El movimiento 15-M y la devaluación de la consulta del 22-M

Las manifestaciones de los últimos días, la sorpresa que han desencadenado y las incertidumbres que se abren sobre el futuro inmediato, nos sitúan en un escenario de protesta y de petición de cambios que, si crece, y todo parece indicar que será así, trascienden de lo que resulte en las elecciones del próximo día 22. Puede abrirse un tiempo nuevo, quizá inevitablemente confuso por las características del movimiento ciudadano, que lógicamente deberá concretarse en aquellos cambios que están en la mente de quienes piensan, o pensamos, que el sistema político español está carcomido por las lacras que suelen determinar los finales de un régimen político: corrupción, incompetencia, alejamiento de los políticos de las necesidades y deseos de la sociedad y apropiación del poder público en beneficio de unos pocos.

Los debates que se suceden en los últimos tiempos y el recurso a gobernar por decreto-ley, sobre todo desde hace un año, con los resultados dramáticos que conocemos, ponen de manifiesto a los ojos de cualquier observador que España no solo esta mal gobernada, sino que carece de respuesta institucional a tal circunstancia: somos un país que se sostiene por las inercias casi mecánicas de una economía medianamente desarrollada, arropadas por la superestructura política y mediática, que se empeña en transmitir a la sociedad mensajes simplistas, de película de buenos y de malos, para encubrir las carencias y las amenazas que se ciernen sobre la vida y el bienestar de los españoles.

Creo, y así lo he manifestado en anteriores ocasiones, que la magnitud de los problemas nacionales, y la percepción de que los gobernantes parecen incapaces de ordenar la resolución de los mismos, ha extendido un sentimiento de fatalismo en la sociedad española, alentado también por muchos medios de opinión, que se traduce en la falta de iniciativas y de propuestas que no pasen por la proclama repetida de los recortes sociales y de la obediencia a lo que, se dice, indican la Unión Monetaria y los acreedores de nuestro país.

Es una orfandad peligrosa de la que conviene salir y se puede pensar que este movimiento que comentamos sea como el grano de mostaza evangélico, que cumpla la función de certificar el final de una manera de entender el poder público y alumbrar el camino para que los españoles recuperemos la plenitud democrática, que se nos viene negando hace demasiado tiempo. Han sido tan graves los abusos, tan arrogantes los partidos dominantes y tan insensibles a la paciencia y a la tolerancia de los ciudadanos, que han despertado la ira de los justos, expresada de forma pacífica por quienes han aparecido con sus mensajes de protesta en las diferentes ciudades españolas.

En un país sometido a la dictadura de lo políticamente correcto, no resulta fácil romper el cordón sanitario que pretende preservar el dominio de unos pocos, los partidos dominantes, que se presentan como administradores casi exclusivos del poder público.

En un país sometido a la dictadura de lo políticamente correcto, eufemismo para encubrir la intolerancia hacia las críticas al sistema, no resulta fácil romper el cordón sanitario que pretende preservar el dominio de unos pocos, los partidos dominantes, que se presentan como administradores casi exclusivos del poder público, gracias a un tejido jurídico-constitucional muy poco permeable a las necesidades sociales y demasiado olvidadizo de los valores que deben inspirar el buen gobierno. Por eso, todo aquello que contribuya a educar a la sociedad y a fortalecer los sentimientos de exigencia cívica y de participación política ha estado desterrado de la política española.

Pero todo en la vida tiene límites y, en el caso que nos ocupa, ha sido la crisis desencadenada hace cuatro años la que ha dejado al desnudo la fragilidad no sólo de nuestra economía sino también la de nuestro orden político, que se muestra incapaz de enfrentarla y se resiste a reconocer su fracaso, para abrir otras vías y caminos con el objetivo de cambiar aquello que no funciona en beneficio de los ciudadanos. No solo no se estimula el cambio, sino que se vende y ejecuta un mensaje que además de injusto es profundamente desmoralizador: los que gobiernan ahora y quienes les sustituyan deberán administrar la pobreza creciente, cargando el peso en los débiles, sin la menor exigencia hacia sí mismos, cuyo privilegio de dominio político es incuestionable.

La llamarada de descontento que justifica este comentario es, en mi opinión, el resultado de la incuria y de la torpeza, y hasta tal punto es así, que muchos portavoces políticos y mediáticos no dan crédito a lo que sucede y buscan excusas de mal pagador para no hacer frente a sus responsabilidades. Probablemente se intentarán el descrédito y el autoritarismo para embridar el fenómeno aparecido; pero no será fácil sustraerse a la llamada de quienes entienden que ha llegado el momento de poner freno a las malas políticas y al desprecio a los ciudadanos.

*Manuel Muelaes economista