España y la UE, ante un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos

El 13 de febrero, el presidente de EEUU y los presidentes del Consejo y la Comisión Europea anunciaron el inicio de las negociaciones para creación de

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    El 13 de febrero, el presidente de EEUU y los presidentes del Consejo y la Comisión Europea anunciaron el inicio de las negociaciones para creación de una zona de libre comercio transatlántica. Como han recogido diversos medios, se inicia el camino para lograr el mayor acuerdo bilateral jamás negociado que suscribirán las que todavía son las dos mayores potencias económicas y comerciales del mundo, pues entre la UE y EEUU acumulan el 47% del PIB mundial. Este proyecto ha suscitado grandes esperanzas para sus participantes y para la economía global, pero comporta no pocas dificultades para la Unión Europea y España.

    El objetivo directo es eliminar las barreras al comercio entre los dos bloques para estimular el crecimiento económico y favorecer la creación de empleo. Aunque las barreras arancelarias entre Estados Unidos y la UE son relativamente reducidas (un valor medio en la UE del 5,2% y del 3,5% en los EEUU), el mayor desafío de este acuerdo reside en aquellas otras restricciones al comercio que imponen barreras técnicas, como el no reconocimiento mutuo de certificaciones técnicas, estándares alimentarios, seguridad y protección de la propiedad intelectual o del medioambiente. Este acuerdo podría generar un crecimiento de la producción en la UE superior a 122.000 millones de euros y un aumento aproximado de las operaciones comerciales del 20% en cada orilla del Atlántico. El impacto positivo anual en el PIB sería de 0,5% en la UE y del 0,4% en Estados Unidos, cifras nada despreciables cuando nos referimos a la mitad de la economía mundial.

    Esta reactivación económica tendrá efectos en la generación de empleo, una cuestión prioritaria para Estados Unidos y esencial en la UE -existencial, en el caso de España-. Para maximizar el impacto del acuerdo se constituyó un Grupo de Trabajo de Alto Nivel sobre Empleo y Crecimiento, coordinado por un comisario europeo y un diputado americano, que realizó una consulta pública a empresas, ciudadanos y grupos de interés que hasta la fecha sólo ha dado lugar a una declaración general de apoyo al acuerdo.

    Los propósitos de este pacto no sólo son comerciales, ni se limitan a las dos partes implicadas, sino que se persiguen otros que se extienden a prácticamente todo el comercio mundial, como han reconocido más o menos  abiertamente los implicados. Por un lado, el Gobierno de Estados Unidos ha afirmado que la propuesta deberá devolver a las democracias occidentales parte de la relevancia en la economía global perdida recientemente en favor de las economías emergentes. Por otro lado, es indudable que, si se alcanzaran acuerdos sobre estándares comunes en ámbitos como la seguridad alimentaria o la protección de la naturaleza, otros muchos países se verían fuertemente empujados a adoptar medidas que satisficieran esas mismas exigencias de Estados Unidos y la UE para evitar quedar excluidos de estos mercados, que conjuntamente representan el 70% del comercio mundial.

    Los beneficios que se han descrito son indudables. Sin embargo, las consecuencias de esta negociación no sólo serán económicas, no afectarán sólo a las dos entidades firmantes, ni les afectará de igual manera a cada una de ellas. Por ello, debemos examinar si este proyecto es interesante por las mismas razones para Estados Unidos y la UE, y si lo es por más razones que las estrictamente económicas.

    EEUU obtendrá el mayor beneficio

    En el complejo equilibrio de relaciones de exportación, la firma del acuerdo no afectará a los países por igual. Aunque las exportaciones a EEUU aumenten, también el comercio dentro de la Unión se resentirá. Esto dará lugar a intereses opuestos y, a veces, inconciliablesEn primer lugar, es Estados Unidos el que teóricamente obtendrá el mayor beneficio. Primero, por razones cuantitativas ya que Europa tiene más importancia comercial para Estados Unidos que al contrario. Existe además una razón histórica. Cuando en 1957 se adoptó en Europa la decisión estratégica de crear un mercado común, como elemento fundamental del Tratado de Roma, muchos exportadores americanos sufrieron la pérdida de competitividad derivada de la desaparición de los aranceles para todos sus competidores europeos, cuando se trataba de vender en Europa. Estados Unidos aceptó esta situación porque necesitaba un socio frente al bloque comunista, pero la mitigó parcialmente tras la Ronda Kennedy de negociaciones, concluida a finales de los años sesenta. Allí se logró la reducción global de todos los aranceles con independencia del producto afectado.

    Con un acuerdo de libre comercio destinado principalmente a barreras no arancelarias, Estados Unidos recuperaría medio siglo después una posición de igualdad competitiva con los miembros de la UE, dentro de nuestras fronteras. Además, la división orgánica de Estados Unidos permite una mejor adaptabilidad al nuevo contexto postacuerdo. Las zonas geográficas negativamente afectadas por la entrada de nuevos competidores europeos podrán ser compensadas y recuperadas mediante mecanismos fiscales de los que la UE carece y, además, el compromiso de solidaridad interestatal estadounidense es incuestionable, no así entre los Estados miembros de la Unión Europea.

    Crisis de legitimidad de la UE

    En parte por este último motivo, la UE atraviesa una importante crisis de legitimidad que hace poco previsibles las consecuencias que podría tener la adopción del acuerdo. Numerosas voces lamentan la sobredimensión burocrática de la Unión y cuestionan si no es demasiado alto el precio que los estados pagan para acceder al mercado único europeo. La firma de un acuerdo comercial con Estados Unidos que abra un nuevo mercado de bienes y servicios sin barreras arancelarias ni regulatorias, con requisitos de acceso al mismo armonizados y sin necesidad de construir una arquitectura de gasto desbordado, podría deteriorar aún más la percepción que ciudadanos, empresas y agentes sociales tienen sobre el proyecto de Unión Europea. Este riesgo podría acusarse especialmente en países cuya pertenencia a la UE sigue siendo de vital importancia, pese a tener menor implicación en el proyecto comunitario, como el Reino Unido.

    Es muy dudoso que la UE debiera ser exclusivamente un mercado único, pero de lo que no cabe duda es de que el debate sobre el proceso constitucional europeo no debe plantearse con motivo de un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos.

    Sin embargo, es el nivel inferior -el de los estados miembros de la UE- el que presenta mayor número de incertidumbres en comparación con la situación americana. En el complejo equilibrio de relaciones de exportación, la firma del acuerdo no afectará a los estados por igual. Aunque las exportaciones a EEUU aumenten, también el comercio dentro de la Unión se resentirá. Esto dará lugar a intereses opuestos y, a veces, inconciliables. Alemania ya ha manifestado su deseo de que el acuerdo tenga el mayor alcance posible, por el beneficio que tendría para su industria que los procesos de control de calidad europeos fueran válidos para la exportación a Estados Unidos. En Francia, ya se han señalado los riesgos de la entrada en la UE de alimentos americanos, donde el uso de cultivos transgénicos está extendido. Otros países como Suecia ya han publicado sus propios objetivos de cara a la negociación. Mientras tanto, en España este debate no se ha producido, hasta el punto de que la única contribución al Grupo de Trabajo de Alto Nivel fue una brevísima nota remitida por la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes, lo que nos sitúa en una posición de imprevisión que dificulta el debate y puede acabar perjudicando gravemente a nuestras necesidades económicas.

    El acuerdo es vital para la economía y el empleo en EEUU y Europa. Sin embargo, en la UE deberán controlarse las tensiones que puedan surgir, pues no sólo podrían provocar el hastío de Washington y frustrar el acuerdo, sino que podrían dañarse los delicados equilibrios internos en ella. Ese sería el peor resultado para la economía mundial. Para España, de momento, no sabemos.

    *Manuel Giménez Rasero es abogado en Areilza Abogados y profesor de Derecho de la Organización Mundial del Comercio en la Universidad Pontificia Comillas.

    Tribuna

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