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Con las horas contadas

El último debate de política general en el Congreso de los Diputados ha puesto de manifiesto, una vez más, que España no solo esta mal gobernada,

El debate ha coincidido, además, con la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña que, en su afán por atenuar la crisis constitucional, ha dejado a la norma catalana sumida en el caos interpretativo que, además de esterilizante, resulta letal para crear las condiciones mínimas de seguridad jurídica, que permitan sacar a Cataluña de su aguda crisis económica y de sus problemas de cohesión social. Las consecuencias de ello no solo son malas para esa región, también lo son, y mucho, para el resto de España. El Estatuto fue una aventura o divertimento emprendido en tiempos de bonanza económica y, al final, ha quedado convertido con la crisis y la sentencia en algo parecido a esas promociones inmobiliarias inacabadas que siembran nuestra geografía. Un monumento más de la desmesura. Frente a esa triste realidad poco o nada puede hacer la retórica; aunque parezca prosaico lo que se juega en los días y meses venideros es que la Generalidad, también otras administraciones españolas, puedan seguir atendiendo sus obligaciones con proveedores y empleados públicos.

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La nación con un Estado decrépito y mal administrado asiste, no se si perpleja o confiada, a la sobreactuación de sus diputados, aplaudiéndose a si mismos o, mejor dicho, a quienes hacen posible sus prebendas. Nada nuevo en nuestra historia, aunque es lamentable y desazonador comprobar la fortaleza del sentimiento oligárquico, ya en la política ya en la economía y las finanzas patrias. El pulso parece tan débil que ni siquiera se teme la ira de los justos.

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