de importantes actores del mundo empresarial, tanto que, por ejemplo el consejo social de la Universidad de la Carlos III está presidido por el empresario y banquero del Santander, Matías Rodríguez Inciarte. Se impone así un criterio de gestión empresarial totalmente ajeno a la lógica de una institución docente.

El Director general de las Universidades, Felipe Petriz, tiene razón cuando dice que las empresas no participan directamente en el diseño de los planes de estudio, pero lo que esta obviando, es que dichos planes se dibujan acorde con los criterios de la ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación), y que previamente deben ser aprobados por los Consejos Sociales de la Universidad.

Homologación de títulos

 

Uno de los puntos que más destacan los defensores del EEES, se escuda en la homologación de los títulos a nivel Europeo, algo que per sé y, sacado de contexto, se muestra como un avance que beneficia al conjunto del estudiantado. Pero la realidad es que no existen catálogos comunes europeos, ni líneas pactadas en los planes de estudio, lo que se implementa es la convalidación de diversas asignaturas bajo un mismo patrón, que son los créditos ECTS (Sistema Europeo de Transferencia de Créditos). Esto significa que un estudiante puede cursar en la Universidad de Utrecht (Holanda) una asignatura bajo el título “Rembrandt en su tiempo”, y al llegar a la Complutense se convalida por ejemplo con “Hacienda Pública”, al no existir ningún criterio de convergencia. Este es el concepto de homologación del EEES.

Los créditos ECTS se alzan como vehiculo encargado de hacer efectivo el sistema de homologación de títulos, e incorporan novedades a la hora de evaluar el trabajo de los estudiantes. Se computan además de las clases magistrales, todo el tiempo necesario que ocupan los seminarios, las horas de estudio, el trabajo en grupo y prácticas en empresas – obteniendo así mano de obra gratis-, lo que asciende a unas 30 horas semanales por crédito. Indudablemente - y no hace falta ser matemático para percatarse-  la dificultad que atraviesan aquellos estudiantes que tengan que compaginar trabajo con estudio, constituye una traba e incluso la imposibilidad de acceder a la enseñanza superior.

Pero sobretodo, los créditos ECTS expresan el interés que suscita para los empresarios  el conocimiento producido en la Universidad, entendiendo los créditos como una herramienta que garantiza la viabilidad y reproducción de la inversión económica que efectúan las empresas. La necesidad de disciplinar el trabajo estudiante, estriba en asegurar que la aplicación social del conocimiento sea impulsada por intereses y motivaciones privadas, y si en el trayecto se borra cualquier resquicio de disidencia estudiantil, nadie se va a preocupar.

Respecto a otra de las patas sobre las que se apoyan los defensores de Bolonia, encontramos la tan cacareada movilidad que permitirá fluctuar con libertad entre las Universidades de toda Europa a los estudiantes, aunque en términos absolutos es anecdótico. Básicamente se reducen los trámites burocráticos para facilitar la movilidad del estudiantado, pero para ello no se precisa un vuelco estructural de la organización universitaria, bastaría con ampliar y extender las becas Erasmus y sus dotaciones. Esto no sucede, como tampoco ocurre con las becas para acceder a los estudios, pero los que si aumentan a un ritmo desenfrenado son los préstamos-renta, que aparte de beneficiar a las entidades financieras, hipotecan al estudiante por producir un conocimiento del que se beneficia la empresa. Nadie está en contra de otorgar facilidades para mejorar la movilidad, pero lo cierto es que con Bolonia sólo aquellos que puedan costearse los gastos tendrán la oportunidad de moverse cuantas veces lo deseen de Universidad en Universidad.

En el nuevo sistema de titulaciones de dos ciclos basado en el modelo anglosajón, las titulaciones pasarán a diferenciarse entre ciclos de Grado -3 o 4 años- y ciclos de Postgrado de 1 o 2 años. Lo que antes eran los 3 primeros años de una Licenciatura ahora se denomina Grado, y los 2 años restantes se convierte en Postgrado. El lema que se lleva aplicando desde hace años en las movilizaciones explica claramente este nuevo lienzo: “Ni fábrica de precarios, ni escuela de élites”.

Los que cursen el ciclo de Grado adquieren la formación necesaria, “general” y suficiente, para cumplir los requisitos básicos que demandan los empleos de la economía global del siglo XXI. Trabajos en su mayoría precarios, que no ofrecen garantías ni certidumbre alguna al trabajador, pero generan un ahorro importante para la empresa en materia de formación.  En segundo lugar, los que logren acceder al ciclo de Postgrado tras subsanar la barrera económica de 2.000 euros, seguramente adquieran una educación enfocada a la formación de cuadros dirigentes, ya sea políticos, empresariales etc…

Por lo tanto la Universidad no deja de ser pública con Bolonia, no hay necesidad, ¿para qué privatizar toda una infraestructura, para qué hacerse cargo del sistema educativo superior? Cuando se habla de mercantilización se refiere a que el sistema público financiado con dinero de todos, toma el rumbo que deciden y benefician a los intereses particulares de las empresas, donde de manera gratuita costeamos la formación que se ahorra el sector privado.

 

Es la importancia estelar que ocupa la Universidad en la economía del conocimiento, donde garantizar la “empleabilidad” de  mano de obra devaluada, resulta crucial para asegurar el beneficio económico. Lo llaman educación de “calidad” y se presenta como un avance progresista, acusando de un supuesto conservadurismo a quienes critican una reforma que recibe los aplausos del Círculo de Empresarios. 

*Jorge Moruno Danzi es sociólogo