La prueba del 9

Con la presentación  de las conclusiones de la defensa, el Contencioso-Administrativo promovido por los perjudicados de Fórum Filatélico, ha entrado en su recta final y, muy previsiblemente, habrá sentencia, la sentencia del siglo, antes de que acabe el año.

 

Desdibujado por diversos y a veces espurios intereses,  el proceso, o los procesos de Fórum Filatélico –hay otro penal y otro mercantil-, han sido silenciados sistemáticamente y las pocas veces que han llegado a la opinión pública lo fueron de manera compulsiva y sesgada. Algo sorprendente por cuanto afecta a casi medio millón de españoles, en su mayoría modestos ahorradores, ya que más del 80 por ciento de los afectados había depositado cantidades inferiores a 18.000 euros, a los que de ninguna manera se les puede calificar como especuladores, puesto que en la mayor parte de los casos esa “pequeña cantidad” era su único patrimonio y el resultado de toda una vida de sacrificio y esfuerzo.

Un desastre de alcance nacional que no se corresponde con la desafección mostrada por unos y otros hacia unos compatriotas que confiaron en unas empresas, confiados también de vivir en un Estado vigilante y responsable con  la economía familiar de sus conciudadanos. Medio millón de historias convertidas en dramas que han roto amistades, familias y vidas, cuyo futuro se ha querido relativizar socavando sus derechos ciudadanos, especialmente el derecho a una solución justa. Casi quinientas mil personas –quinientos mil votos- que ningún grupo político parece querer capitalizar.

Está claro que las sucesivas administraciones dejaron que Fórum y Afinsa siguieran adelante con su actividad sin que nadie la regulase, pese a los informes manejados por las más altas instituciones de control económico y financiero del país que alertaban del peligro de su situación. Una doble responsabilidad, la falta de control y de regulación de una actividad, que ha llevado a la ruina material y personal a centenares de miles de ciudadanos.

A estas dejaciones de responsabilidad, hay que añadir el “cómo” de la intervención, que acentuó y agravó el daño y que tuvo muy poco que ver con los paños calientes con los que habitualmente  se tratan las crisis bancarias. De esta manera, lo poco o mucho que había en el patrimonio de Fórum y Afinsa perdió casi todo su valor de la noche a la mañana.

A nadie tampoco se le escapa, que la resolución del proceso puede verse enrarecida por la situación de crisis económica, porque, dicen algunos, si al final se reconoce la responsabilidad del Estado, cómo va a pagar éste los miles de millones de euros que se reclaman. Curiosamente son las mismas voces que no han puesto un pero a los apoyos multimillonarios del gobierno a la banca, que comprometen mucho, pero muchísimo más, las arcas del Estado.

La resolución del Contencioso va mucho más allá de quién deba pagar, nos estamos jugando la salud del sistema, nuestra fiabilidad como país, el imperio de la norma sobre las necesidades del momento, la no relativización de la aplicación de la justicia. Con este Contencioso la democracia española se somete a la prueba del nueve, y todos confiamos en que la crisis económica, la supuesta falta de recursos del Estado –para unos siempre todo, para otros siempre nada- no acabe justificando ante la opinión pública un desenlace donde los perjudicados de Fórum y Afinsa, además de víctimas de la inseguridad financiera, lo sean también de la inseguridad jurídica.

Afortunadamente, el rigor y la responsabilidad presiden la inmensa mayoría de las decisiones de la judicatura española, que en los últimos años ha demostrado repetidas veces que su única guía es la justicia con mayúsculas.

*Francisco Ríos Benítez es presidente de la Asociación de Consumidores Perjudicados de Fórum Madrid