Itinerario de urgencia para reformar la Constitución

La traslación de responsabilidad es moneda corriente entre nosotros. Los ciudadanos se la endosan a los políticos, a los Gobiernos, a los bancos, o a los emigrantes si llega el caso; como una cláusula de estilo, los Gobiernos actuales la trasladan a los anteriores; con una cerrazón insana los partidos lo hacen siempre los unos contra los otros, los líderes autonómicos con el Gobierno central, y el Gobierno central con los líderes autonómicos. Y así sucesivamente. Hasta incluir al Rey. No han faltado nunca quienes han apelado a la corona para resolver conflictos propios o arbitrar desacuerdos.

Sin embargo, los responsables de lo que pasa, de lo que no pasa y de lo que puede pasar no son los demás sino, como siempre ha sucedido, aquellos que deben hacer ciertas cosas que no hacen o aquellos que no deben hacer ciertas cosas que, sin embargo, siguen haciendo. Y en este momento los responsables máximos del deterioro institucional que padecemos son quienes tienen las instituciones a su cuidado: el Gobierno, los partidos políticos y los cargos públicos que, debiendo tomar algunas decisiones importantes y cambiar algunas actitudes, siguen sin hacer ni lo uno ni lo otro.

Puede decirse en su honor que el único que las ha tomado, y con gran determinación, ha sido don Juan Carlos. Su abdicación ha abierto un nuevo horizonte institucional que ha despertado algunas esperanzas, pero el Gobierno parece empeñado en defraudarlas ralentizando incomprensiblemente cualquier paso adelante. El resultado es que puede conseguir que Felipe VI sea el jefe de un Estado con un orden político en estado de ruina.

La ocurrencia, que anda por ahí medio latente, de acudir a él para que proceda a poner algún parche es insensata. Lo que se necesita es que asuman su responsabilidad los que la tienen: en primer lugar el Gobierno, pero también la oposición. Y la decisión que han de tomar resulta ya obvia para casi todo el mundo: promover la reforma de la Constitución. Sólo ellos la pueden tomar, y ya están tardando demasiado.

Tanto que ya no podemos esperar a la próxima legislatura. Es fácil comprender por qué. La gente no entiende la inacción del Gobierno y no tiene interés por los ejercicios de autismo del Partido Socialista. Tampoco va a percibir como serio un arreglo de circunstancias sobre temas constitucionales menores. Eso ya se desgastó en 2011 con la reforma exprés (e inútil) de los límites del gasto público. Lo que la realidad política exige ahora –y la gente está demandando ya– es iniciar un procedimiento capaz de convocar a todos y hacer frente a temas sensibles e importantes. Y para eso hay que caminar por el artículo 168 de la Constitución. Eso significa entrar en un proceso de gran calado: elecciones generales, debate abierto y referéndum nacional. Todo ello sancionado –pero sólo sancionado– por el nuevo Rey.

Y la urgencia es tal que es necesario hacerlo ya, es decir, aprovechar lo que queda de esta legislatura para aprobar los grandes principios de la reforma, y convocar inmediatamente unas elecciones centradas en ese cambio constitucional. Después de esa gran deliberación pública, vendrá el refrendo popular. Ese es el itinerario. De no entenderlo así, nos veremos obligados a esperar a las nuevas Cortes Generales salidas del 2015 para establecer las bases de la reforma. Y puede conjeturarse que un Gobierno que acaba de ganar las elecciones no va a iniciar inmediatamente un proceso que le obliga a convocar otras nuevas. La tentación inmediata sería volver a demorar el proceso hasta final de legislatura, es decir, sus buenos tres años más. Si los sumamos al que tenemos por delante, ya estamos en cuatro. Después las nuevas Cortes y el debate constituyente. Menos de un año de negociaciones y discusiones sería impensable. Y tras ello el referéndum.

En total unos cinco o seis años. Demasiado tiempo. El deterioro institucional iría en aumento y el orden político acabaría desvencijado, con la mayor parte de la ciudadanía ajena a él y ayuna de toda confianza. En el mejor de los casos, las soluciones, por sabias que fueran, interesarían ya poco. Como poco interesaría la Constitución misma. Su propia rigidez, aumentada por el empeño quietista de nuestro gobierno, habría conseguido quebrantarla irreversiblemente.

Por eso hay que empezar ya. Y que no se hagan las consabidas apelaciones a la prudencia, porque están de más. Es evidente que hay que actuar con prudencia, pero eso no significa que haya que hacerlo con esta exasperante lentitud. Ni la prudencia exige siempre ir tan despacio, ni la mera dilación es por sí sola signo de prudencia. En la situación institucional que vivimos dormirse en la parsimonia resulta tan imprudente como obrar con aturdimiento.

Para hacer referencia a la situación se dice con frecuencia que “ha acabado un ciclo”. No se sabe muy bien qué es lo que esto significa pero creo que tiene algo de verdad. Los contenidos constitucionales que necesitan de una reforma no son pocos. Algunos se han propuesto ya públicamente. Eso sí, para chocar siempre con la obstinación o el boicot de unos o de otros. Basta que tú lo propongas para que yo lo vete. Seguramente estos lodos de ahora vienen de aquellos polvos de obstinación que se instalaron hace años en nuestra vida pública.

Pero eso de “fin de ciclo” tiene que ir más allá de reformar esto o aquello. Intuyo que tiene que ver con el paso de una Constitución para una sociedad en transición a una Constitución para un Estado democrático consolidado. Quizás fin de ciclo quiere decir que la Constitución ha operado con éxito la transición a la democracia y que ahora es preciso consolidar y normalizar el Estado constitucional democrático. Eso es lo que explicaría que se demande el cambio precisamente de dos de los grandes temas para los que la Constitución del 78 articuló soluciones “instrumentales”, por así llamarlas, es decir, soluciones que se requerían básicamente para salir entonces del régimen autoritario y marcar las pautas del futuro.

El diseño tan personal de la Corona y la invención del Estado llamado “autonómico” son dos de esas soluciones instrumentales que no por casualidad han saltado a la discusión pública estos meses. Hay algunas más de las que hablar, pero ciñámonos a estas. Respecto de la primera, es hora ya de que, abandonando el desolador simplismo con que se enfrenta usualmente entre nosotros la articulación institucional de la jefatura del Estado, pongamos mano en definir con claridad y modernidad el estatus y las normas de acción de la Corona. El principio monárquico como construcción de la jefatura del Estado de forma sólida y estable no se va a imponer solo mientras miramos para otro lado o nos limitamos a recitar palabras ampulosas y rancias. Es preciso presentar ante el ciudadano una justificación seria y consecuente de su naturaleza y alcance. Si se acierta a hacerlo bien, no tiene hoy rival entre las preferencias públicas. Pero si se hurta el tema con escapismos, cautelas paranoicas o dilaciones equivocadas no estaremos sino cediendo terreno a esa apelación vacía a la supuesta “racionalidad” de la república o al simplón empacho de democracia verbal que a tantos tiene hinchados.

Son cosas, como estamos viendo, que ganan pronto adeptos irreflexivos de los que no se paran a pensar siquiera el alcance institucional y político de la cuestión que tienen entre manos. La cantidad de republicanos a la violeta que están apareciendo produce incluso ternura. Pero por mucho candor que exhiban es necio dejar que proliferen. En la transición se vio la solución monárquica como palanca de cambio democrático, y como tal cumplió su papel perfectamente. De ahí el llamado “juancarlismo”. Pero hoy es preciso pensar racionalmente la Corona como institución en que se residencia la jefatura del Estado, quienquiera que sea que habite su espacio. Y eso es lo que hay que establecer constitucionalmente.

Respecto a la segunda, que llamo deliberadamente “invención”, hay una extendida conciencia de que el llamado Estado de las autonomías ha dado de sí ya todo lo que tenía que dar. Está, se repite una y otra vez, agotado. Recuérdese por cierto, que tal invención fue el resultado de una serie interminable de fintas y contorsiones que hubo que hacer para sortear militancias irracionales: aquella tosca obsesión por la unidad de la patria o el insaciable afán identitario de la minoría vasca (no tanto, por cierto, de la catalana).

El resultado fue, por un lado, una declaración normativa incomprensible (que la Constitución “se fundamenta” en la indisoluble unidad de la Nación Española) y por otro una interminable cláusula de escape, el 150.2, casi igual de incomprensible (que hay materias de titularidad estatal que son susceptibles de transferencia “por su propia naturaleza”). Y como el dogmatismo genera siempre efectos contrarios a los queridos, el resultado es lo que tenemos hoy aquí, en fase de agotamiento: un traje que pretende ser muy ceñido pero tiene todas las costuras reventadas.

Lo malo es que los herederos de aquellos y de estos parecen enzarzados ahora en ese juego que los teóricos de la decisión llaman del “gallina” (chicken): como si se hubieran retado a ver quién salta el último del automóvil que va a toda velocidad hacia el precipicio. El riesgo, recuerden a James Dean, es que alguno no se tire a tiempo y se lleve consigo cosas demasiado valiosas para todos.

Si descartamos procesos obtusos de recentralización o huidas hacia delante, las alternativas federales al Estado de las Autonomías concitan hoy el acuerdo de ciudadanos, expertos juristas y constitucionalistas. Hay sobre ellas estudios muy exhaustivos y acuerdos muy generalizados, y sobre todo una voluntad muy explícita de escucharse unos a otros y caminar hacia coincidencias básicas, tanto dentro como fuera de los partidos. La reforma del Senado ha sido estudiada hasta la saciedad.

Por supuesto que el entendimiento entre las emociones nacionales es siempre difícil. Por mucha apelación que hagan unos y otros al diálogo, siempre es de labios afuera, porque los sentimientos no se negocian. Españolismo, catalanismo, vasquismo, galleguismo y parecidas secreciones suprarrenales apelan mucho al diálogo, pero les pasa lo que al personaje de Eurípides: su lengua lo dice, pero no su corazón. Y es ese bloqueo irracional de ambos lo que exige precisamente la propuesta de una articulación territorial nueva, fría y clara que se sobreponga a esos ardores.

No tengo duda de que es la posición mayoritaria entre los ciudadanos. Tendrá que dejar a un lado mucha palabrería y mucho afán de todos café. Tendrá que admitir asimetrías fundadas y exigencias razonables de ‘ordinalidad’, pero solo podrá abrir ese nuevo ciclo que quiere nacer ahora si establece con claridad las competencias y las obligaciones, los ingresos y los gastos. Lo malo es que el Gobierno parece no entenderlo. Y ya se está haciendo tarde; puede que nos invadan pronto las incertidumbres de la noche. Esa en la que, con una Constitución de papel mojado, todos los gatos acabarán por ser pardos y el nuevo ciclo comenzará sin ella. No sabemos cómo, ni hacia dónde.

*Francisco J. Laporta es catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid