Al final de la escapada

La conclusión del último debate de política general en el Congreso de los Diputados puso de manifiesto algo que venimos denunciando largo tiempo: el Gobierno no puede gobernar y la oposición carece de vigor para sustituirlo. Las elecciones europeas, anegadas por la abstención, han certificado el bloqueo político y la esclerosis del régimen, que parece cada día más incapaz para enfrentar los problemas de la nación. Si a ello sumamos la ruina económico-financiera, que engorda como una bola de nieve, coronada por el desbarajuste gubernamental, podemos deducir que estamos viviendo la etapa final del orden político de la Transición.

 

De este estado de cosas no son personalmente responsables, al menos en grado máximo, quienes ocupan las instituciones, porque ellos mismos son el producto de un diseño político y constitucional, cuyos “frutos” estamos recogiendo en el peor de los momentos.

Porque el modelo constitucional de España se funda en la desconfianza hacia la sociedad con la creación de un sistema partitocrático, impermeable a los cambios y proclive al clientelismo: aunque cueste reconocerlo, el orden imperante es una versión actualizada  de las viejas políticas caciquiles que han impregnado, sin solución de continuidad, casi toda la experiencia constitucional de España. La tela de araña del tinglado institucional, acompañada por los resortes de que disponen los poderes públicos en un Estado moderno, por débil que éste sea, dota a los responsables políticos de una seguridad, que se ve incrementada por la paciencia y sumisión de la sociedad poco o nada exigente con sus derechos.

El Estado en España ha sido puesto al servicio de unas elites políticas ávidas de administrar los ingentes recursos de que ha dispuesto nuestro país desde su ingreso en la Unión Europea, en 1985, acompañado de la explotación de un modelo productivo basado en el endeudamiento y la especulación: han sido veinte años de riqueza que han abastecido sobradamente las arcas de las diferentes administraciones públicas y han elevado artificialmente, gracias al crédito, el nivel económico de las familias y las empresas.

Pero el estrangulamiento financiero surgido en el verano de 2007 puso de manifiesto que los cimientos económicos de España eran débiles, aunque costara reconocerlo. Primero fue la indiferencia, luego la confianza en que era una tormenta pasajera, para desembocar después en la incredulidad y el desconcierto. Y ahí estamos, esperando no se sabe qué y agotando hasta las heces los recursos de crédito que nos quedan para taponar los efectos de la carcoma. La sociedad, temerosa y desconfiada, ve a los gobernantes desbordados, aunque conserva la esperanza de una rectificación para no agravar el problema. El silencio se impone sobre la protesta, lo que debería ser aprovechado para gobernar.

Hasta el momento no es así, las inercias siguen mandando y los responsables públicos continúan con sus actitudes de corto alcance, pensando en elecciones próximas o lejanas, como si no estuviera en riesgo la estructura de la que forman parte. Todo el cuerpo productivo del país, con mejor o peor fortuna, esta intentando acomodarse a la nueva situación, la mayoría de las veces de forma traumática; menos el sector público que no se cree obligado a reestructurarse y a adelgazar en beneficio del interés general. El Estado débil y fragmentado, costosísimo e inoperante, pretende continuar sin cambios.

Los datos económicos y financieros de España son suficientemente conocidos y nos ponen frente a una realidad que obligaría a recuperar una dirección firme y clara de la gobernación del país para, primero, restaurar la confianza, y a continuación ejecutar un proyecto de saneamiento económico y democrático que despeje el horizonte vital de los españoles. Seguir trampeando y pensar que aquí esta todo decidido hasta 2012 es el camino más derecho para acabar como el protagonista de la película que da titulo a este comentario.