Límites y controles sí, pero la puerta debe estar abierta

Creo firmemente que debemos aspirar a una sociedad en la que los Ministros y altos cargos de un gobierno puedan empezar sus carreras profesionales en la actividad

Creo firmemente que debemos aspirar a una sociedad en la que los ministros y altos cargos de un gobierno puedan empezar sus carreras profesionales en la actividad privada, servir con eficacia en sus responsabilidades públicas y luego regresar, o no, a la actividad privada con normalidad. Creo que lo contrario es lo peor que nos puede ocurrir. Que los directivos de empresas privadas desconozcan las complejidades de lo público, sólo puede empobrecer la economía. Que los directivos públicos sean profesionales de la política me parece bien, yo defiendo la necesaria profesionalización de un arte tan sofisticado como necesario, el de la gestión de lo público, pero malos profesionales serían si no tuvieran la oportunidad de conocer, de primera mano, el funcionamiento del mercado.

¿Por qué entonces se genera tanta alarma con la contratación de exministros en determinadas empresas, o por qué miramos con lupa si un alto cargo antes de su nombramiento trabajó para determinada empresa del sectornbsp;La respuesta a es sencilla, no nos fiamos de nuestros políticos, no nos fiamos de los políticos a quienes votamos. Y, tristemente, hay casos de sobra para justificar esa desconfianza.

Que los directivos de empresas privadas desconozcan las complejidades de lo público, sólo puede empobrecer la economía.

El derecho y la política coinciden en que ambos gestionan los deseos y, también los límites de nuestros deseos. El ejercicio del derecho y el arte de la política son un delicado juego de equilibrios en búsqueda de una situación mejor, que nunca logra ser ideal. No es problema que un político acabe en una empresa, o al revés, a eso debemos aspirar. El problema es sí el político utilizó sus atribuciones públicas para beneficiar a esa empresa (y perjudicar a todas las demás, y de esta forma, a los contribuyentes en general) y a cambio de esa actuación se garantizó un favor privado. Por lo tanto, no es un tema de relación entre lo público y lo privado, sino de sus límites y, sobre todo, de sus controles.

En 2006, participé como Director de Gabinete del entonces Ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, en la redacción de la ley que regula los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado, una ley duramente criticada dentro de la administración porque incluía severas condiciones de incompatibilidad entre el ejercicio público y privado, exigiendo la dedicación plena a la actividad pública salvo para la gestión de patrimonios personales o actividades intelectuales.

La ley, plenamente vigente, exige el registro de actividades (de carácter público) y el registro de bienes y derechos patrimoniales (de carácter reservado). Establece el deber de inhibición y abstención de un alto cargo en asuntos públicos relacionados con empresas con las que hubieran intervenido en el pasado, y exige un periodo de dos años en los que un alto cargo no puede incorporarse (o prestar servicios) a empresas relacionadas directamente con las competencias de su cargo. Para muchos altos cargos, excelentes profesionales, con un altísimo conocimiento del sector en el que operaban, precisamente porque habían trabajado en él, esta incompatibilidad suponía una condena a dos años de inactividad. Sin embargo, en uno o en dos casos, encontraron la fórmula de saltarse la ley sin infringirla. Por supuesto, sólo estos casos han sido noticia. Y está bien que sea así.

Si queremos que nuestros mejores directivos (públicos o privados) conozcan lo mejor, o lo peor, de la otra actividad, y que mejoren de esta forma la eficacia de nuestro gobierno y de nuestras empresas, tenemos que establecer fuertes límites y fuertes controles. La ley de 2006 fracasó al crear una Oficina de Conflictos de Intereses sin dotarla de independencia. No es creíble que el propio ejecutivo ponga a un pequeño e infradotado grupo de empleados públicos a controlar, precisamente, a quienes han sido sus jefes.

No es creíble que el propio ejecutivo ponga a un pequeño e infradotado grupo de empleados públicos a controlar, precisamente, a quienes han sido sus jefes.

No tenemos cultura de organismos independientes, quizás ésta sea una de las grandes asignaturas pendientes de nuestra democracia. Las tristes batallas en la composición del Consejo del Poder Judicial, un Tribunal Constitucional presidido por un militante de un partido político (con la pobre excusa de que nadie preguntó en su comparecencia ante el Parlamento si tenía carnet), un Tribunal de Cuentas lento y sin competencias de fiscalización, o el triste espectáculo de estos días en la composición de la nueva Comisión Nacional de Mercados y Competencia, así lo demuestran.

Pero otros organismos independientes han sabido hacer su trabajo; defender el interés general sin reparar en la opinión del Gobierno de turno. Ese debe ser el camino también para garantizar que los límites entre la gestión de lo público y lo privado, se cumplan. Pero además, debemos exigir que las incompatibilidades se extiendan a los parlamentarios (con muchas matizaciones para evitar situaciones injustas) y que se apliquen en los gobiernos autonómicos y ayuntamientos.

Me parece inaceptable la contratación por una entidad de su sector de un directivo imputado, cuya única credencial conocida es haber sido un político relevante, pero esto es algo de lo que, en todo caso, deben tomar nota sus clientes. Entiendo que nos llame la atención que exministros de gobiernos de ambos partidos ocupen puestos relevantes en empresas privadas, entre otros motivos porque nuestra democracia es joven y empieza a ser habitual en España lo que ha sido habitual en otras democracias más asentadas, sin que esto signifique necesariamente la existencia de tratos de favor.

Y creo que, en todo caso, la crítica es positiva, pues ayuda a poner en el foco aspectos de nuestra convivencia que debemos mejorar. Pero no lo hagamos a costa de empobrecer lo público y lo privado. Exijamos que quienes velan porque los límites no se traspasen, lo hagan con independencia y, además, con transparencia, de forma que, como en el caso del directivo imputado, todos tengamos información y también podamos tomar buena nota de lo que cada partido político hace ante un posible abuso de algunos de sus dirigentes.

 

*Joan Navarro es sociólogo y Vicepresidente de Asuntos Públicos de LLORENTE & CUENCA

Tribuna
Escribe un comentario... Respondiendo al comentario #1
2 comentarios
Por FechaMejor Valorados
Mostrar más comentarios