Mutuas de accidentes de trabajo: la entelequia de la dialéctica
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Mutuas de accidentes de trabajo: la entelequia de la dialéctica

Réplica a la tribuna de Miguel Ángel Díaz Peña y Santos M. Ruesga. Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y el Príncipe de Lampedusa.Aciertan, paradójicamente, estos dos

Réplica a la tribuna de Miguel Ángel Díaz Peña y Santos M. Ruesga. Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y el Príncipe de Lampedusa.

Aciertan, paradójicamente, estos dos miembros de “Economistas frente a la Crisis”, que formaron parte del Gobierno socialista de Zapatero y Rubalcaba, responsable de meter a España en la situación económica más caótica de su historia, cuando se refieren a la novela de El Gatopardo para poner de manifiesto que “es necesario que todo cambie para que todo siga igual. O Peor”, en referencia al anteproyecto de ley por el que se reforma el marco normativo de las mutuas de accidentes de trabajo, que desde 1900 son asociaciones privadas de empresarios.

Especialmente durante los últimos diez años, la actuación que se ha llevado a cabo desde distintos ámbitos de las Administraciones, principalmente por aquellas que han estado bajo la influencia y el control del autor de la Tribuna replicada –durante el tiempo que ejerció su dirección–, han ido dirigidas al completo acoso y derribo de unas asociaciones privadas de empresarios, llegándose a convertir en el paradigma de la discrecionalidad de la Administración, con las que se ha conseguido esquilmar el patrimonio histórico de las mutuas, nota característica de su identidad, a las que se las ha ido preparando para su nacionalización, motivado todo ello por la querencia expansiva del Estado, sustentada en las pretensiones intervencionistas de distintos estratos de las Administraciones y de algún poderoso reducto de la esfera política.

Así las cosas, hay que señalar que las mutuas de accidentes de trabajo son asociaciones voluntarias de empresarios, con responsabilidad mancomunada, sin ánimo de lucro, de naturaleza privada, preexistentes a la estructuración de nuestro sistema de Protección Social, que vienen colaborando de forma exitosa en la gestión de prestaciones de Seguridad Social, minimizando los costes de la cobertura de las contingencias que gestionan, garantizando el mejor servicio a los trabajadores, aportando competitividad a las empresas (tan necesaria en estos momentos), y posibilitando la creación de empleo, como mejor forma de hacer sostenible un sistema de Protección Social.

Las mutuas, constituidas en los inicios del siglo XX como entidades de asociación libre creadas por los empresarios, se han ido adaptando y ampliando sus compromisos en la protección del seguro de accidentes de trabajo, con la finalidad de contribuir a la resolución de las muchas dificultades que en esta gestión se generan en el ámbito de la relación empresario-trabajador-mutua, sin que ello implique favorecer determinados grupos de interés en detrimento de otros y en un constante proceso de colaboración con las políticas del sistema de la Seguridad Social.

El éxito de esta colaboración en la gestión de prestaciones de Seguridad Social de las mutuas ha sido posible gracias a la continua aplicación, mantenimiento, mejora y desarrollo de las técnicas de gestión y organización empresarial propias de la esfera privada, que serían de difícil implantación en Entidades Públicas, lo que se revela como hecho diferencial fundamental, frente a la gestión pública de dichas prestaciones.

Este esfuerzo del mutualismo ha de servir para vencer la resistencia a los fines de la colaboración –concebida en la Ley de Bases de la Seguridad Social de 1963–, a la que aluden los autores del artículo, colaboración que las mutuas –como entidades privadas– realizan por el interés cualificado que ostentan en esta materia y que el siglo de ejercicio continuado de esta actividad así lo ha puesto de manifiesto a lo largo del tiempo, sin que de la misma hayan podido inferirse actuaciones contrarias a la lógica económica del sistema de gestión de las prestaciones que las mutuas tienen encomendadas ni, mucho menos, que la posición del Sector de Mutuas sarcásticamente sea mencionada como un “islote de abundancia” de unas políticas de gestión orientadas a un resultado y, como no puede ser de otro modo en una gestión privada, primando la optimización de sus recursos, gestión que, como es obvio, respeta los principios normativos y legales que le son de aplicación en el ámbito de la colaboración en la gestión de las prestaciones de la Seguridad Social.

Las auténticas aportaciones que realizan las mutuas se han ido desnaturalizando tendenciosamente con el tiempo, haciendo que la sobrecotización de las contingencias en las que colaboran se cargue contra las empresas en lugar de devolvérsela para que reduzcan sus costes, incrementen su competitividad y creen empleo

No es, por tanto, en el mero cumplimiento normativo donde reside la abundancia económica a la que aluden los autores del artículo como si de una “variable exógena” o un “maná caído del cielo” se tratara, y que viene a desprestigiar el trabajo eficaz desarrollado por el colectivo de empresarios y trabajadores del sector mutual, dado que es este esfuerzo el detonante principal de los resultados alcanzados año tras año, que han contribuido con su participación a dar solidez financiera al sistema de la Seguridad Social.

Por ello, esta abundancia no sólo es fruto del mero cumplimiento normativo en la gestión de prestaciones y en la dotación de reservas, sino que como se ha comentado anteriormente se genera por el ejercicio de las prácticas de una gestión privada eficiente de los recursos.

Esta gestión eficiente posibilita la generación de unos resultados positivos que contribuyen a la dotación de reservas, y también –una vez dotadas estas reservas– el exceso de estos resultados positivos, generado en este largo periodo al que se ha hecho referencia, se han ido ingresando en el sistema de la Seguridad Social –actualmente en la Tesorería General de la Seguridad Social– de acuerdo con lo normativamente regulado, exceso de resultados que ha incrementado la liquidez del sistema y favorecido la financiación del mismo para aliviar las tensiones de tesorería producidas en momentos puntuales de la larga andadura del sistema, así como contribuir al fortalecimiento del mismo en su modalidad contributiva.

Lo expuesto en el punto inmediato anterior deja en evidencia las manifestaciones vertidas por los autores en el artículo comentado, toda vez que las citadas reservas, lejos de “carecer de lógica económica”, en el que denominan sistema financiero, deben ser consideradas como uno de los pilares sobre los que debe fundamentarse la viabilidad futura de las mutuas ya que las mismas avalan la garantía y el sostenimiento de las prestaciones futuras a su cargo.

No ha lugar, por tanto, la postura sectaria de los autores respecto del mutualismo, destruyendo cualquier innovación y mejora frente a controversias de actuaciones tales como las que señalan en el entorno del Sistema Nacional de Salud (en adelante SNS), confundiendo las dificultades de las fuertes restricciones financieras y de medios del SNS, con la capacidad y disposición para gestionar que avalan al sector de mutuas, aun en épocas de acuciante crisis.

Dicho lo cual, las auténticas aportaciones que realizan las mutuas se han ido desnaturalizando tendenciosamente con el tiempo, haciendo que la sobrecotización de las contingencias en las que colaboran se cargue contra las empresas en lugar de devolvérselo para que reduzcan sus costes, incrementen su competitividad y creen empleo.

Está claro que es preferible para el autor de la Tribuna replicada que bajo la excusa de que son cuotas de seguridad social, los recursos económicos que sobren de la colaboración en la gestión de las mutuas se aporten a los Fondos de Prevención y Rehabilitación y de Reserva de la Seguridad Social. En coherencia con sus postulados, el autor prefiere tener su propia clientela agradecida, y más aún si es con recursos de las empresas, considerados públicos por imperativo legal, aunque todo ello sea a costa del desarrollo económico y del empleo, como mejor sistema de protección social.

En próximas fechas veremos si, primero el Gobierno, y luego el Parlamento, optan por una senda coherente con los principios liberales, permitiendo que las mutuas, como entidades de naturaleza privada que son, sean dirigidas y gestionadas por sus empresarios asociados sin la injerencia de la Administración

Por mucho que le duela en sus postulados intervencionistas al ex director General de Ordenación de la Seguridad Social, el modelo mutualista, en competencia, es un modelo económico óptimo para prestar servicios públicos como los que prestan las mutuas, ya que con este modelo se consigue trasladar todo el excedente a los ciudadanos/consumidores (empresarios y trabajadores) al propio Estado vía empleo y otras importantes aportaciones económicas, y se evitan los costes derivados de las ineficiencias de lo público, por un lado, y los necesarios rendimientos de una organización netamente mercantil, por el otro.

Al exdirector en cuestión le debía doler bastante cuando, en el año 2010, se ocupó de anular la competencia entre las mutuas, vulnerando, se dice presuntamente, principios constitucionales al privar a las empresas de su derecho legítimo a elegir la mutua a la que querían estar asociadas voluntariamente, y suprimir la competencia entre estas entidades.

Hace falta tener una cara más dura que el cemento armado, en palabras de un reconocido economista, para escribir esa tribuna, especialmente por parte de un exdirector general de Ordenación de la Seguridad Social, que estuvo ocho años en el cargo, por la que ahora viene a pedir que la reforma de las mutuas contemple cuestiones que ni siquiera él se atrevió a proponer, por ser radicalmente intervencionistas, e incluso otras que van en contra de las medidas adoptadas por él mismo cuando ejerció como director.

Y para rematar la faena, le pide al Gobierno un anteproyecto de ley de mayor calado publificador de las mutuas, para que al menos el Ejecutivo tenga el valor de mantener el texto actual propuesto, y de paso lograr un más que posible enfrentamiento entre el Gobierno y los empresarios españoles (el 98% de ellos asociados voluntariamente a las mutuas de accidentes de trabajo).

Sólo cabe esperar que dicha Tribuna sea analizada detenidamente por el actual Ejecutivo para que, en coherencia con sus principios, apoyados por la mayoría de los españoles, y aconsejados por las tendencias internacionales de colaboración público-privada, revise exhaustivamente y sin complejo alguno, el Anteproyecto de reforma del marco normativo de las mutuas, disponiendo una normativa acorde con las necesidades económicas y sociales de nuestro país, superando cualquier norma legal o impedimento que vaya en contra, profundizando en la naturaleza privada de estas entidades que desde 1900 son Sociedad Civil en estado puro, tan necesitada en una auténtica democracia, garantizando la no injerencia de la Administración en las mismas y preservándoles a futuro de los intentos intervencionistas de aquellos que sólo ven en estas entidades una parcela económica más a dirigir y controlar a su antojo.

En este sentido, quizás resulte difícil el no quedarse anclado a las situaciones vividas, confundiendo la añoranza de que “cualquier tiempo pasado fue mejor” con el deseo de impedir que otros se adapten a las exigencias de una sociedad moderna y avanzada, por entender que con este progresar se disfrazan actuaciones alarmantes, escandalosas y de abuso, lo que es consustancial a la necedad de “no reconocer como bueno lo que no es propio”, ni tan siquiera cuestionarlo por lo que de avance pueda suponer, pasando por alto una vez más la gestión basada en objetivos y optimización del resultado que las mutuas han sabido conjugar durante más de un siglo de su existencia.

En próximas fechas veremos si, primero el Gobierno, y luego el Parlamento, optan por una senda coherente con los principios liberales, permitiendo que las mutuas, como entidades de naturaleza privada que son, sean dirigidas y gestionadas por sus empresarios asociados sin la injerencia de la Administración.

*Mariano de Diego Hernández, presidente de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT)

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