Confusiones y mitos sobre las mutuas de accidentes
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Confusiones y mitos sobre las mutuas de accidentes

Hace unos días se publicó en este periódico un artículo (Mutuas de accidentes de trabajo: la entelequia de la dialéctica) de Mariano de Diego Hernández, presidente

Hace unos días se publicó en este periódico un artículo ("Mutuas de accidentes de trabajo: la entelequia de la dialéctica") de Mariano de Diego Hernández, presidente de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT) a nuestra tribuna previa sobre este particular. En ese comentario se confunden cuestiones importantes que conviene aclarar, más allá de que se trastoca el debate de ideas con la emisión de insultos y descalificaciones. Posiblemente por escasez de razones o porque no preocupan tanto los problemas generales como los intereses espurios particulares.

La primera confusión es hablar de una supuesta continuidad de las mutuas en cien años de historia, que  no se corresponde con los hechos  y es una versión interesada, como todos los mitos. La definición actual de estas entidades arranca de la Ley de Bases de Seguridad Social de 1963 y sus posteriores  textos  articulados y refundidos. Su marco legal en materia contable, financiera y presupuestaria se ha venido completando desde los años setenta y ochenta, incluso con pronunciamientos recientes de las autoridades europeas respecto a su régimen de contratación. Con  las citadas leyes se desplegó el modelo de entidades colaboradoras con la Seguridad Social y las mutuas de accidentes dejaron de ser entidades privadas de aseguramiento y tienen prohibida su colaboración con compañías de seguros u otras entidades mercantiles dado que los recursos que administran desde entonces son cuotas de Seguridad Social. Pero el cumplimiento de este mandato está lleno de claroscuros, como vamos a ver.

Con el Gobierno anterior se tuvieron que tomar medidas para avanzar en la separación de la mutua FREMAP respecto al grupo asegurador MAPFRE.  Hasta 2007 el Director Gerente de FREMAP era al mismo tiempo presidente de CORPORACIÓN MAPFRE, cabecera del holding  y de otras sociedades del grupo. Y el presidente, vicepresidente y otros ejecutivos de MAPFRE  doblaban sus cargos con puestos en la Junta Directiva de FREMAP. Incluso se tuvieron que hacer modificar los estatutos de la Corporación para eliminar los miembros de la Junta de la Mutua que  eran miembros  natos del consejo de MAPFRE.

Sin embargo  aún quedan vinculaciones ya que, por ejemplo, el firmante de la réplica mencionada es presidente de FREMAP, pero al mismo tiempo es presidente de una de las entidades de MAPFRE  (Mapfre Agropecuaria) y varios miembros de la Junta Directiva de FREMAP  son igualmente directivos de MAPFRE en la actualidad. La reiterada proclamación de que quieren ser independientes tendría un significado más fácil de comprender si se explicara de quién desean hacerse independientes y de quién no.

Selección adversa de clientes

Sobre la presunta eficiencia y ahorros producidos por la gestión de las mutuas hay mucho que aclarar y de ello nos hemos ocupado en otra parte. En las investigaciones realizadas, a las que se hacía referencia en nuestro anterior artículo, se ha puesto de manifiesto la selección adversa de clientes practicada por estas entidades, colocándose en mejor posición comparativa en esta materia que el INSS y las entidades públicas, con lo que las comparaciones quedan viciadas de raíz. Por lo que se refiere a los ahorros, basta consultar la información existente en la propia página web de AMAT sobre la evolución de los ahorros incorporados al Fondo de Prevención en los últimos años. A finales de 2003, el saldo ascendía a 665 millones de euros y alcanzó al final de 2011 los 4.651 millones de euros que tan bien le vinieron al Gobierno para utilizarlos el año pasado para equilibrar las cuentas del ejercicio. Los resultados anuales pasaron de 386,6 millones en 2003 a 2.266,4 en 2007. Estos son los resultados de un control que no les gusta a algunos porque en su ausencia dedicaban esos recursos a fines que no es el momento de pormenorizar, pero que no eran ahorros para el sistema.

Para que pueda realizarse un debate fructífero sobre un sector que supone el 10% del presupuesto de la Seguridad Social, hace falta que fluya la información al menos tanto como para el resto del sistema de Seguridad Social

También se confunde y abusa del eslogan de la competencia entre las mutuas. De los años recientes  ya conocemos sus resultados. La guerra comercial entre mutuas para captar asociados más rentables ha producido fuertes daños económicos a la Seguridad Social derivados de la práctica de devolver, ilegalmente, parte de las cotizaciones a las empresas preferentes, a las que quieren atraer o fidelizar. Es paradigmático el asunto de Mutua Universal, incursa en un procedimiento penal en Barcelona, en que el informe pericial solicitado por el juez valora en 200 millones de euros el perjuicio causado a la Seguridad Social; además de lo que ya le ha reclamado el Tribunal de Cuentas por más de 8 millones de euros y de los ajustes que tiene pendientes esta mutua derivados de las auditorías de la Intervención General de la Seguridad Social (IGSS). El presidente de Universal, que ya lo era durante el periodo sujeto al procedimiento penal, ha sido el anterior presidente de la Asociación de Mutuas (AMAT).

Por lo que se refiere  al conjunto del sector, el Tribunal de Cuentas auditó en 2009 una muestra de ocho mutuas sobre cuyas prácticas irregulares remitió a las Cortes Generales un documentado informe donde se describen y cuantifican parcialmente los perjuicios para la Seguridad Social en base a las irregularidades en la contratación de bienes y servicios, así como en las retribuciones de los directivos. Sólo para esas ocho mutuas por los ejercicios 2005 y 2006, la IGSS había reclamado previamente el reintegro de casi 96 millones de euros.

De acuerdo con la Intervención General, el total pendiente de reintegrar por las mutuas, por gastos que no debieron realizar con cargo al presupuesto de la Seguridad Social, ascendía en abril de 2010 a más de 170 millones de euros. Es demasiado fácil hacer competencia con dinero ajeno, con recursos de Seguridad Social. En el debate sobre eficiencia y ahorro sobran descalificaciones y faltan datos y argumentos.

Restricciones a la libertad

En cuanto al ritornello de la libertad de empresa, se olvida que la decisión de asociarse a una mutua no es una decisión libre de la empresa, sino el cumplimiento de una obligación impuesta que debe ser acatada en los términos del mandato legal. Es interesante mirar a nuestro alrededor. Seguro que nadie piensa que en Alemania haya restricciones a la libertad de empresa y, sin embargo, allí las empresas no pueden elegir la mutua en la que atienden sus accidentes de trabajo.

Una cuestión de máximo relieve y actualidad es lo relativo a la asistencia sanitaria, donde nos limitamos a recordar el mandato de una de nuestras grandes leyes como es la Ley General de Sanidad. Es evidente que integración no es nada parecido a nacionalización, como se insinúa en el comentario, y que nuestro derecho administrativo dispone de múltiples fórmulas para desarrollar aquella previsión.

En una situación alarmante de escasez de recursos sanitarios en nuestro país, es sencillamente inaceptable que las mutuas continúen con la infrautilización de sus recursos sanitarios (públicos) en un 50%, como puso de manifiesto el Tribunal de Cuentas y fue reconocido en documentos de la propia AMAT. Desde luego, con esta deplorable utilización de los recursos disponibles, la eficiencia real queda muy lejos de lo proclamado. Y los Servicios de Salud de las CCAA tienen mucho que decir al respecto.

Como conclusión conviene subrayar que, para que pueda realizarse un debate fructífero sobre un sector que supone el 10% del presupuesto de la Seguridad Social, hace falta que fluya la información al menos tanto como para el resto del sistema de Seguridad Social. No sirven de nada las meras manifestaciones de parte sin datos de soporte. La Administración tiene unos órganos responsables del control que pueden y deberían aportar mucha luz para poder evaluar objetivamente estas cuestiones. Lo mismo que son accesibles los informes del Tribunal de Cuentas deberían serlo los de la Intervención General, que es el órgano técnico auditor.

*Miguel Ángel Díaz Peña y Santos M. Ruesga son miembros de Economistas frente a la crisis

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