Europa enseña el camino: más transparencia

En la guía del ciudadano sobre las instituciones europeas se sitúa a la Unión Europea entre el sistema federal de los Estados Unidos y el débil sistema de cooperación intergubernamental de las Naciones Unidas. En efecto, una unión basada en la cesión de parte de soberanía de los Estados miembros con el fin de ganar peso en el complejo tablero de fuerzas mundial.

Su organización nace en el Estado de derecho, lo que significa que su organización y actividad se basan en la legitimidad que le confiere una arquitectura que se configura a través de tratados que han sido promovidos, desarrollados, aprobados y aceptados por todos sus miembros.

Esta configuración define de forma precisa la forma en que la UE toma sus decisiones, dotándola para ello de unas instituciones perfectamente estructuradas en cuanto a asignación de competencias, responsabilidades y capacidad de ejecución. El último tratado, firmado en Lisboa en 2007, introdujo nuevas estructuras con el fin de que la UE ganara mayor eficiencia y peso en la escena mundial.

Parece, por tanto, que la UE es fuerte en la medida que sus instituciones lo son y será un mero imaginario político y social en la medida que estas instituciones sean débiles o poco eficaces en la toma de decisiones o, peor, en hacer cumplir sus resoluciones.

En la actualidad, del orden de dos tercios de la legislación comunitaria, en sus diferentes tipologías jurídicas (reglamentos, directivas, decisiones, recomendaciones o dictámenes) van encaminadas a armonizar la actividad de los Estados miembros para lograr, en última instancia, un bloque sólido y poderoso que actúe con una sola voz ante el mundo.

Esta esencial y crítica actividad legislativa y armonizadora de la Comunidad asumida ya desde el Tratado de París de 1951 le ha permitido incorporar en su ADN una formidable y generosa sensibilidad para comprender los diferentes intereses de sus representados, aproximar sus posturas y, sobre todo, equilibrar fuerzas y establecer mecanismos de compensación para que las decisiones consigan una Europa más fuerte en beneficio de todos los Estados miembros.

Si pedimos a los ciudadanos una participación más proactiva en la vida pública, es obligación de todos garantizar una completa transparencia en la toma de decisiones de las cuestiones que afectan al interés general. La regulación del ‘lobby’ sería un paso esencial para conseguir este objetivo

El camino no ha sido fácil, ni lo será. La vieja Europa tiene la historia de sus más de 500 millones de habitantes y su fortaleza nace de la legitimidad y confianza que le otorguen sus ciudadanos. En el último Eurobarómetro (junio 2013), un 44% de los ciudadanos se proclamaban más europeos que hace 10 años y lo más importante es que eran la franja de edad más joven de la muestra, entre 15 y 24 años, los que ofrecían una mejor perspectiva (51%).

Poco a poco se va haciendo el camino. El 72% de los europeos comparten en la actualidad el sentimiento de que hay muchas más cosas que los unen que las que los separan.

Confianza en las instituciones

Compartimos muchos valores y perspectivas acerca de una sociedad democrática, abierta y en permanente evolución y progreso, lo que representa un enorme activo, pero, al contrario, también Europa y los europeos tienen que afrontar juntos grandes desafíos que dañan al sistema y merman la confianza de sus ciudadanos en las instituciones y sus gobernantes. La percepción de corrupción y la desconfianza hacia las instituciones y los políticos representan una seria amenaza para la UE.

La opaca financiación de los partidos políticos y el control de la influencia de intereses económicos privados emergen como graves amenazas que se deben atajar de forma sustancial y prioritaria. Una de las vías que la UE y sus miembros tienen para afrontar este reto es seguir impulsando la transparencia como uno de los valores clave para reforzar sus instituciones. Una transparencia que permita una fluida y productiva conversación entre los ciudadanos y sus representantes políticos, una transparencia que se refleje también en la forma de elegirlos y una total transparencia en las relaciones entre los intereses públicos y los intereses privados.

En este campo, merece una destacada mención el Registro de Transparencia creado en Bruselas en 2011 y que hoy cuenta con más de 6.000 agentes registrados. Los esfuerzos de la Comisión Europea para impulsar su eficacia van dando sus frutos, y pronto será muy difícil ejercitar la defensa de intereses privados ante las instituciones europeas sin estar formalmente registrado, lo que significa aceptar un código de buenas prácticas. De cara a las próximas elecciones europeas, será también necesario suministrar la información de este registro al nuevo personal y a los nuevos miembros del Parlamento Europeo. También se están haciendo esfuerzos para extender esta práctica a otros órganos, oficinas y agencias de la UE.

El Gobierno español ha dado importantes pasos para agregar una mayor transparencia en la gestión pública y el sistema de financiación de los partidos políticos, pero tiene todavía el compromiso con la sociedad de regular la actividad del lobby y de los grupos de presión. Esta regulación, necesaria para los intereses generales del país, beneficiaría también a las autoridades públicas y a los múltiples agentes privados, proporcionándoles un marco legal adecuado a un contexto complejo de intereses comerciales privados.

Si pedimos a los ciudadanos una participación más proactiva en la vida pública, es obligación de todos garantizar una completa transparencia en la toma de decisiones de las cuestiones que afectan al interés general. La regulación del lobby y los grupos de interés sería un paso esencial para conseguir este objetivo.

*Rafael Cabarcos es presidente del Instituto Internacional de Diplomacia Corporativa