Cajas de ahorros, ¿privatización o almoneda?

Ya se van conociendo datos de los primeros intentos privatizadores de algunas cajas de ahorros y se confirman los peores presagios de quienes nos opusimos a este proceso tanto por razones de oportunidad económico-financiera como por razones de interés público. Hay una suma de elementos -precios irrisorios, intermediación costosa e incremento de la desconfianza, entre otros- que aconsejan que el Estado ejerza el derecho de tanteo, por analogía con lo que se hace en otros supuestos de interés general, y proceda a la adquisición de los paquetes accionariales puestos en venta, asumiendo, en su caso, parcial o totalmente la gestión para lograr una salida seria y airosa a una operación prematura e inoportuna, además de dañina para la estabilidad del sistema financiero.

Quienes conocen la historia de las cajas de ahorros saben que se trata de entidades privadas, de origen fundacional, cuyo negocio básico ha sido administrar el ahorro en beneficio de sus propios clientes y de las provincias y regiones en las que operan. Existen cajas de fundación privada y otras de fundación pública, de ayuntamientos y de diputaciones provinciales, y todas ellas han desarrollado su actividad dentro de un marco que, inicialmente, estuvo muy limitado y protegido y que, después, se hizo más abierto y flexible. Las cajas, desde los años 60 del siglo XX, fueron creciendo con el país y, en su conjunto, mantuvieron la fidelidad a su negocio y se convirtieron en un ejemplo de eficacia en el segmento de banca minorista. Esa es la explicación, y no otra, de que hoy representen la mitad de nuestro sistema crediticio con más de 23.000 oficinas y alrededor de 120.000 trabajadores.

Cuanto más se fuerce la máquina privatizadora, peores resultados se obtendrán en términos de capitalización y de pérdida de confianza. Sea justo o injusto, España es víctima de una desconfianza creciente, y las cajas de ahorros no pueden esperar nada bueno de los inversores

Como es lógico, unas entidades tan comprometidas con la realidad social y económica de España han sufrido las consecuencias de la crisis. Una crisis que es la certificación del fracaso de un modelo económico, claramente especulativo, en el que también una parte de las cajas de ahorros, mal gestionadas, tienen su cuota de responsabilidad. Y precisamente esto las ha llevado a iniciar proyectos de reconversión y de saneamiento que, no sin dificultades, se van ejecutando en medio de sucesivos cambios legislativos -con varios decretos-leyes en los dos últimos años-, de dificultades políticas y de la falta de realismo que ha venido imperando en el saneamiento de nuestro sistema financiero. Pero tales proyectos han sido devaluados, en muchos casos, por la falta de exigencia de responsabilidad a los administradores causantes de los problemas y a las autoridades que tampoco los evitaron. En esas condiciones, resulta explicable el escepticismo de los inversores y el desasosiego de quienes, autoridades y gestores, confían ciegamente en las virtudes taumatúrgicas de los mercados bursátiles.

En los tiempos que corren, la sacralización de los mercados me parece un ejercicio de voluntarismo que ignora cómo funcionan los mecanismos de inversión, sobre todo cuando se apela a los grandes inversores, como es el caso: todo aquel que invierte considera dos aspectos, el precio de su participación en el capital y el retorno o beneficio que puede obtener de tal inversión. Una expectativa de retorno inferior al 10 por 100 de la inversión no suele ser tomada en consideración. De ahí, los precios de ganga que se empiezan a conocer y que, en algunos casos, son superiores a los de grupos bancarios aparentemente solventes que cotizan en los mercados. Por eso, cuanto más se fuerce la máquina privatizadora, peores resultados se obtendrán en términos de capitalización y de pérdida de  confianza. Sea justo o injusto, España y sus empresas son víctimas de una desconfianza creciente, y las cajas de ahorros, que han sido vilipendiadas hasta la extenuación, no pueden esperar nada bueno de los inversores. Ni siquiera de los nacionales a los que algunos apelan como si la patria misma peligrara. No es la patria, son las malas políticas las que peligran.

Este desbarajuste trae causa del por ahora último Decreto- Ley 2/2011 sobre reforzamiento de capital de las entidades de crédito que, como estamos viendo, ni ha traído estabilidad ni ha restaurado la confianza, aunque es cierto que, sin ser su primer objetivo, ha abierto el camino a la nacionalización transitoria de aquellas entidades que lo necesiten o demanden. De hecho, algunas ya lo han planteado para evitar la continuación de las incertidumbres y desarrollar con sosiego los planes de saneamiento iniciados, a los que la gestión pública, que se presume rigurosa, les aportará fortaleza y autenticidad. Desgraciadamente hay un largo horizonte de penuria económica y financiera, cuya resolución no va a venir de la mano de los mercados ni de los fondos soberanos; vendrá de nuevas políticas públicas más serias y realistas en las que, posiblemente, las cajas de ahorros, con otros gestores en algunos casos, tendrán un importante papel que jugar.

*Manuel Muela es economista.